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Con la mirada llena de angustia y cansancio, después de casi dos años sin comparecer ante la justicia, el general en retiro del Ejército Mario Montoya Uribe reapareció durante una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El excomandante del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, investigado en la justicia transicional por su presunta relación con grupos paramilitares y posible responsabilidad en cientos de ejecuciones extrajudiciales, fue llamado a versión voluntaria ante la instancia creada con el Acuerdo del 2016.
Durante dos jornadas, este 1 y 2 de junio, los magistrados Catalina Díaz Gómez y Óscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, escucharán al exuniformado hablar sobre hechos ocurridos en la región Caribe entre los años 2003 y 2008, relacionados con falsos positivos y alianzas paramilitares. Durante esos años, el general (r) Montoya Uribe fue comandante de la Primera División del Ejército con sede en Santa Marta (Magdalena), del Comando Conjunto Caribe Número 1 y del Ejército Nacional.
Esta diligencia que se adelanta por estos días ante la justicia transicional tiene una particularidad. Hace parte de la llamada fase nacional del caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado en todo el país. Sin embargo, el general (r) Montoya Uribe enfrenta una investigación propia por su presunta responsabilidad en al menos 118 casos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. El militar en retiro ha negado su responsabilidad.
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Montoya, el Ejército y los falsos positivos
Durante años, el general (r) Mario Montoya Uribe ha intentado esquivar a la justicia. Su nombre ha aparecido en investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales, presuntas relaciones con grupos paramilitares y hechos tan sangrientos como la Operación Orión, entre el 16 y el 25 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, donde 87 civiles fueron asesinados y 90 desaparecidos. Sin embargo, sus estrategias para evadir los procesos en la justicia ordinaria y en la transicional lo han tenido lejos de dar respuestas.
Su caso primero estuvo en manos de la Fiscalía General de la Nación. En 2016, Montoya Uribe iba a ser imputado en la justicia ordinaria por su responsabilidad en 104 casos de ejecuciones extrajudiciales. Un proceso que se frenó por su ingreso a la JEP y que, pese a que la administración de Francisco Barbosa intentó revivirlo en 2021, quedó congelado por una orden del Tribunal Superior de Bogotá. ¿La razón? El caso pasó a estar en manos de la JEP en 2018, cuando el exmilitar se acogió a la justicia transicional.
En julio de 2022, Montoya Uribe fue llamado a rendir versión libre ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Luego, en 2023, fue imputado por los crímenes de guerra y de lesa humanidad de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, por su presunta responsabilidad en al menos 118 ejecuciones extrajudiciales. Pese a la crudeza de los relatos de otros comparecientes que han confirmado su política sangrienta cuando era comandante del Ejército en Antioquia, Montoya no aceptó su responsabilidad.
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Hasta ese momento, Montoya Uribe solo había sido llamado a responder por hechos ocurridos entre 2002 y 2003, cuando fue comandante de la Cuarta Brigada, en Antioquia. Luego, la justicia transicional lo llamó a comparecer dentro de la fase nacional del caso 03, por los hechos ocurridos entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, tiempo en el cual comandó dos unidades militares en el Caribe y alcanzó el punto más alto de su carrera militar, como comandante del Ejército en el gobierno de Uribe Vélez.
En ese contexto, la JEP requirió al exmilitar para que comparezca de forma libre sobre al menos 30 versiones voluntarias que han entregado exmilitares que estuvieron a su cargo o que trabajaron con él. Entre esa información, hay declaraciones entregadas por dos exaltos funcionarios del gobierno de Uribe Vélez y seis generales de la República, dos de ellos antiguos inspectores generales del Ejército cuyas investigaciones abrieron un escándalo que obligó a Montoya Uribe a renunciar a la institución en noviembre de 2008.
La primera vez que la JEP llamó a Montoya a rendir versión dentro de la fase nacional del caso 03 fue en febrero del 2020, en el marco del cierre de la investigación de ese expediente. La audiencia se iba a reanudar en abril pasado, con el objetivo de indagar sobre la forma en la que, al parecer, desde el Comando de las Fuerzas Militares se emitieron “directivas y circulares orientadas a exhortar a las unidades militares al respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.
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En ese momento, la diligencia no se pudo adelantar porque Montoya Uribe recusó a la magistrada Catalina Díaz Gómez, una de las togadas encargadas de escuchar su versión libre. El exmilitar argumentó que la magistrada, por ser una de las relatoras del caso relacionado con falsos positivos y haber participado en audiencias de observaciones de víctimas y de reconocimiento de responsabilidad, entre otras diligencias en las que él ha sido incriminado por otros comparecientes, no sería imparcial ante su declaración.
“No sería dable que participara la señora magistrada Catalina Díaz, toda vez que ya ha conocido y ha adoptado decisiones de fondo al interior del caso 03, al proferir específicamente el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) en el subcaso Antioquia y en consecuencia determinarme como máximo responsable, sin que se viese afectada su imparcialidad e independencia”, señaló Montoya Uribe en su recusación. El recurso fue estudiado y negado por la Sala de Reconocimiento de Verdad.
Con un auto de 15 páginas emitido el pasado 15 de mayo, esa instancia le cerró la puerta a la petición de Montoya Uribe: “La división metodológica adoptada para la instrucción del Caso 03 (…) no implica una ruptura procesal del caso, sino una organización estratégica de su investigación (…) Ello entrañaría el absurdo de que la facultad que la ley otorga al juez para cumplir su actividad judicial a la vez lo inhabilita para intervenir en otros asuntos de su competencia, procedimiento que ni la ley autoriza ni la lógica justifica”, señala la decisión, que le dio vía libre a la audiencia de esta semana.
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Las cuentas pendientes del general (r) Montoya
La audiencia de esta semana al general (r) Mario Montoya Uribe no es la única responsabilidad que tiene el exmilitar con la justicia transicional. Los magistrados Catalina Díaz Gómez y Óscar Parra Vera buscan recaudar información para esclarecer si los patrones macrocriminales documentados por la JEP en Antioquia, Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila fueron replicados en otros sitios del país. Mientras tanto, el expediente propio contra el exmilitar se mueve a pasos lentos.
Tanto la justicia ordinaria como la JEP han sostenido en sus imputaciones que Montoya Uribe tuvo un rol determinante para ejercer presión sobre la tropa y que dieran “resultados en términos de ‘litros’, ‘chorros’, ‘ríos’, ‘barriles’ o ‘carrotanques de sangre’”. Pese a las evidencias que lleva a cuestas, el exalto oficial negó su culpabilidad y, por eso, en diciembre de 2024 su caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), llamada la fiscalía de la JEP, para que defina si llama o no a juicio adversarial al exmilitar.
Aunque el expediente lleva más de un año en manos de la UIA, no se ha movido significativamente. En su momento, la fiscalía de la JEP le dijo a El Espectador que estaban dentro de los términos de la ley para avanzar en el caso de Montoya Uribe. La UIA tiene un año para indagar al exmilitar, prorrogable por seis meses más, y un año extra para pasar de la indagación a la investigación formal. Esa fase del proceso es clave porque en ella se define si el excomandante del Ejército es llamado a juicio o no.
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En caso de ir a juicio adversarial, el caso quedaría en manos de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP y Montoya Uribe enfrentaría una pena de hasta 20 años de cárcel. Ya la justicia transicional ha tomado decisiones de este tipo, como la que emitió en diciembre de 2025 en contra del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, condenado a 20 años de cárcel tras no aceptar cargos y comprobarse su responsabilidad en más de 70 ejecuciones extrajudiciales en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar).
Sin embargo, para las víctimas, el no reconocimiento de responsabilidad por parte del general (r) Montoya Uribe y los escasos avances en el proceso van más allá de la decisión de la UIA de llamarlo o no a juicio. Su preocupación es que durante años el exmilitar le ha hecho el quite a la justicia con recursos para dilatar el proceso, como le dijo a este diario en su momento Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, que reúne a más de 30 familiares de las víctimas de la mencionada Operación Orión, en Medellín.
“Mario Montoya nunca ha reconocido su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos. Hay una estrategia negacionista, justificatoria de los hechos y de dilación para que no avance el proceso”, dijo la jurista. Agregó: “Las víctimas tienen derecho a la justicia. Eso implica investigación, esclarecimiento de los hechos, juzgamiento y sanción. Y eso es en lo que vemos que no se ha avanzado. La justicia transicional no puede aportar a la estrategia de impunidad sobre las graves violaciones de derechos humanos”.
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Pero no es solo en el caso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales, donde el excomandante del Ejército durante el gobierno Uribe Vélez tiene cuentas pendientes. La JEP también incluyó su caso dentro del subcaso Antioquia del caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. En ese expediente, fue llamado a rendir versión voluntaria de forma puntual por los hechos relacionados con la Operación Orión.
La teoría que sostiene la JEP es que cuando Montoya Uribe fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, se habrían cometido graves crímenes de guerra y de lesa humanidad por unidades militares a su cargo, en el marco de varias operaciones militares que se adelantaron entre los años 2001 y 2003. Aunque los expedientes por ambos casos son distintos e independientes en la JEP, la realidad a la fecha es una y es la misma que denuncian las víctimas: conforme pasa el tiempo, la impunidad se extiende.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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