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A sus 61 años, Leonardo Alfonso Barrero Gordillo vive el capítulo más difícil de su vida. El nombre del excomandante de las Fuerzas Militares aparece reseñado 66 veces en un informe de policía judicial de 663 páginas de la Fiscalía como supuesto colaborador de un grupo de narcotraficantes que opera en el suroccidente del país. La investigación documentó que esta organización ilegal reclutó a oficiales y suboficiales del Ejército para consolidar el monopolio criminal en el departamento de Nariño. De esta manera, dicha estructura, encabezada por Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, conocía de antemano todos los operativos de la Fuerza Pública en la zona, hacía trasladar a su antojo a oficiales que le resultaban incómodos y tenía una nómina de uniformados a los que les exigió que desplegaran operativos contra su competidor: un sujeto conocido con el alias de Sábalo.
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Funcionó tan bien esa alianza, que en menos de seis meses, entre 2019 y 2020, Matamba y sus hombres consiguieron el control total de los cultivos de hoja de coca, los laboratorios de producción y la comercialización de estupefacientes. No se movía una hoja entre Policarpa, Combitara, Leiva y El Rosario, en la cordillera nariñense, que no supiera Matamba. De esta organización, cuyo máximo líder está solicitado en extradición por una Corte del Distrito Sur de Florida, sería parte el general Barrero Gordillo, junto a otro conocido militar reseñado en múltiples expedientes por 48 ejecuciones extrajudiciales: el teniente coronel (r) Róbinson González del Río. Justamente este individuo fue capturado con otras 12 personas hace 10 días. Todos ellos aparecían en el reporte de la Fiscalía, revelado por Blu Radio. El único que no ha sido detenido es el general Barrero Gordillo.
El Espectador tiene en su poder siete contratos que entre 2018 y 2021 firmó con el Estado el general (r) Barrero Gordillo que suman $620 millones. Salvo uno que suscribió en 2019 con las Fuerzas Militares por casi $70 millones, y que fue liquidado al mes, todos los demás contratos fueron ejecutados a satisfacción, según el portal Secop. En total tuvo cuatro con el Ministerio del Interior, entre 2018 y 2021, $440 millones para brindar asesoría en desarrollo de un plan de acción integral para la protección de líderes sociales, indígenas y defensores de derechos humanos en el país, así como servir de enlace en reuniones con las Fuerzas Militares. En la Secretaría de Seguridad de Cali le aparecen dos contratos en el último año por un valor de $110 millones para asesorar la política pública de seguridad y justicia, y la articulación con la Fuerza Pública.
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Uno de los contratos que más llama la atención es el 139, del 8 de mayo de 2019, firmado entre el general en retiro Barrero Gordillo y la teniente coronel Verónica Pedraza, en calidad de directora administrativa y financiera del Comando General de las Fuerzas Militares. Según el contrato, debía asesorar a esta entidad en “asuntos relacionados con estrategias en procesos de planeación” y específicamente encargarse del relacionamiento “entre la institución y las comunidades indígenas”, con énfasis en el suroccidente del país, así como “la articulación para la adecuada implementación del plan de acción oportuna para la protección de líderes sociales”. No obstante, el 29 de mayo de ese año el negocio fue liquidado por mutuo acuerdo. El general Leonardo Barrero Gordillo manifestó que por “razones personales” no podía continuar con su asesoría.
Seis de los siete contratos revisados por este diario coinciden en tiempos con el rastreo de las autoridades a la organización criminal de Matamba. Dicho de otro modo: mientras Barrero Gordillo era contratista del Estado y se le conferían asesorías para diseñar estrategias para salvaguardar a líderes sociales, indígenas y defensores de derechos humanos o mejorar la seguridad en Cali, el exoficial, según la Fiscalía, le ayudaba a un grupo mafioso para que traficara drogas. Las pesquisas de la Fiscalía, de hecho, se remontan a septiembre de 2019, es decir, cuatro meses después de que Barrero Gordillo finiquitara su asesoría con las Fuerzas Militares. Una de las principales acusaciones que se consignan en el reporte de la Fiscalía es que, al parecer, Barrero Gordillo usó su ascendencia en el Ejército para ayudar a Matamba haciendo trasladar oficiales a cambio de dinero.
El expediente
El caso empezó en enero de 2020, luego de que un testigo protegido diera información clave de la organización de alias Matamba. Fue la primera pista de que altos miembros del Ejército estaban presuntamente al servicio de esa organización, que tenía su centro de operaciones en Nariño. Un fiscal de la Dirección contra el Narcotráfico empezó a escarbar en distintos procesos judiciales y fue armando el rompecabezas de este grupo ilegal, sus conexiones con autoridades locales, sus contactos para procesar el alcaloide y sacarlo a través de lanchas rápidas por el Pacífico, sus principales financiadores, la forma de mover el dinero y los militares a sueldo de la organización. El fiscal encontró los puntos en común de estos expedientes, recaudó cientos de interceptaciones de llamadas y mensajes de Whatsapp y descubrió que la nómina de Matamba costaba $400 millones mensuales.
A los militares que le ayudaban en la zona les pagaba $5 millones y al entonces comandante del Batallón Boyacá, $30 millones. En ese arqueo de información salió a relucir una carta de la embajada británica de septiembre de 2019, que entregaba información en igual sentido. Tras cruzar toda esa información fue quedando al descubierto cómo operaban Matamba y su red de colaboradores en Nariño, especialmente el teniente coronel (r) Róbinson González del Río. Fue este último el que empezó a hablar de su “padrino”, un hombre muy poderoso en las Fuerzas Militares y que, para la Fiscalía, es el general (r) Leonardo Barrero Gordillo. De hecho, hay 37 referencias al Padrino en el extenso documento de la Fiscalía, un alias que en todas las ocasiones relacionan con el excomandante de las Fuerzas Militares. Este diario buscó a Barrero Gordillo, pero no contestó ni las llamadas ni los mensajes.
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Según la investigación, “alias Matamba, a través del coronel González del Río, ordenó y coordinó varios traslados del Ejército ubicados principalmente en guarniciones militares de Nariño, los cuales no eran de la línea de la estructura criminal. Por lo cual, González del Río era el enlace entre Matamba y padrino, quien se encargaba de gestionar esos traslados aprovechando su carrera militar en el Ejército. Además, le solicitaban desacreditar al personal de inteligencia del Ejército para que fueran relevados y, en su lugar, trasladar personal que trabajara para la organización”. De acuerdo con las pesquisas, el 28 de octubre de 2019 González del Río se reunió en Bogotá con Barrero Gordillo para sellar esta supuesta alianza criminal que estipulaba trasladar a un oficial de apellido Duque, montar operaciones contra alias Sábalo y poner gente de su línea.
Al parecer, se habría transado por $25 millones para empezar estas vueltas, según las comunicaciones interceptadas de González del Río. En ese contexto, apareció el nombre de otro oficial: el mayor general Wilson Neyhid Cháwez Mahecha, jefe de Operaciones Conjuntas, hoy quinto al mando en la jerarquía de las Fuerzas Militares. Según las conversaciones entre Matamba, González del Río y otros oficiales a sueldo de la mafia, en 2019 Barrero le habría entregado información a Cháwez sobre alias Sábalo para que se aumentaran los operativos en su contra y, además, le habría hecho saber de posibles militares infiltrados por esa otra organización ilegal. En el cruce de comunicaciones se estableció que el 25 de octubre de 2019, González del Río le envió un documento de inteligencia secreto a la organización de Matamba que iba dirigido al general Cháwez.
¿Cómo obtuvo González del Río ese documento? Esa es una de las preguntas que se hace la Fiscalía. Uno de los apartes más delicados del reporte judicial es el siguiente, en el cual Juan es alias Matamba y Amigo es González del Río: “Juan pregunta cómo va con lo otro, Amigo responde que ya les asignaron una persona directamente desde Bogotá para hablar lo de inteligencia y tener controlado el Batallón de Inteligencia de Popayán, agrega que lo de los traslados lo van a hablar el jueves en la tarde con un general que va a sacar el Padrino. Amigo manifiesta que al general Cháwez le van a enviar un paquete de inteligencia de Sábalo para que él le dé la orden a G (coronel Gómez) de que arranque”. Al parecer, Barrero Gordillo le habría pedido al general Cháwez entonces que relevara de su cargo a un oficial de apellido Duque. En esas charlas se menciona a otro general de apellido Hoyos.
Este diario se comunicó con el general Cháwez, pero tampoco contestó los mensajes. En los reportes judiciales figuran otras particularidades del proceso. Por ejemplo, grabaciones que indican que el teniente coronel (r) González del Río patrulló con la organización de Matamba en Nariño y que se salvó milagrosamente de un operativo militar desplegado desde Bogotá y del cual no tenía ni idea. También se reseña que dos policías en Cali, tras un allanamiento a una residencia de Matamba se apropiaron de $100 millones y dos lingotes de oro que no reportaron en el operativo. El mafioso contactó a esos uniformados y les hizo devolver ese tesoro. Apenas un ejemplo más del poder de Matamba, cuyas intimidades de su proceso en Estados Unidos conoció este diario. El agente de la DEA Daniel McNamara documentó los tentáculos de esta organización para exportar cocaína a Estados Unidos.
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La estructura criminal sacaba la droga por la Costa Pacífica colombiana hacia Centroamérica y después la llevaban a Estados Unidos. Matamba controlaba toda el área de Tumaco, y desde 2017 fue identificada esta ruta. En noviembre de 2018, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó una embarcación rápida con 336 kilos de cocaína y tres tripulantes que confesaron que el dueño del estupefaciente eran Matamba y tres colombianos más. Una de esas personas que hoy es testigo protegido le contó a la justicia estadounidense que Matamba lideraba una organización de al menos 100 personas que eran parte de las AGC y que sacaba la droga vía Costa Rica. En cooperación con la Policía de Colombia, las autoridades de Estados Unidos identificaron otros tres cargamentos de Matamba, entre octubre de 2017 y marzo de 2018, que sumaban casi una tonelada de cocaína.
Los paquetes tenían la marca ORG y la esvástica nazi. Adicionalmente, en diciembre de 2018, Matamba fue grabado por la DEA cuando le reclamaba a uno de sus colaboradores detenidos en Miami por la caída de la embarcación con 336 kilos de estupefacientes. Según los reportes estadounidenses, Juan Larinson Castro, alias Matamba, ha sido arrestado 14 veces en 23 años de carrera delictiva por las autoridades colombianas. El 16 de mayo de 2021, Matamba fue capturado en un apartamento en el municipio de Floridablanca (Santander) y hoy está en el pasillo de la extradición en la cárcel La Picota de Bogotá. Lo que diga en Colombia o en Estados Unidos sobre todas estas evidencias que salpican a militares activos y retirados resultará clave para definir la suerte del excomandante de las Fuerzas Militares Leonardo Barrero Gordillo, quien se declaró inocente en conversación con Bluradio.
Pesquisas en la JEP
El Espectador conoció la versión voluntaria que le entregó el general (r) Leonardo Barrero Gordillo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La diligencia de carácter reservado se llevó a cabo el 30 de abril de 2021, en el marco del macrocaso de ejecuciones extrajudiciales. Concretamente de su paso por la Brigada 16 del Ejército en el año 2005, tiempo en el cual organizaciones de derechos humanos y la Fiscalía documentaron algunos de estos crímenes. Lo primero que dijo es que ingresó muy joven al Ejército. “Yo entré de 14 años”. Luego se refirió al lío de unas grabaciones que tuvo con el teniente coronel Róbinson González del Río y que determinaron su salida de la Fuerza Pública en 2014. En ellas el entonces comandante de las Fuerzas Militares le dijo a González lo siguiente: “Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada”. González ya estaba siendo procesado por falsos positivos.
“El coronel me llama -dice Barrero en su versión- y yo le pregunto cómo va su situación jurídica porque él había estado en la Tercera Brigada. Me menciona que ya está a punto de solucionar su problema porque pudo demostrar unas irregularidades y yo me refiero en términos de pronto descorteses a un funcionario (…) Eso lo considera el presidente Santos como un acto no acorde a las circunstancias por la dignidad de mi cargo y entonces soy presionado, soy obligado a retirarme”. En ese momento el magistrado Óscar Parra le preguntó a Barrero si después de ese episodio había vuelto a hablar con González del Río. “Yo creo que alguna vez me buscó, no sé, realmente no recuerdo, para disculparse. A ese teléfono me llamaba todo el mundo y yo atendía los llamados, pero sin ninguna otra trascendencia ni interés en intervenir o modificar las decisiones de la justicia”, dijo.
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Barrero añadió que no supo mayor cosa de los procesos contra el teniente coronel (r) González del Río y que lo que supo lo supo por los medios. No obstante, las comunicaciones interceptadas a González del Río en el expediente Matamba indican otra cosa. Durante su versión ante la JEP, Barrero se declaró ajeno a cualquier actividad ilegal o de ejecuciones extrajudiciales. “No eran las bajas la prioridad dentro de mi accionar militar. Tenía claro que había mucho más resultados cuando había fugados o deserciones de grupos guerrilleros. Cuando hay muertes en combate, esos muertos tienen familias y siempre va a generar resentimientos. El muerto, así hubiese estado en una actividad delictiva o equivocada, siempre tiene familia y a la familia le duele y eso es absolutamente entendible. Mi prioridad nunca fueron las bajas”, relató.
Y concluyó diciendo que si hubo ejecuciones extrajudiciales durante su comandancia en esa brigada fue porque fue “asaltado en su buena fe”. “Nadie puede decir, ninguno de mis comandantes puede decir que yo le exigí, califiqué o regañé por falta de resultados (…) Yo era un comandante de un Ejército en una confrontación presumiendo de la buena fe de mis subalternos (…) Jamás recibí de mis comandantes ningún tipo de presión”.
No obstante, otro episodio reciente contraría esta versión y lo relaciona con el capo de capos Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. El pasado viernes 18 de febrero, el máximo comandante del Clan del Golfo pidió pista en la JEP y dijo que tenía información contundente. Habló de “complicidad en acciones ilegales de carácter criminal ordenadas, planeadas y ejecutadas por altos mandos del Ejército, como el general Leonardo Barrero Gordillo”. Todo en este caso está por verse.
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