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Con la frente en alto y la mirada llena de dignidad, las víctimas de las antiguas Farc en el norte del departamento del Cauca y el sur del Valle del Cauca escucharon durante una audiencia de dos jornadas a nueve exguerrilleros aceptar su responsabilidad y pedir perdón por los graves crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos en contra de más de 180.000 personas de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. Una diligencia clave en la investigación que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para esclarecer los hechos violentos perpetrados por el desmovilizado grupo ilegal en esa zona del suroccidente del país, entre enero de 1993 y diciembre de 2016.
Se trató de la primera audiencia que adelantó la justicia transicional con relación a uno de sus casos territoriales, lo que marca el tránsito del proceso hacia la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Allí se empezarán a delinear las posibles sanciones en contra de los máximos responsables que asumieron haber participado en ataques a municipios, uso de minas antipersonal, afectaciones ambientales, asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, confinamientos y agresiones sistemáticas a la autonomía, la justicia propia, la educación y la economía de los habitantes de 14 poblaciones del norte del Cauca y cinco del sur del Valle del Cauca.
La diligencia tuvo un primer momento el pasado 25 y 26 de noviembre. Luego, el 2 y 3 de diciembre, en la ciudad de Cali, los nueve comparecientes de la antigua guerrilla de las Farc se encontraron frente a frente con algunas de las víctimas para escuchar sus preguntas, reclamos y demandas de verdad, justicia y reparación. La primera jornada estuvo enfocada en los crímenes cometidos en contra de comunidades afrodescendientes. La segunda abordó las violencias dirigidas en contra de comunidades indígenas y campesinas del sur del Valle del Cauca. Mismas que hacen parte del universo de 156 organizaciones acreditadas ante la JEP como víctimas colectivas.
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Violencia contra los indígenas
En el primer bloque, que inició sobre las 8:17 de la mañana, participaron representantes de los cabildos del sur del Valle del Cauca y del municipio de Miranda (Cauca). En el centro del auditorio, las víctimas prepararon un altar con imágenes de algunas de las personas asesinadas, acompañadas de flores y velas blancas. En las paredes del recinto, seis pancartas con fotos y letra manuscrita señalaban los nombres de algunas de las víctimas de desaparición forzada, de quienes sus familias aún no tienen rastro: Jesús Eneiser Ramos Bubú, Licímaco Trochez, Jhonatan Lugo, Oder Adolfo Guainas, Luis Gonzalo Dagua Giraldo, Richard Alexander Peña Martínez, Helmer Yorley y Estefany Alejandra Largo Meza, Didier Guetia Yonda y José Oviedo.
El primero de los voceros de víctimas* en intervenir habló sobre los asesinatos y desapariciones forzadas de indígenas “señalados por las Farc-EP de ser informantes, colaboradores o enemigos”. Se refirió de manera puntual al caso de José María Pinzón Mestizo, alcalde local de la comunidad indígena Villa Pinzón, en Florida (Valle del Cauca), y asesinado en el año 2003 por hombres de la columna Gabriel Galvis de las antiguas Farc. “A José María lo asesinaron por ser alcalde de la comunidad, por ser muy preciso y muy claro. No hubo respeto a la vida por él”, dijo el vocero. Agregó: “Este asesinato de las autoridades al interior de nuestros territorios causó muchas afectaciones. Muchos hoy pretenden regresar, pero hay temor”.
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Otro de los voceros se refirió al reclutamiento forzado de menores. “En todos los territorios hubo reclutamientos de niñas y niños; muchos estaban en sus escuelas, en el colegio, y fueron convencidos para irse a una lucha que no les correspondía. Las comunidades indígenas tenemos un pensamiento muy distinto a lo que a ellos les tocó vivir”, expresó. Hizo énfasis en el caso de una menor de 13 años, estudiante de grado séptimo y reclutada el 5 de diciembre de 2010. “Esperábamos que nos dieran razón de ella, que la noticia fuera positiva. Sin embargo, en las audiencias algunos de los integrantes de la Gabriel Galvis dijeron que había sido reclutada, acusada de ser infiltrada para atentar contra los mandos de esa organización armada”, narró.
A renglón seguido, le pidió a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) que “tripliquen sus esfuerzos” para buscar a los desaparecidos, muchos de ellos menores de edad que fueron reclutados forzosamente y de quienes sus familias y comunidades jamás volvieron a tener noticia: “Llevamos nueve años en este proceso y aún no vemos lo que queremos ver. El proceso de paz es muy bonito, pero las víctimas y a quienes representamos las comunidades, cada día nos preguntan y aún no hay respuestas”. Y agregó, sobre el reclutamiento forzado: “Las disidencias lo siguen practicando igualito con el reclutamiento y al que de pronto hable un poquito más, lo van callando”.
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Otro vocero narró con la voz quebrada el caso de Claudia Pilcue, menor reclutada y desaparecida forzosamente por la antigua guerrilla de las Farc. Expresó que un hermano de ella hablaría durante la audiencia, pero no pudo “porque el dolor es grande”. Además del reclutamiento de su hermana, sus padres, Marco Antonio Pilcue e Ilia Velasco, fueron asesinados y tuvo que desplazarse forzosamente junto a los miembros de su familia que quedaron vivos. “Hoy siguen desplazados y sin garantías para regresar al territorio. Históricamente, los territorios han vivido esa persecución y es doloroso estar aquí hablando de nuestras víctimas, de todas las que ha sufrido Colombia en esta guerra sin justificación”, expresó.
Un miembro del pueblo nasa también se refirió durante la audiencia al patrón de violaciones a los derechos y autonomía de comunidades indígenas como el pueblo nasa y le hizo una exigencia de verdad a los comparecientes que lo escuchaban. “Queremos una verdad concreta, que realmente la sociedad entienda que la guerra no era con las comunidades indígenas, sino que la trajeron a nuestros territorios”, dijo. Además explicó cómo la desmovilizada guerrilla usó a las comunidades del sur del Valle y el norte del Cauca como escudo para “resguardarse de sus enemigos”, alejándolos incluso de la intervención estatal: “Fuimos olvidados por el Estado, hubo abandono estatal, y en esta audiencia queremos que se reconozca esta afectación”.
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Las intervenciones las cerraron dos representantes del pueblo nasa que hablaron sobre las afectaciones a la educación, justicia, economía, la naturaleza y los asesinatos de líderes comunitarios. “Asesinan a nuestros líderes, tenemos nuestras representaciones y son quienes velan por nuestros derechos y, al asesinar a estas personas, marcan nuestros territorios”, dijo uno de los voceros. “Tal vez los comparecientes no mencionan la dimensión del daño que le han causado a nuestra madre tierra”, recalcó una mayora indígena que cerró su intervención con una frase contundente: “Qué tristeza me da decir que soy desplazada; teniendo mi tierra y mi casa, hoy no tengo nada”.
El dolor de los campesinos
Otra de las poblaciones que hacen parte de las víctimas acreditadas en el caso 05 de la JEP son los campesinos, especialmente los de los municipios de Pradera y Florida, en el sur del Valle del Cauca, donde tuvieron incidencia importante las columnas móviles Gabriel Galvis y Jacobo Arenas de la antigua guerrilla de las Farc. Justo este caso fue el primero de la justicia transicional que acreditó territorios campesinos. “Al habitar territorios en los que se desarrollaba el conflicto armado, el campesinado sufrió múltiples victimizaciones”, dijo durante la diligencia el magistrado auxiliar Tito Alejandro Rusiano Herrera, quien ejerció como secretario del magistrado Raúl Eduardo Sánchez durante los días de audiencia.
Frente a un altar con flores, frutas y las fotografías de seis policías y una mujer campesina asesinados violentamente por la antigua guerrilla, los representantes de los campesinos y de las 466 víctimas individuales acreditadas ante la JEP, les hablaron a los comparecientes y al país. “Nuestra cultura campesina no es solo lo que cultivamos, sino cómo vivimos. Durante décadas fuimos silenciados, nuestros encuentros prohibidos, nuestrs fiestas patronales vigiladas y nuestras escuelas cerradas”, dijo una de las voceras. Agregó que la violencia de los grupos armados se vio agravada por el abandono por parte del Estado: “No hubo garantías judiciales cuando acudíamos a las autoridades. Esa impunidad nos dejó solos”.
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Otro de los voceros, que habló sobre la siembra de minas en territorio campesino, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores de edad, hizo énfasis en el caso del líder comunitario Javier Murillo Ortega, presidente de la Junta de Acción Comunal del dorregimiento de El Líbano, en Pradera (Valle del Cauca), en hecho ocurridos en 2012. El 17 de febrero de ese año se reportó su desaparición y dos días después, en la noche del domingo 19, su cuerpo sin vida, baleado, fue hallado en una cañada. La responsabilidad de ese hecho fue atribuida a la columna móvil Gabriel Galvis, de las antiguas Farc, a cuyos exmiembros el voceo hizo una petición concreta: “Buscamos reconocimiento y verdad”.
Un representante de una de las asociaciones de campesinos de Caldono (Cauca) lamentó ante el auditorio que su comunidad haya quedo en medio de la guerra en la región: “Somos campesinos sujetos de derecho, reconocidos, pero eso parece que no ha pesado”. A renglón seguido, narró que las antiguas Farc “acabaron” con el comercio en 86 veredas y ocho corregimientos de su municipio, con un objetivo deliberado: “Que no hubiera nada qué comer”. Luego, señaló, la guerrilla entregaba mercados a las familias y reclamaban a sus hijos para la guerra, argumentando que ellos los habían alimentado. “Los niños terminaban siendo usados como carnada en los combates y todavía hoy se da”, expresó el vocero.
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Cerró su intervención resaltando la importancia de que los nueve comparecientes imputados por la JEP y seleccionados como máximos responsables den la cara y abran la puerta a que el país conozca la verdad de la guerra, incluso en sus historias más terribles. “No es sencillo darles la oportunidad de la reconciliación, pero las víctimas son ejemplares en esta tarea. Con respecto a quienes asumen todas las responsabilidades con absoluta conciencia del daño causado, para ellos también debe haber la oportunidad de recomenzar, de reintegrarse a la sociedad. Queremos reconocer a quienes, con gallardía, además de firmar el Acuerdo, reconocieron la verdad”, concluyó el vocero de las víctimas.
Por su parte, los representantes de las víctimas individuales acreditadas por la JEP narraron frente al auditorio tres casos puntuales que representan los graves crímenes cometidos en su contra por parte de la antigua guerrilla de las Farc: el ataque a la fuerza pública en El Arenillo, zona rural de Palmira (Valle del Cauca), el 6 de marzo de 2011, en el que murieron seis policías y otros tres resultaron heridos; la activación de un campo minado en La Solapa, en Jambaló (Cauca), donde dos uniformados murieron y varios resultaron mutilados y heridos; y el asesinato de la señora Leopoldina Valencia, de 71 años, el 3 de julio del año 2006 en el municipio de Pradera (Valle del Cauca).
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Sobre este último caso, fue la hija de la mujer quien, entre lágrimas, narró lo sucedido. Sobre las 10:00 de la noche de ese lunes festivo, hombres armados llegaron hasta la vivienda en la que residía la adulta mayor. Sin mediar palabra, los guerrilleros abrieron fuego en su contra. Había sido señalada falsamente de practicar la medicina tradicional y ser informante. Su familia tuvo que recoger el cuerpo destrozado por los disparos, porque la Policía se negó a atender la escena del crimen. “Quiero que quede claro que mi madre no era informante de nadie, no era líder social, no era curandera. Hoy frente a ustedes, comparecientes, les pido que reconozcan la verdad sin rodeos. Que acepten que lo que hicieron contra mi mamá fue una acción injustificada contra una mujer indefensa, que actuaron con violencia desproporcionada”, expresó.
Las cuentas pendientes de los exfarc
Tras escuchar las intervenciones de todos los voceros de las víctimas que durante dos días hablaron de los graves crímenes cometidos en su contra, los nueve comparecientes se tomaron la palabra para reconocer su responsabilidad en los hechos. Igual que durante la primera jornada de la audiencia, señalaron que muchos de los casos expuestos, como el del asesinato de la señora Leopoldina Valencia, ocurrieron por falta de información, indagaciones deficientes ante señalamientos falsos y órdenes directas del Secretariado de esa guerrilla, para cumplir con los objetivos del grupo ilegal. No obstante, señalaron que no hay justificación para lo ocurrido y que están dispuestos a seguir entregando la verdad que las víctimas exigen.
“Ustedes han dicho la verdad, nosotros debemos ser responsables y decirles: sí los afectamos. La guerra no deja nada bueno, destruye todo lo que toca. Es duro estar aquí en estas audiencias; es de admirar cómo las víctimas son capaces de decirnos las cosas, de decir los dolores que sienten, dijo alias “Euclides Salazar”. Pero, de paso, dijo que no hubo entregas de alimentos a las comunidades, con miras a posteriores reclutamientos forzados. “Nosotros como columna Jacobo Arenas jamás, jamás, ofrecimos o dimos cosas ni repartimos remesesas para que ingresarlos al grupo. Si alguien lo hizo a nombre de nosotros, que se aclare y se pueda decir la verdad a las víctimas”, dijo.
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Alias “Jaime Barragán”, otro de los comparecientes, también aceptó su responsabilidad en nombre de la desmovilizada guerrilla. “Reconozco esta responsabilidad por las afectaciones que causamos a la comunidad campesina. No solamente en Caldono, sino donde había comunidad campesina: norte del Cauca y sur del Valle. Afectaciones que van desde el asesinato, la ejucución, el reclutamiento, el confinamiento, todo lo que nos han señalado. Es innegable que estos hechos pasaron y en los cuales tenemos responsabilidad en gran número”. Y alias “José 40” se refirió a los crímenes contra población indígena; dijo que crímenes como los asesinatos de líderes sociales “truncaron el desarrollo de la comunidad”.
Sobre el reclutamiento forzado y desaparición de menores de edad, dijo que “era un plan para engrandecer el ejército que teníamos en ese entonces. Pero hoy entiendo que se dieron graves afectaciones a las comunidades, especialmente a las indígenas, porque eran quienes estaban en ese territorio en el que operamos durante 18 años”. A pesar del reconocimiento de responsabilidad que las víctimas escucharon con recurrencia durante las dos jornadas de la audiencia, su petición sigue siendo clara: verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y paz en una región que sigue en medio de la violencia que ejercen hoy quienes en su momento no se acogieron al Acuerdo de Paz y siguen sembrando el horror en el Pacífico colombiano.
*Las identidades de víctimas y comparecientes fueron omitidas por motivos de seguridad.
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Por Gustavo Montes Arias
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