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La oprobiosa práctica militar, conocida como “falsos positivos”, de ejecutar personas y presentarlas como miembros de grupos ilegales en Colombia es una realidad innegable para miles de víctimas en todo el país. En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anda ya el macrocaso 003, en el que se ha ido avanzando con versiones voluntarias de integrantes del Ejército que han reconocido su participación en esos crímenes. Entre otros, exmiembros del Batallón La Popa, ubicado en Valledupar, han hablado de cómo funcionaba el aparato que habría facilitado la instigación a los soldados por parte de altos mandos y la existencia de incentivos para su comisión, como descansos, felicitaciones e incluso hamburguesas o arroz chino.
Tras escuchar 40 versiones que dieron 32 exintegrantes del Batallón La Popa, en las que figuran 146 víctimas que habrían sido ejecutadas extrajudicialmente entre 2002 y 2005, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (que representan a las familias) hicieron un informe de observaciones que ya entregaron a la JEP. Lo que encontraron, sostienen, fue una serie de patrones en tres fases del crimen: la planeación, la ejecución y el encubrimiento. Así como 16 elementos que llevarían a indicar que, lejos de ser un hecho aislado, los “falsos positivos” eran una práctica tolerada y ejecutada desde los altos mandos, en ese batallón y en la comandancia en general.
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Instancias como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) llevan años insistiendo en que las investigaciones nacionales también conduzcan hacia los altos oficiales militares: “No hay un avance hacia arriba en la cadena de mando”, advirtió desde 2013. Por esto mismo, desde 2017, 29 oficiales colombianos de alto rango que estuvieron a cargo de diez brigadas entre 2002 y 2009 son considerados de interés de la Fiscalía de la CPI. Igualmente, la ONG Human Rights Watch publicó en 2015 un informe que recolecta evidencia, en su criterio, suficiente para decir que los “falsos positivos” no fueron obra de “manzanas podridas”.
Todo este escenario habla de 80 hechos confesados en los que hay relacionadas 146 víctimas: de 73 no se sabe el nombre y 13 eran kankuamos. El informe fija diez elementos que pudieron ser usados por los militares para seleccionar a las víctimas de “falsos positivos” como ser indígena, ser señalado de guerrillero o de las Autodefensas Unidas de Colombia ( Auc) o desmovilizado, estar indocumentado, tener antecedentes, ser menor de edad o de bajos recursos (reciclador, habitante de calle), estar en situación de discapacidad o pertenecer a la comunidad LGTB. En este último caso, un versionante dijo que el 7 de diciembre de 2007 en Valledupar ejecutaron a un joven que “era como gay”, que solo se le acercó para hablar.
Primera parte: la planeación
Con las versiones, dicen los abogados, varios patrones salieron a la luz. Según Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados, estos apuntan a que existió una “política de Estado” que priorizaba las bajas sobre las capturas, que otorgaba incentivos por ello y que no solo presionaba, sino que llevaba a los soldados “al límite”. Sobre este aspecto, la Fiscalía de la CPI, en el informe que presentó sobre Colombia en 2012, afirmó que “existe fundamento suficiente para creer que los actos descritos (los “falsos positivos”) se cometieron conforme a una política adoptada, al menos en ciertas brigadas de las fuerzas armadas, que constituye una política del Estado o de una organización para cometer esos crímenes”.
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La discusión al respecto no ha sido ajena a polémicas. En el informe de 2010, por ejemplo, Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, aseguró que no había prueba de que se tratara de una “política oficial” o que los crímenes hubieran sido “ordenados por altos funcionarios”, aunque sí habló de la existencia de patrones en su ejecución. Los mismos que fueron retomados después por el Consejo de Estado en varias decisiones. Ese alto tribunal, en 2017, por ejemplo, dijo que la cantidad de casos pusieron “de presente una sistemática y estructural comisión de violaciones graves a derechos humanos o al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado colombiano”.
El informe sobre La Popa asegura que hubo una división de tareas “habitual, sistemática y generalizada”. Habla de coordinación con paramilitares, detención de víctimas en lugares diferentes a donde fueron asesinadas y de conseguir armas o recurrir a informantes. Un soldado dijo que algunos comandantes del Ejército tenían nexos con las Auc para la entrega de personas para asesinar y hacer pasar por guerrilleros. Como supuestos involucrados se mencionó a David Hernández, alias 39, exintegrante del Ejército; y a un coronel que comandó la mencionada unidad militar. Otro versionante dijo que le tocaba ir a donde se dejaban los cuerpos para “legalizarlos” como bajas.
Los testimonios relatan múltiples hechos, como la ejecución de cinco personas, que luego fueron presentadas falsamente como milicianos, a cambio de munición. Las órdenes, han dicho los militares a la JEP, eran dadas por superiores. Incluso, se les habría encomendado a soldados de La Popa que fueran oriundos de la región quienes consiguieran a las víctimas (de determinada vulnerabilidad) en municipios aledaños para trasladarlas con engaños y asesinarlas. Un cabo así lo dijo. Contó cómo recogieron en un taxi en Valledupar a dos personas que dormían en un andén. Otro más dijo que un teniente le ordenó montar un retén en un sitio conocido como “La Y”, en San José de Oriente, para recoger a víctimas que iban en un taxi.
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Había un “kit de legalización” que incluía las armas que se les plantaban a las víctimas. Algunas venían de las Auc y otras se compraban con recolectas entre los militares. “Durante la planeación de la muerte de la víctima 29, el Te. versionante 2 narró cómo un cabo le sugirió sacar del dinero de los víveres para que este pudiera efectuar la compra del armamento con integrantes de grupos paramilitares”, dice el documento. Otro militar dijo que se movilizaron estas armas en el helicóptero en que iba un general. En esta fase también se menciona el uso de informantes para conseguir víctimas y la “división de funciones” para rendir declaraciones ante juzgados militares. Nadie se opuso, dijo un soldado. Nadie habló. Nadie delató.
Fase dos: la ejecución
En esta etapa, según el documento, hubo al menos tres patrones de la mano con la fase de planeación: la presentación de personas como bajas luego de operaciones con paramilitares o ejecutadas por ellos, el sometimiento de víctimas a estado de indefensión y la participación de guías. Un mayor afirmó a la JEP que un coronel (este último referenciado como el versionante 13) le ordenó recoger en la vía que conduce a Patillal a una víctima que los “paras” dejaron allí con un arma. En el caso de otra víctima reportada como guerrillero del Eln en el corregimiento de Sabana de Crespo (Valledupar), el mayor aseguró que la víctima fue ejecutada por los “paras” y que el mismo coronel le ordenó acudir al lugar y coordinar el montaje.
El documento elaborado por los representantes de las víctimas destaca que ese oficial, cuyo nombre se omite, pero que sería el coronel Publio Hernán Mejía (comandante de La Popa en esa época), se ha mostrado ajeno a todos los hechos que han narrado sus otrora subalternos. “En el caso particular de la ejecución de la víctima 13, afirmó no tener conocimiento sobre la entrega que hicieron los paramilitares de un cadáver para que fuera presentado por las tropas”, dice el memorial. Sobre dejar a las víctimas en estado de indefensión, las versiones señalan que estaban ubicadas en la jurisdicción del batallón y que eran señaladas por informantes como guerrilleros, pero no fueron capturados ni judicializados.
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Según las versiones de los militares, en algunos casos, las víctimas fueron retenidas en retenes, sin papeles. Un teniente dijo a la JEP, indica el documento, que un indígena fue golpeado e interrogado hasta que “confesó” colaborar con la guerrilla. Luego fue ejecutado. Los militares han contado de casos en que las víctimas sí eran guerrilleros, pero fueron engañados por la tropa: les aseguraron que iban a recibir beneficios por reinsertarse, simularon que los dejaban ir y les dispararon. Como se ha mencionado varias veces, se recurrió a guías para las operaciones conjuntas o entregar víctimas. Un oficial apuntó ante la JEP que su motivación podría ser resentimiento por crímenes cometidos por guerrillas y paramilitares.
“El uso de guías fue una particularidad de los hechos en los que fueron ejecutadas víctimas pertenecientes a la comunidad indígena kankuama. Así ocurrió en los hechos en los que perdió la vida de manera violenta la víctima 25, de quien decían que había prestado el servicio recientemente. También participaron guías en la ejecución extrajudicial del indígena víctima 21, como lo reconoció el versionante 20 (un teniente), quien aseguró que “él llevó a dos informantes del pueblo que conocían la zona”, dice el documento. El abogado Sebastián Escobar explicó que la estigmatización vivida por las comunidades se habría dado porque los cabildos estaban en zonas en donde la confrontación estaba muy activa.
Fase tres: el encubrimiento
Según las versiones, en esta etapa se modificaba la escena del crimen, se elaboraban documentos para soporte legal de la operación militar y se construía, de manera concertada, una narrativa sobre los hechos. Para el Cajar y el CSPP, es claro que el encubrimiento requería la participación de muchas personas. “Si un eslabón del encubrimiento no era consistente, los demás tampoco”, dice el reporte entregado a la JEP. “La falsa narrativa era indispensable” e implicaba varias tareas: despojar a las víctimas de su identidad, vestirlas con prendas de combatientes, trasladar los cadáveres sin protocolos judiciales, aparentar el combate y hacer tiros con las manos de las víctimas, para asegurar que las pruebas de balística salieran positivas.
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Un teniente, por ejemplo, “reconoció haber destruido todo rastro de (la) identidad” de una víctima. Un cabo reconoció que, en una ocasión, les dijo en vida a las víctimas 5 y 6 (así referenciadas) que se pusieran los uniformes y brazaletes del Eln y otro declaró que a la víctima 12 le hicieron poner un uniforme, le cortaron el pelo y lo afeitaron. “El versionante 26, al narrar los hechos de la ejecución de la víctima 25, (precisó) que consiguió una pistola que le puso en la mano a la víctima y disparó para que quedara el rastro de su uso”, dice el reporte.
Uno de los hechos más graves que se desprenden de estos patrones tiene que ver con crear documentos que sirvieran de soporte legal, ya que en este asunto se habrían involucrado militares con mando. “Solo los oficiales superiores que integraron la plana mayor tenían la capacidad legal y de facto para emitir el tipo de documentación que resultó siendo alterada”, dice el documento. Se habrían alterado los anexos de inteligencia que acompañan todas las órdenes y el informe de patrullaje que detalla la operación, las circunstancias, lo que pasó y en dónde. Un teniente, al referirse a dos víctimas, explicó que el informe de patrullaje de la operación en que fueron presentados falsamente como criminales se hizo dos días después de los hechos.
Otro elemento que el documento resalta como clave es la elaboración de una narrativa común sobre los crímenes. El abogado Sebastián Escobar lo explicó así: “Se ponían de acuerdo los militares en cómo tenían que dar las declaraciones para asegurar que no fuera a haber contradicciones entre sí mismos de cómo habían ocurrido los hechos. Y en algunos casos también había amenazas a personas que eran testigos de los hechos o personas que habían participado para que no se salieran de esa narrativa común”. Un teniente declaró ante la JEP que fue contactado por el abogado de un coronel (el mismo versionante 13) para que omitiera en sus versiones a uno de los militares comprometidos.
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Los altos mandos
Para el abogado Sebastián Escobar, las versiones voluntarias de los militares evidencian una política de Estado que incentivaba con descansos o felicitaciones en las hojas de vida, que llevó a dar prioridad a las bajas sobre las capturas y que, más que una presión, era una instigación a los militares subordinados. “Una cosa es ejercer presiones y otra llevar a subalternos al límite. Nos hemos encontrado con personas que, ante la pregunta de por qué participaban, decían que si no lo hacían los superiores les dañaban la carrera militar”. Para Escobar, también se demuestra el poco valor que tenía la vida. “Nos dimos cuenta cómo a veces el incentivo era dar un arroz chino o una hamburguesa por haber presentado un resultado operacional”.
El informe presentado a la justicia especial menciona 16 elementos que, en criterio de los representantes de víctimas, la JEP debería evaluar a la hora de abordar la responsabilidad del mando. Por ejemplo, que sí se priorizaban las bajas, que no había controles efectivos en las unidades militares, que se fomentó una competencia entre las mismas, la relación de las tropas con paramilitares, las órdenes directas de los superiores o la masividad de la práctica, entre otros. “El entonces Te. versionante 2 se refiere al fenómeno de priorización de las bajas señalando que las órdenes de los comandantes consistían en que ‘lo primordial aquí, hermano, son (…) litros de sangre, son bajas, son resultados’”, dice el documento.
Este asunto remite a la polémica Directiva 029 del 17 de noviembre de 2005 firmada por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, en la que se fijó el pago de recompensas tanto “por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de organizaciones al margen de la ley” como el pago por información. La directiva se criticó en medio de señalamientos de que permitió que crímenes de esta magnitud fueran posibles. Una polémica similar se vivió en 2019, cuando The New York Times reveló una directiva que pedía duplicar los resultados operacionales de las unidades militares, la cual fue derogada tras señalamientos que apuntaban a que estas medidas podían incentivar el regreso de los “falsos positivos” por presión a las tropas.
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Uno de los militares señaló que, en algunos casos, era obvio que se trataba de una operación irregular como, por ejemplo, que se enviaba a un grupo contraguerrilla con gran capacidad de fuego y el resultado era una sola baja. Un soldado narró a la JEP que las órdenes que recibían de sus superiores era la de dar bajas y un mayor explicó que se crearon grupos especiales de reacción inmediata tipo pelotón con un entrenamiento especial, con dependencia directa del batallón, encargados, aseveró, de hacer las operaciones falsas. Ese mismo militar (versionante 2) dijo que ninguna persona podía ser ajena a lo que estaba pasando: eran demasiadas muertes como para pasarlo por alto.
“Varios comparecientes reconocieron haber escuchado sobre esta práctica incluso desde su paso por la escuela militar, en donde se enseñaba la doctrina y al mismo tiempo se inculcaban estrategias irregulares para obtener resultados fáciles. Otros comparecientes afirmaron haber escuchado la existencia de la práctica de las ejecuciones en otras unidades militares, mientras que otros sabían que en el Bapop (Batallón La Popa) ocurría con frecuencia”, asegura el documento. Estas observaciones hacen parte del procedimiento contemplado en la justicia especial y deberá ser objeto por parte de los magistrados, tanto para los casos concretos como para el fenómeno macrocriminal de los “falsos positivos”.
La versión del Ejército
En el mismo documento elaborado por las víctimas se cita el testimonio que dio el versionante 13, citado por los otros militares como el comandante a cargo, quien de manera constante niega haber sostenido vínculos con grupos paramilitares o cometer ejecuciones extrajudiciales. Según su versión, siempre actuó conforme a la ley y dijo haber hecho los controles debidos a las tropas. Al parecer este versionante sería el coronel Publio Hernán Mejía, quien lideró el Batallón La Popa entre 2002 y 2004 y fue condenado a 19 años de prisión en 2013. Tras diez años preso y luego de someterse a la JEP, quedó en libertad y en 2019 fue llamado a calificar servicios.
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En una entrevista realizada en La W Radio en 2018, el coronel (r) Publio Hernán Mejía sostuvo su inocencia y aseguró que en 40 años solo sirvió al país sin tacha alguna. Aunque el Ejército nunca explicó la decisión —discrecional— de llamar a calificar servicios a Mejía, sí es cierto que esa institución ha asegurado que la comisión de ejecuciones extrajudiciales fue producto de algunas “manzanas podridas” en las tropas y nunca por una orden institucional. Así lo reiteraron Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos en sus respectivas presidencias. Cuando el escándalo estalló en 2008 con los “falsos positivos” de Soacha, fueron retirados 27 oficiales y se cerraron brigadas comprometidas.
A lo largo de la última década, el Ejército y los gobiernos a cargo han sido enfáticos en asegurar que los llamados “falsos positivos” nunca fueron una política institucional. A principios de febrero de este año quien era el comandante del Ejército cuando estalló este controversial asunto, el general (r) Mario Montoya, le dijo a la Jurisdicción Especial para la Paz que estas ejecuciones extrajudiciales “nunca debieron haber sucedido y nunca deben repetirse”. En varias ocasiones, el Ejército ha tenido que pedir perdón tras orden de un juez y, ante la JEP, lo mismo han hecho antiguos militares que se han presentado a hablar sobre el tema.
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