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Una jueza no estuvo de acuerdo con cerrar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. La Fiscalía insiste en que la justicia se equivoca y ahora la última palabra la tiene el Tribunal Superior de Bogotá. Las víctimas celebran que el caso no se cierre. En el trasfondo de los últimos movimientos, queda en el limbo uno de los expedientes judiciales más importantes de los últimos tiempos, mientras que el término para la prescripción del proceso va acercándose. Pero, ¿cuál es realmente la evidencia que hay en el caso para que dos veces la justicia haya dicho que no cierra el caso? El Espectador le explica.
Juan Guillermo Monsalve, un testigo acreditado
Monsalve es hijo de un exmayordomo de la Hacienda Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe Vélez en los años 90. Tanto en denuncia, como en declaraciones ante la justicia, el condenado exmiembro de Los Rastrojos ha sostenido que en esa finca se creó el Bloque Metro de las AUC, con la participación del expresidente. Aunque la defensa de Uribe, la Fiscalía y la Procuraduría quisieron restarle credibilidad a Monsalve, la jueza Barrera les respondió que “existen declaraciones de testigos, no nombrados por el señor fiscal (Cárdenas), que señalan a Monsalve como miembro del Bloque Metro, así como la existencia de este grupo cerca de la Hacienda Guacharacas”.
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Para Barrera, no es cierto que Monsalve sea un testigo sin peso judicial. Todo lo contrario. Con la verdad que ya dejó ante la justicia, la Fiscalía podría seguir investigado a Uribe. Aún más porque Barrera reconoció que hay fotos de Monsalve vestido de paramilitar, en zona geográfica similar a donde se ubica la hacienda que era de los Uribe Vélez. Por otro lado, la teoría del caso señala que el abogado suspendido Diego Cadena, exrepresentante del imputado, quiso presionar a Monsalve en la cárcel La Picota para que hablara en favor del expresidente. Por estos hechos, Cadena está en juicio. De acuerdo con Barrera, no tiene sentido que la Fiscalía esté buscando condenar al abogado y, con las mismas pruebas, considere que no hay futuro en la investigación contra Uribe.
Sobre la reunión entre Cadena y Monsalve, en 2018, existe una grabación que fue aportada por Deyanira Gómez, exesposa del segundo y víctima en el proceso Uribe. Ese audio, según Cárdenas, estaba editado y, aparte, según lo que escuchó el equipo investigador del fiscal, no sirve para imputarle responsabilidad a Uribe. Sin embargo, ese mismo audio fue escuchado por la Corte Suprema de Justicia, cuando tenía en sus manos el expediente, antes de que Uribe renunciara al Senado en 2020. Con esa prueba, entre otras, incluso ordenó el arresto del líder natural del Centro Democrático. Para la jueza Barrera, el audio tiene plena validez y le respondió a la Fiscalía que su trascripción, que no comprometía a Uribe bajo la óptica de Cárdenas, no es tan fiel a la realidad como la transliteración que hizo la Corte Suprema.
Caliche, otro posible intermediario
Cadena no es el único cercano a Uribe que ha caído en manos de la justicia. También el excongresista y magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, quien está en juicio. La hipótesis vigente es que este último intentó presionar al testigo Monsalve, a través del convicto Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche. Existen chats y audios en los cuales Caliche le dice a Monsalve, en 2018, que hay “un man muy grande” que quiere hablar con él y qué, al parecer, ese “man” necesitaba que Monsalve se retractara de su versión contra Uribe. En ese momento, la defensa del expresidente tenía el espacio para presentar ante la Corte Suprema un recurso para dar vuelta atrás la orden de investigarlo.
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Contrario a lo que quiso creer la Fiscalía, existen indicios de que Prada se había conocido mucho antes con alias Caliche. Para la jueza Barrera, Monsalve nunca tuvo la iniciativa de retractarse, sino que presuntamente recibió distintos ofrecimientos por parte de Caliche y, a la vez, de Prada, quien buscaría el beneplácito de Uribe en el Centro Democrático. “Fue iniciativa de Carlos López (Caliche), Hernán Prada y Álvaro Uribe Vélez, obtener un video, cambiando su versión (de Monsalve), bajo el ofrecimiento de dádivas y ayudas jurídicas”, concluyó la jueza. Reiteró, por su puesto, la teoría del caso establecida por la Corte Suprema.
Las “ayudas humanitarias” a alias Víctor
Según la misma Fiscalía, el abogado Cadena podría ser condenado por presuntamente pagarle al menos $48 millones al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, en 2017. A través de sus familiares, como su hermana y su sobrino, Cadena habría desembolsado sobornos para que Víctor, preso en la cárcel de Palmira (Valle), testificara que Cepeda le había ofrecido prebendas. El exabogado de Uribe acepta esas entregas y ha asegurado que se trató de “ayudas humanitarias”. A la Corte, Cadena le dijo que el expresidente sí sabía de esas “ayudas”. Para la jueza Barrera resulta “ingenuo” pensar que se le quiso dar la mano a Víctor de manera desinteresada y le pareció contradictorio que Cadena esté enjuiciado por ello y que esas pruebas, para la misma Fiscalía, no determinen al menos una investigación en contra de Uribe.
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Las cartas del Tuso Sierra
El exparamilitar Juan Carlos Sierra, cuando el caso Uribe estaba en la Corte Suprema, envío dos cartas a ese alto tribunal. En ambas, aseguró que los políticos Iván Cepeda y piedad Córdoba lo fueron a buscar a una cárcel en Estados Unidos, para que testificara en contra del expresidente Uribe. “A cambio de mis declaraciones, ellos se comprometieron a gestionar y conseguir asilo político para mi familia en Suiza”, dice una de ellas. No obstante, para la jueza Barrera, existe material probatorio que le restaría credibilidad a ambas cartas y que, incluso, podría indicar que con ellas se intentó inducir en error a la Corte. La defensa de Uribe y el fiscal Cárdenas tampoco demostraron si hubo -o no- ofrecimientos al Tuso Sierra.
Hilda Niño, una exfiscal comprometida
Hilda Niño, exfiscal condenada por recibir sobornos de los narcos Miguel Ángel Mejía y Orlando Villa, ha asegurado que hubo un antiguo complot en la Fiscalía en contra de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez. Señaló directamente a la administración de Eduardo Montealegre (2012-2016), otra de las víctimas reconocidas, de manchar la carrera de Uribe iniciando expedientes relacionados con el paramilitarismo. La hipótesis es que el abogado Diego Cadena la buscó en la cárcel El Buen Pastor y que, por orden de Uribe, le habría ofrecido mejores condiciones carcelarias, dado que su verdad beneficiaba al exmandatario. La jueza Barrera no encontró evidencias que desvirtúen esa hipótesis.
Los exparamilitares Mármol, Cuesta y Cadavid
En 2018, a la Corte Suprema llegaron cartas de los exparamilitares Giovanny Cadavid (bloque Metro), Elmo Mármol (bloque Central) y Máximo Cuesta (Águilas Negras). Al unísono, dijeron haber compartido celda con Monsalve y haber sido contactados por una abogada de Cepeda, en 2012, quien supuestamente le ofreció beneficios a cambio de hablar contra Uribe. Tal como pasó en la primera audiencia de preclusión, la Fiscalía tampoco pudo derribar la sospecha que persiste sobre esas cartas y su real intención. Aún más cuando el suspendido abogado Cadena fue quien recogió esas versiones de su puño y letra.
Harlintong Mosquera y una hipótesis que se repite
El exparamilitar Mosquera llegó con una versión ante la Corte Suprema de Justicia, similar a los hechos anteriormente descritos. Dijo que conoció al expresidente Uribe en una correría política en Pacho (Cundinamarca), donde lo alertó de que el senador Cepeda y el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, lo habían buscado para que rindiera un falso testimonio en contra del expresidente. De nuevo, la jueza Barrera consideró que la Fiscalía no probó que tal declaración librara de responsabilidad a Uribe Vélez y, cerrando su intervención, la jefe del despacho confirmó su negativa a precluir el caso.
Entonces, Barrera le preguntó al fiscal Cárdenas qué iba a hacer con la negativa. Este le respondió que apela la decisión, por lo cual el expediente llegará al Tribunal Superior de Bogotá. En los próximos meses, serán tres magistrados los que definan el futuro de la investigación. Puede ser que el Tribunal le haga caso a Cárdenas y precluya. O, por otro lado, que deje en firme la negativa y la Fiscalía, entonces, nombre por tercera vez un fiscal para conocer del proceso. En ese caso, el fiscal seleccionado tendrá la oportunidad de solicitar la preclusión otra vez, pues la Ley no define cuántas veces el ente investigador puede intentar archivar un proceso. También, si así lo quiere, puede llamar a juicio a Uribe, en un hecho sin precedentes en la historia de Colombia. Al sol de hoy, Uribe sigue imputado y tiene dos delitos por los cuales debe demostrar su inocencia.
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