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Cuando a principios de año este diario hizo las indagaciones sobre lo que venía en materia de demandas contra Colombia, recibió la respuesta de que este 2024 era “el año de los laudos”. Es decir, un periodo en el que, en cualquier momento, se iban a resolver gran número de procesos judiciales de orden internacional, iniciados por empresas que demandaron al país por no proteger sus multimillonarias inversiones en sectores como la minería, las telecomunicaciones y más negocios. Y así fue. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal ante el cual se dirimen este tipo de procesos, resolvió en ráfaga ocho mega expedientes. En algunos, salvó a Colombia de pagar billones, pero en otros, rajó al país por desproteger las garantías de sus inversores y lo obligó a desembolsar dineros sensibles para las finanzas del Estado.
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Entre las victorias está la lograda por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) en septiembre pasado, a favor de Colombia y en contra del inversionista norteamericano Vercara, antes conocido como Neustar. Se trata de la empresa que se encarga del desarrollo y la seguridad del dominio “.co” de las páginas web colombianas. Su demanda tiene origen en 2009, cuando firmó un contrato para ese fin por 10 años, el cual, según sus cuentas, era prorrogable por 10 años más. No obstante, en 2019, el gobierno de Iván Duque abrió una licitación, cerrándole posibilidades a Vercara, que al final logró una renovación por solo cinco años y con graves pérdidas económicas, por lo que solicitó ante el Ciadi una indemnización de US$350 millones. Aun así, Colombia logró probar que la prórroga era una posibilidad y no una obligación, por lo que actuó con transparencia.
En junio, Colombia logró salvarse de otra demanda, pero por US$300 millones, iniciado por un grupo de inversionistas estadounidenses encabezados por Ángel Seda, quienes hace una década quisieron alzar el proyecto inmobiliario Meritage, en la vía que de Medellín conduce a Rionegro. Todo se frenó cuando, en 2016, la Fiscalía confiscó los terrenos donde se había invertido para tener 35 locales, 114 apartasuites y 116 casas. El ente investigador, en su momento, consideró que el lote había pasado por testaferros de la Oficina de Envigado y hasta del narcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría. Con el asesoramiento de la firma de abogados GBS Disputes, el país logró probar la figura de la “seguridad esencial” ante el Ciadi, relacionada con la protección del interés general de la ciudadanía al momento de confiscar los terrenos.
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Por extracción minera en inmediaciones del Páramo de Santurbán (Santander), Colombia tuvo un par de victorias en junio y febrero de este año. En el primer caso, el país se salvó de pagarle US$ 196 millones a la multinacional canadiense Montauk, antes conocida como Galway. En el segundo caso, el pulso se le ganó a la también minera canadiense Red Eagle, por US$130 millones. En ambos expedientes los inversionistas solicitaron la protección de sus derechos de inversión, dado que, en 2014, el Ministerio de Ambiente estableció nuevos límites dentro del Páramo de Santurbán, prohibiendo la minería en una zona que ya tenían concesionada por años. En ninguno de los expedientes, los inversionistas pudieron probar que se vulneraron las garantías planteadas en el tratado de libre comercio con Canadá.
Un caso aislado, también relacionado con Santurbán, merece el fallado a favor de Colombia y en contra de otra de las mineras canadienses, Eco Oro. En julio pasado, la multinacional tampoco recibió compensación alguna por la delimitación del páramo de Santurbán, a pesar de solicitar US$ 764 millones. La multinacional activó en septiembre pasado un procedimiento de rectificación teniendo en cuenta de que, en 2021, el Ciadi había considerado estimar daños y ordenarle a Colombia una indemnización. Aun así, desde el principio del expediente, el tribunal arbitral consideró que prohibir la minería en el Páramo de Santurbán fue una decisión legítima, en el marco de la protección de los recursos naturales y el bien general de la población colombiana.
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Sin embargo, no todas fueron victorias en 2024. En noviembre pasado, el magnate de las telecomunicaciones Telefónica, que tiene negocios aquí a nombre de Movistar, le ganó al país un pleito por US$ 689 millones. Telefónica probó que Colombia le ocasionó graves daños económicos al dejar en firme la cláusula 33 del contrato suscrito, en los años 90, para montar su negocio en el país. Según esa regla, que fue declarada legal por la Corte Constitucional en 2013, Telefónica siempre estuvo comprometida a devolver a la Nación todos los bienes y elementos utilizados para prestar el servicio de telefonía. Como ello no fue posible con el tiempo, el caso se sometió ante la Cámara de Comercio de Bogotá en 2017, momento en el cual la multinacional fue condenada a pagar $3,1 billones al país. La decisión del Ciadi de este año obligó a Colombia a devolver ese monto, más intereses.
En otra decisión contra el país, en junio pasado, el Ciadi le ordenó a Colombia pagarle US$ 9,5 millones al inversionista minero australiano South 32, el cual extrae y produce a cielo abierto ferroníquel en la mina Cerro Matoso, en Montelíbano (Córdoba). South 32 reclamaba una indemnización de US$ 94 millones, por lo que consideró un trato injusto y desigual de las autoridades nacionales, las cuales le cambiaron las reglas con las que debía pagarle regalías al país, en contraprestación por extraer recursos naturales. El expediente incluyó el antecedente de la investigación de responsabilidad fiscal de la Contraloría en su contra, anunciada en 2020, por una presunta falta de pago de regalías entre 1982 y 2012. En su momento, el órgano de control obligó a South 32 a pagar $230.000 millones.
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En 2024, en conclusión, Colombia se salvó de pagarle US$ 976 millones a inversionistas extranjeros, pero se le ordenaron pagos por US $698,5 millones. Aun así, Colombia solicitó la anulación del laudo con Telefónica, esperando que, en una segunda ronda, se restrinja el pago de una suma que podría desequilibrar las finanzas nacionales. Asimismo, el siguiente año las instancias internacionales seguirán recibiendo demandas y resolviendo otras tantas como la originada por la mina de oro en Buriticá (Antioquia). El conglomerado chino Zijin Mining Group demandó ante el Ciadi desprotección a su inversión de US$ 1.000 en la mina, dado que el Clan del Golfo se ha apoderado de sus principales túneles. El 2025, aunque será menos movido, promete también noticias en clave de millones de dólares.
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