Le piden a la Fiscalía aclarar falta de avances en investigación contra José Obdulio Gaviria

En el derecho de petición se pide una aclaración sobre el por qué después de seis años y siete meses el ente investigador no se han logrado avances significativos en la denuncia radicada por las amenazas con fines terroristas de las que fueron víctimas por parte del grupo Águilas Negras a mediados del año 2007 después de que en columnas de opinión los calificara de tener relación con la guerrilla de las Farc.

“Hechos que se produjeron después de nuestra estigmatización pública por Francisco Santos Calderón y José Obdulio Gaviria, a quienes no dudamos en señalar como determinadores”, precisa uno de los apartes del documento firmado por los dirigentes del sindicato Jorge Iván Vélez y Albert Quintero.

Para los peticionarios es necesario que el Fiscal General, el Vicefiscal General y la directora nacional de Fiscalías expliquen qué medidas se han tomado, desde sus diferentes despachos, para evitar la prescripción de esta investigación. Y es que para los accionantes este caso no puede quedar en la impunidad ya que por estos hechos los representantes del sindicato tuvieron que exiliarse debido a las amenazas.

En el derecho de petición se llama la atención sobre el hecho de que pocos días después de la publicación de la columna de opinión firmada por Gaviria en dos diarios regionales, uno de circulación nacional y la página web de la Presidencia de la República y las declaraciones públicas de Santos Calderón ante los medios de comunicación, los miembros de Sintraemcali, Sintraunicol y Sintrateléfonos fueron declarados objetivo militar por dicha banda criminal.

“Es claro Señor Fiscal que las amenazas provenientes de estructuras paramilitares se producen dieciséis (16) días después de las publicaciones efectuadas por parte del Señor José Obdulio Gaviria”, precisan los accionantes quienes realizaron una comparación entre la columna de opinión y el panfleto que les llegó a sus respectivas oficinas.

En el documento de ocho páginas, se manifiesta que reviste de gravedad el hecho de que las declaraciones públicas hechas en su contra, en las que fueron calificados de tener nexos con el ELN y las Farc, fueron hechas por un alto funcionario del Gobierno Nacional desconociendo las alertas emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre la grave situación de los sindicalistas.

“En tal sentido, debe inexorablemente investigarse el papel ejercido por el asesor presidencial como determinador de estas amenazas con fines terroristas, en tanto el Gobierno conocía previamente, como lo señaló Naciones Unidas, que estos ataques generaban consecuencias, para la vida, integridad y libertad de los defensores de derechos humanos, entendiendo que de ellos hacen parte los sindicalistas”, precisa el derecho de petición.

Finalmente se indica que la Fiscalía General debe entregar las garantías procesales y respetar el derecho como víctimas a la verdad, justicia y reparación “pero especialmente a contar con un recurso eficaz”.