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Róbinson Javier González del Río es un viejo conocido de los expedientes judiciales. Nacido en Granada (Meta) hace 51 años, 24 de los cuales los pasó en el Ejército, este teniente coronel retirado fue uno de los protagonistas y promotores del horror extendido de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Bajo su mando, sus hombres asesinaron a mansalva a cuarenta y ocho civiles, entre quienes se contaban ebanistas, conductores de volquetas, coteros de arena, obreros de construcción, arrieros, trabajadores de trapiche, mecánicos de motos, vendedores ambulantes, comercializadores de ropa, instaladores de vidrio y aluminio y hasta constructores de alcantarillas. Todos eran civiles ajenos al conflicto, aunque González del Río los presentó como guerrilleros abatidos en combate cuyos crímenes permanecieron impunes durante años.
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No obstante, cuando empezó a destaparse este capítulo de barbarie, las actuaciones de González del Río terminaron en múltiples condenas de juzgados de Antioquia, Córdoba, Cauca, Caldas y Bogotá por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, falsedad en documento público, fabricación y porte de armas, peculado y hasta por alianzas con Los Urabeños para transportarles armamento. El 29 de diciembre de 2017, tras cuatro años y siete meses en prisión, recuperó su libertad tras acogerse a la JEP, donde contó en detalle cómo operó el fenómeno criminal de las ejecuciones extrajudiciales y dio nombres de los responsables. Tras las recientes audiencias de perdón entre víctimas y victimarios en Ocaña (Norte de Santander) y el avance de la JEP en este macrocaso, estas confesiones vuelven a tener toda la atención.
El Espectador conoció todas sus versiones ante esa jurisdicción, de las cuales en su momento solo se reveló un fragmento de tres minutos divulgado por la revista Semana. Lo primero que explicó es que una vez cayó detenido se dio cuenta, después de hablar con decenas de militares enjuiciados por estos crímenes, que la génesis de la tragedia de los falsos positivos se remonta a la formación de los cadetes. “Somos formados, perdóneme la expresión tan fuerte, para matar. Quisiera hacer una demostración con mi cuerpo: cuando entro a la Escuela de Cadetes me enseñan a disparar y el primer fundamento es que debo pasar la materia sobre 7. Y si me dicen que esto es 10 (se señala en el centro de la cara), que esto es 9 (los ojos), que esto es 8 (la frente), que esto es 7 (más arriba), y que si pego un 6 no me voy a graduar… O sea que me enseñan a disparar para matar”.
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También recalcó que en la parte teórica, para explicar los principios de la guerra, solían hablarles a los cadetes sobre cómo las trampas, los ardides y los engaños hacían parte del conflicto y que dichas instrucciones quizá pudieron ser utilizadas o entendidas como una especie de justificación por muchos oficiales que terminaron patrocinando estos delitos. Todo eso sumado a una presión por resultados por parte de la cúpula militar. En su caso, González del Río aseguró que en diciembre de 2006, mientras oficiaba como comandante de un batallón de contraguerrillas, cometió su primer crimen. Que todo el tiempo le estaban pidiendo bajas, que los desmovilizados y las capturas no servían y que en las filas castrenses se había diseñado un esquema de promociones e incentivos perversos a los que se accedía contando muertos.
“Desafortunadamente en 2006 mi general (Mario) Montoya recibe como comandante del Ejército y si ustedes miran, porque esto no nació (ahí), si bien venía desde el 90 con hechos aislados, cierto, ya en 2006 no se volvieron hechos aislados sino hechos repetitivos, consecutivos y, fuera de eso, reportados”, insistió. “El error del Ejército no viene de ayer ni de antier, sino en forma escalonada y llegando a un punto en que, así sea duro decirlo, hay un descaro”. Según el testigo, si se analiza la línea de tiempo de las unidades por las que pasó Montoya antes de llegar a comandante del Ejército se pueden rastrear sus “resultados operacionales”. Y puso como ejemplo su paso por la IV Brigada. “Cuando el general la recibe, en 2002 o 2003, es donde empieza a hacer carrera” y las bajas a incrementarse de “forma descontrolada”.
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En su criterio, esos números inflados lo catapultaron como el general tropero que buscaba el gobierno de Álvaro Uribe para enfrentar a las guerrillas de las Farc y el Eln. Y por eso esa “cultura militar” de Montoya se trasladó de una región particular a todo el país. “Mi general Montoya en programas de radio diciéndoles a comandantes de brigada o de batallón: ‘Hermano, ya que no reporta bajas vaya al menos al anfiteatro y reporte una de las bajas que están allá’. O ‘releve ese comandante porque no lleva nada de resultados’. Yo lo viví en carne propia. Como comandante del Gaula, llevaba más de treinta capturas, diez desmovilizados y más de $6.000 millones en prevención de extorsión y él me dijo: ‘No, hermano, usted no lleva nada de bajas’. La efectividad de los comandantes se medía por bajas y por eso se hablaba de un top diez de batallones”.
Entre 2006 y 2008 la presión por resultados se incrementó. Fue justamente esa época la que reconoció González del Río como la más fértil para multiplicar este fenómeno criminal en el país. Tanto que recordó: “Es cuando mi general [Hernando] Pérez Molina me dice: ‘Hermano, o usted hace bajas o le doy de baja’”. —En esa época, noviembre de 2006, Pérez Molina era el comandante de la Tercera División del Ejército—. Y agregó: “[Pérez Molina] simplemente me dijo: ‘Si usted no hace bajas, me da mucha pena con usted; usted puede tener una carrera muy brillante, haber ido al exterior, estar preparado, [pero] me toca darlo de baja, hermano, no puedo hacer más’. Fue su ultimátum”. Ahí fue cuando, según González del Río, cuyo batallón estaba en Buenos Aires (Cauca), presentó su primer muerto irregular.
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Ocurrió el 30 de diciembre de 2006. Agobiado por esas exigencias, González del Río acudió a un cabo, que le contó cómo estaban “legalizando” operativos en el Cauca: se hacía inteligencia contra grupos ilegales o delincuentes comunes, se identificaban objetivos y luego se procedía a asesinarlos y presentarlos como muertos en combate. Con una particularidad: según el testigo, a todos ellos les plantaban armas cortas. Era casi que un distintivo de que el operativo había sido irregular. Lo curioso es que antes de que González del Río entrara por ese camino sin regreso, el general Leonardo Gómez Vergara, entonces comandante de la Tercera Brigada, le había dicho que no se prestara para hacer montajes ni “güevonadas”. “Usted no tiene necesidad de hacer esas bajas, González. Quien lo estudie sabrá que lo tiene que llamar a teniente coronel porque lleva una buena carrera”.
También relató González del Río que el general Gómez Vergara tenía todas las reservas con las actuaciones del general Pérez Molina, aunque este era su superior. “La posición de mi general Gómez Vergara era muy radical de no aceptar ese tipo de misiones tácticas, pero por la misma jerarquía mi general Pérez Molina impartía una orden verbal y por escrito (…) Lo único que hacía mi general Gómez Vergara era [decirme]: ‘Si usted cree que la operación, tal como la presenta mi general Pérez Molina, es real, hágala; pero si usted ve que eso va a generar un problema jurídico porque usted está cumpliendo una orden, no mía, yo simplemente estoy facilitando el área, usted verá qué responsabilidad asume’”, aseveró el testigo. Las órdenes, pues, eran ilegales, según González del Río, porque la exigencia, incluso antes de hacer las operaciones, era hacer las bajas.
Hace poco el general Hernando Pérez Molina fue aceptado por la JEP en el marco de estas investigaciones. En ese contexto, el oficial en retiro declaró: “Una vez capturé a dos personas [y la respuesta de mis superiores fue]: ‘No, hermano, pero usted solo capturas, ¿y las bajas?’. Puede ser que no estaba la orden directa, pero sí había un mensaje indirecto”. Todo se fue acentuando y esta práctica criminal tomó forma. “Se hicieron como treinta bajas, de las cuales 22 fueron ilegales (…) Todo se hacía bajo la ley del silencio, porque había que justificar la sola inversión del crecimiento del Ejército y el Plan Colombia”. Y enseguida se preguntó: “¿Cómo el comandante del Ejército no se va a dar cuenta de cuáles bajas fueron legales e ilegales y cómo un comandante de división no se va a dar cuenta? A pesar de que se sabía que muchas bajas no eran de transparencia se permitieron”.
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En reemplazo del general Pérez Molina en 2007 en la Tercera División fue designado el general Justo Eliseo Peña. “Él llega con la misma política de resultados operacionales: que a los comandantes nos evaluaban por bajas en combate. Solo quienes hacían bajas lograban mantenerse como comandantes de batallón”, manifestó González del Río. Quienes no lograban mantener esos números sencillamente eran relevados. “El término ‘bajas en combate es legal’, pero lo que no era legal era el cómo se hacían. Y es lo que les decía, honorables magistrados, que es un punto de quiebre para entrar a evaluar estos resultados operacionales”. De acuerdo con su versión, los GAULA militares de Casanare, Antioquia, Valle, Córdoba, Santander y Meta fueron la punta de lanza de ese fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales.
González del Río luego fue trasladado a Caldas para comandar el Batallón de Contraguerrillas 57, cuyo objetivo era golpear al frente 47 de las Farc, al mando de alias Karina. Y, según él, el general Jairo Herazo Marzola le pidió el mismo ritmo de bajas que traía en Cauca y Valle del Cauca. “Aquí lo que toca hacer es bajas. Recuerde que su batallón está muy bien perfilado y posiblemente usted de aquí salga para el exterior”, declaró González del Río. Y lo mismo le pasó cuando fue trasladado al GAULA Antioquia, donde fue recibido por el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, entonces comandante de la Cuarta Brigada. “[Rodríguez] Barragán me llamó a la oficina y me dijo: ‘¿Hermano, usted recibe el GAULA y no va a hacer más bajas? ¿O sea, ya con las que hizo en el Batallón de Contraguerrillas cree que cumplió?’. Le dije: ‘La verdad, yo veo un tema jurídico delicado’”.
Ya entonces la Justicia Penal Militar estaba haciendo investigaciones más profundas sobre lo que ocurría, pues el fenómeno ya era una realidad multiplicada en todo el país. Según González del Río, el general Rodríguez Barragán insistió en que no se preocupara, pero que necesitaba operaciones y bajas. “Nosotros vamos a poner unos abogados aquí —dice el testigo que le dijo el general—. ‘¿Qué necesita usted para hacer bajas, hermano?’. Entonces yo le dije: ‘Mi general, la verdad es que no sé cómo funciona este GAULA. No tengo confianza, no conozco la gente y no me atrevo a hacer un planeamiento operacional con nadie que no conozca’. Entonces me dijo: ‘¿Usted qué necesita?’. Le dije: ‘Hay un subteniente que se llama Madroñero Quemba Edwin que fue orgánico de mi batallón de contraguerrillas. [Hay que] traerlo para acá, para Antioquia’”.
Según el testigo, así ocurrió. “¿Por qué pongo esta referencia? Porque es un ejemplo de que a uno le facilitaban las cosas para hacer esos resultados”, relató. “El general me dice: ‘Bueno, yo traigo al teniente Madroñero’. Le dije: ‘Mi general, eso no es suficiente: hay que amarrar muy bien la parte jurídica y la parte legal del levantamiento y el manejo de la escena’”. De acuerdo con González del Río, había que cumplir con bajas sí o sí. Incluso refirió que la entonces jueza militar Cristina Lombana (hoy magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia) se les convirtió en un problema por sus investigaciones en varios casos. Un oficial de Antioquia le dijo entonces: “Es que estamos jodidos con esa juez Cristina Lombana, porque esa vieja todas las declaraciones que toma es a buscarle a uno la caída y esos procesos sabemos que van a terminar en la justicia ordinaria”.
Según González del Río, le comunicó sus preocupaciones sobre los militares del GAULA al general Rodríguez Barragán, quien le habría hecho la vida imposible a ella. “Yo le digo: ‘Mi general, es que la gente no se siente segura con la jueza penal militar (Cristina en ese tiempo era teniente; yo, mayor. Cristina había sido alumna mía cuando estudié en la Escuela Militar como capitán). Y mi general coge entre ojos a Cristina Lombana. Tan así que terminan relevándola del juzgado, porque Cristina tomó una posición muy radical en cuanto ese tipo de bajas y procedimientos y era muy inmediata en actuar, cuando iniciaba la investigación no esperaba sino el informe y al otro día pedía que declarara todo el destacamento que participó [en el operativo cuestionado] y en un día sacaba las declaraciones. Eso generó una presión y un temor jurídico peor en las personas”.
El Espectador consultó el general Juan Pablo Rodríguez y aclaró que nunca trabajó ni conoció al coronel (r) González del Río antes de que llegara a la Cuarta Brigada. Agregó que el testimonio de Del Río es “sospechoso y tiene poca credibilidad con un prontuario delectivo robusto que lo único que esta buscando es obtener una rebaja de penas y beneficicios jurídicos , enlodando el buen nombre del suscrito y de la institucion militar. Nunca di ninguna orden ilegal a los integrantes del Gaula, se les exigió el cumplimiento de la misión institucional para proteger a la población civil antioqueña”.
En ese momento las denuncias de organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas y miembros de la sociedad civil ya eran “vox populi” y eso coincidió con el destape de los falsos positivos por el episodio de Ocaña, en Norte de Santander. Al final de su extensa declaración ante la JEP, González del Río sostuvo que cuando empezó a colaborar con la justicia buscaron callarlo. “Sufrí todo tipo de presiones. Me enviaron a diferentes cárceles del país. Estuve en patios en donde corrí riesgos. Fui comandante del GAULA de Antioquia y me metieron en un patio con ‘Douglas’, jefe de la Oficina de Envigado; con ‘don Mario’, con alias ‘el Canoso’, de los paramilitares; con alias ‘el Carnicero’, cuando estuve de comandante en Palmira y combatí la banda criminal que él manejaba, y allá le dicen a uno: ‘Vea, coronel, no se ponga a joder con la gente, deje a esos generales quietos’”.
“¿Por qué no se hacían denuncias sobre las irregularidades que estaban ocurriendo y de las que ustedes eran conscientes?”, le preguntaron en la diligencia al testigo, quien contestó con crudeza: “Por el temor a la vida y a la integridad de la familia. Porque eso iba a tocar callos y no es de negar el poder que maneja un comandante de brigada o un comandante de división (…) Uno analiza y dice: ‘Mi general tiene el poder, tiene la inteligencia, tiene la gente a cubierta, tiene todo para mandarlo a callar a uno’”. Estas acusaciones de González del Río llevan mucho tiempo siendo procesadas por la JEP, que tiene varios subcasos en el expediente de ejecuciones extrajudiciales. Todos los salpicados por González del Río han reivindicado su inocencia o ni siquiera han sido requeridos por esa jurisdicción, como el general Rodríguez Barragán.
El Espectador consultó a Andrés Garzón, abogado del general Mario Montoya Uribe, quien no solo recordó que González del Río está detenido desde febrero pasado por un escándalo de corrupción que lo relaciona con la mafia, sino que advirtió que este oficial en retiro es un mentiroso profesional. “Él es un hombre proclive a decir mentiras y todas han ido saliendo. Además, hemos entregado las pruebas que demuestran esas falsedades, tanto de él como de otros militares vinculados a estos casos. Lo que pasa es que las penas que enfrentan esos militares por esos crímenes son tan altas que van a decir las mentiras que sean necesarias para esquivarlas”. A decir verdad, la permanencia de González del Río ante la JEP, así como sus confesiones, están en veremos, justamente porque ahora se le acusa de ser enlace del extraditable Juan Larrison Castro, alias Matamba.
Este diario también dialogó con John Castelblanco, abogado del oficial en retiro. De acuerdo con él, las confesiones de González del Río le han permitido a la Fiscalía y a la JEP avanzar en sus pesquisas para tratar de reconstruir un caso tan complejo como el de los mal llamados “falsos positivos”. También señaló que su cliente hoy está recluido en una cárcel en Antioquia y que estaría recogiendo pruebas para tratar de buscar un acuerdo con la justicia o, incluso, un eventual principio de oportunidad. De todas maneras, si la JEP expulsa a González del Río por haber delinquido después de haberse sometido a esa jurisdicción, las condenas en su contra se reactivarían. Los cargos en su contra no son menores, pues lo relacionan como emisario entre la organización de Matamba y el general Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, quien dice ser inocente.
Por Juan David Laverde Palma
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