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Cuando Salvatore Mancuso habla, “todo mundo queda con dolor de estómago en Córdoba”, cuenta un colega periodista de Montería que lleva más de 20 años cubriendo las noticias de su departamento y que conoce detalles de la guerra que él mismo llegó a vivir, cuando en su adolescencia prestó servicio militar. En la audiencia única de verdad del exjefe paramilitar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han sido mencionados personajes políticos militares, y han salido a flote los nombres de víctimas que antes no habían sido mencionadas.
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En el recinto, de manera presencial, han participado 17 representantes de víctimas de organizaciones en Córdoba, Urabá, Atlántico, Magdalena, Bolívar y La Guajira. Aunque durante la diligencia no había espacio para su intervención porque se trata de una audiencia de escucha, varias de ellas llegaron con demandas de verdad específicas sobre sus casos. Llevaron totumas de calabazo, aceite de tamacá, collares tejidos indígenas, sombreros vueltiaos y alimentos como cacao, limones, aguacates, arroz, yuca, caña, entre otros.
Leslie Orozco fue una de las primeras mujeres que llegó al recinto para la audiencia. Es montemariana, pero vive en el departamento de Atlántico hace 20 años tras haber sido desplazada, justamente, por las Auc. A la audiencia entró con el primer carnet que le dieron cuando se unió a la Asociación Mutual Montes de María, una empresa solidaria de salud que se dedicaba a gestionar subsidios para las personas más pobres de la región. “Queremos saber por qué exterminaron nuestro movimiento. Eso era lo único que teníamos”, dijo.
En alguna parte de la audiencia, durante el primer día, el exparamilitar reconoce, como lo ha hecho durante tantos años, que hubo asesinatos que cometieron los paramilitares y que luego el Ejército hizo pasar como “falsos positivos”, es decir, como si hubiesen sido bajas de la guerrilla. “Nos entregaban listados y entonces golpeábamos a las casas y matábamos a quienes señalaban de guerrilleros”, dijo Mancuso.
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Después de que pronunciara esa frase, Leslie dice que apretó fuerte la boca para no llorar. Recordó el caso de su compañero Héctor Rivas, el fundador de la Mutual Montes de María. Fue asesinado el 5 de abril de 1999, luego de haber sido señalado por varios años como “guerrillero”, tras haber pertenecido al Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Durante la diligencia, se refirió a varias masacres como la de El Aro, en la que aseguró que planearon con datos concretos que entregó la Fuerza Pública a las Autodefensas, como planos de los lugares y ubicación satelital. Mientras tanto, Arnobys Díaz tomaba nota en una agenda pequeña que llevó para consignar las memorias de Mancuso. “Aunque hubiera querido que hablara de la masacre Honduras, de La Negra y de La Chinita”, mencionó.
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Arnobys es de Montelíbano, en Córdoba, e integra la organización de mujeres víctimas, calzado y artesanías Nazareth. Una de las verdades que espera es confirmar si su esposo, Anselmo Isaac Mercado, fue asesinado a manos de paramilitares, como siempre ha creído. “Es una versión que nunca he podido confirmar, pero con lo que ha dicho Mancuso hoy de dónde y cómo operaban, ya estoy creyendo que sí fueron ellos”.
Su esposo trabajaba en una oficina de las Empresas Bananeras del Urabá, en una zona conocida como La Suerte 1. Le contaron que varios hombres entraron a su oficina y le dispararon en varias ocasiones. A ella no le consta porque la llamaron cuando ya estaba en el hospital, en 1997. “Yo nunca averigüé nada porque en ese momento quedé con dos hijos de 2 y 5 años. Uno mantiene pensando que lo están buscando a uno, que me iban a disparar por la espalda cualquier día”, susurra. Quedó viuda a los 26 años.
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La posible responsabilidad que tuvieron algunos empresarios en el conflicto armado por supuestamente haber financiado a las autodefensas es uno de los capítulos menos esclarecido. Mancuso, durante sus días de audiencia, no dio ningún nombre nuevo o hasta ahora desconocido de los empresarios que llegaron a financiarlo. Habló, como siempre, de la Drummond y de empresas bananeras como Chiquita Brands, Banacol y Banadex, incluso de Ecopetrol. Todas estas compañías han tenido investigaciones ante la justicia por su posible financiación a paramilitares, sin embargo, no hay ninguna condena. Mancuso también se refirió a Postobón y Bavaria como dos empresas que también habrían financiado a las autodefensas, sin embargo, no especificó de qué manera y tampoco hay antecedentes judiciales que lo prueben.
Durante la segunda jornada de audiencia, el exparamilitar repitió varias veces el nombre de William Vélez Sierra, un empresario y ganadero que ha sido contratista del Estado con temas de energía, basuras y hasta de la construcción del metro de Bogotá. Algunos políticos lo llaman “el zar del aseo y la electricidad en Colombia”. Mancuso lo llamó: “el amigo cercano de Vicente Castaño”.
Sobre Vélez Sierra dijo que aprovechó la entrada de las autodefensas al Urabá para comprar tierras a precios irrisorios. “Tiene más de 30.000 hectáreas allá”. Pero, además, contó que llegó a darle dinero a Vicente Castaño para financiar la organización y que en varias de sus reuniones revisaban información de primera mano sobre las zonas en las que iban a incursionar. “Él se enriqueció con nuestro actuar, mucho más de lo que está”, afirmó. No era la primera vez que a Vélez Sierra lo relacionan con paramilitares: en 2009, en los memorandos de ‘Jorge 40′, aparecía su nombre. También en unas grabaciones que se filtraron a la prensa en 2012 de exjefes como ‘El Alemán’ y el mismo Mancuso. Sin embargo, las investigaciones que tiene ante la justicia no han prosperado.
Una deuda más, que reclamaron en varios momentos las mujeres víctimas en el recinto, fue la verdad que Mancuso no dijo sobre la violencia sexual ejercida contra ellas. Julieth Guzmán, fundadora de la Red de Mujeres por la Paz de Córdoba, lleva la bandera de la lucha contra la explotación sexual, las violencias basadas en género y la violencia contra los cuerpos en el conflicto. “Esas violencias en el cuerpo de las mujeres nos dejaron una herencia en el territorio: la herencia de la explotación sexual y la prostitución. Es algo cultural que quedó en la población y que es un problema actual”, mencionó.
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Desde la red de mujeres que lidera, está pidiendo medidas de reparación colectiva para ellas, porque dice que muchas no pudieron rehacer su vida después de haber sido víctimas de violencia sexual por parte de los paramilitares. “Ahora son mujeres que tiene miedo de ocupar espacios de toma de poder en Tierralta. Les da miedo pertenecer a procesos organizativos porque temen que su cuerpo vuelva a ser empalado, abusado, tocado o violentado”.
Para ella, las violencias sobre los cuerpos de las mujeres en su municipio no son algo del pasado. Ni tampoco de los paramilitares únicamente, aunque sí les atribuye el origen de esas violencias, pero está convencida de que los problemas actuales sobre explotación sexual en esa zona del país, son herencia de la cultura del paramilitarismo y el narcotráfico que atravesó su municipio en la década de los 90. “Ahora hay un problema de compra, comercialización y explotación sexual de niñas, que heredamos de la cultura traqueta que acecha a las niñas más lindas del pueblo”, dijo.
Su pretensión es amplia y ambiciosa: espera que, en caso de que a Mancuso le abran la puerta en la JEP, pueda reparar de manera simbólica a las mujeres que las autodefensas violentaron y que incida en una estrategia de cambio de pensamiento —y comportamiento— sobre el rol de las mujeres en Tierralta que supere la normalización de esas violencias. Por ahora, le quedan dos días de audiencia para demostrar que fue, prácticamente, un integrante más de la Fuerza Pública. “Un hijo de ellos”, como mencionó en una de las jornadas de diligencia. De lograrlo, los pedidos de verdad de las víctimas, seguramente, serán más estrictos.
En Montería, por estos días, casi todo mundo habla sobre las verdades que Mancuso “ha cantado”. Ahora bien, no es la primera vez que el exparamilitar cuenta verdades al país sobre los aliados de las autodefensas. Lo ha hecho en los últimos 17 años ante la justicia ordinaria y Justicia y Paz. La diferencia es que, en esta vez, se está jugando la última carta para entrar a la justicia transicional que, de aceptarlo, lo convertiría en el primer paramilitar que comparezca ante la JEP.
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Por Valentina Parada Lugo
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