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La última vez que el general (r) Jaime Lasprilla estuvo como oficial activo en el Ejército fue en junio de 2015, en medio de las tensiones que tenía el entonces comandante del Ejército con el gobierno de Juan Manuel Santos por el proceso de paz que se adelantaba con las FARC. Además, sobre el alto oficial en ese momento empezaba a rondar un fantasma que ahora lo tiene como imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): su presunta participación en el asesinato de civiles que luego eran presentados como guerrilleros caídos en combate. Según esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con el grupo subversivo, Lasprilla fue el máximo responsable de un plan criminal que dejó un saldo de 200 personas muertas en Huila, entre 2005 y 2008.
De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad, Lasprilla, quien llegó al cargo más importante en el interior del Ejército, no estuvo solo para ejecutar los denominados falsos positivos. Lo que estableció la JEP es que allí, como cabeza de esa macabra empresa, estuvieron otros generales de quienes ya había denuncias de su posible participación en las ejecuciones extrajudiciales: William Fernando Pérez Laiseca, Miguel Pérez Guarnizo, Marco Evangelista Pinto y Édgar Rodríguez Sánchez. Estos últimos fueron ascendidos por el Congreso en diciembre de 2020 y un año después de que Human Rights Watch alertara sobre las graves denuncias en su contra.
Esta imputación contra Lasprilla es la segunda que hace la JEP contra un excomandante del Ejército, pues en angosto pasado el general (r) Mario Montoya, quien ejerció la Comandancia del Ejército entre 2006 y 2008, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 130 víctimas mientras estuvo a cargo de la Cuarta Brigada del Ejército. En el caso de Lasprilla, los hechos por los que hoy está respondiendo ante la JEP ocurrieron mientras él era la cabeza de IX Brigada en el departamento huilense, pero que también tiene jurisdicción en Caquetá, una zona de guerra en el que la guerrilla de las FARC tuvo en esos años un trozo de su principal estructura ilegal: el Bloque Oriental.
Fue en ese contexto de guerra que Lasprilla logró construir una reputación entre la tropa, que hoy vuelve a ser puesta en duda no solo por organizaciones sociales, sino por la propia justicia, que lo señala como el principal articulador de esa máquina criminal que también desapareció a 33 personas y las hizo pasar como guerrilleros o como delincuentes comunes. Pero también fue en esa zona de injerencia subversiva que Lasprilla, en 2011, tuvo que dar la cara por un grave error cometido por sus uniformados, cuando estuvo al mando de la Fuerza de Tarea Omega, encargada en ese momento de 21.000 hombres para hacerle frente al Bloque Oriental de las FARC.
En junio de 2012, un soldado señaló que en esa jurisdicción de Lasprilla denunció públicamente que en junio de ese año él y otros uniformados encontraron el computador de Romaña, entonces comandante del Bloque Oriental, pero que este nunca se reportó a las autoridades y el disco duro del artefacto se perdió. Lasprilla salió a medios de comunicación y dijo que su unidad estaba “haciendo patria” y que se debía respetar el debido proceso mientras se hacía la investigación por la justicia penal militar. Al final, esta llamó a cinco altos oficiales del Ejército, entre los que no estaba el hoy imputado general Lasprilla.
Después de su salida del Ejército, tras su enfrentamiento con Santos, el general Lasprilla mantuvo un perfil bajo y su nombre solo salió a relucir cuando la JEP empezó a indagar sobre los falsos positivos en esta zona del país y constató que, aparentemente, él tuvo un papel crucial para que se cometieran esos crímenes de guerra y de lesa humanidad. La investigación apunta a que dos batallones subordinados al alto oficial reportaron 69 enfrentamientos, de los cuales 63 fueron simulados y generaron un total de 200 civiles muertos, de los cuales 33 fueron desaparecidos de manera forzada. Sin embargo, dice el documento de 800 páginas que sustenta su imputación, él negó cualquier irregularidad.
“Esos crímenes se dieron con ocasión de un plan que perseguía mostrar como resultados operacionales legítimos las muertes producidas en combates simulados, para dar una falsa sensación de seguridad a la población civil y exhibir la supuesta diligencia del Ejército, así como obtener beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional. La Sala cuenta con bases suficientes para afirmar que su actuación corresponde al ejercicio de un rol de liderazgo frente a la consolidación del plan criminal. Esto debido a que, desde la posición formal y material de mando que ocupó el general, realizó aportes esenciales para su difusión, permanencia y encubrimiento”, afirmó la Sala de Reconocimiento de la Verdad.
¿Y qué viene ahora? Lasprilla y los otros 34 uniformados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos o negarlos. A su vez, las víctimas del caso y la Procuraduría tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones frente a lo determinado en el expediente. Una vez venza el tiempo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento de verdad, en dado caso de que acepten los cargos imputados. En cambio, si los militares retirados niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en donde afrontarán un juicio.
Este diario se contactó con el general (r) Lasprilla para conocer su versión de los hechos, pero al cierre de esta edición no se pronunció.
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