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Ley de Justicia y Paz, una mirada en blanco y negro

Estudio de la OIM compara programas de reparación de varios países.

20 de octubre de 2010 – 05:00 p. m.

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Una de las principales conclusiones del documento es que las víctimas del Estado deberían ser incluidas en los procesos de compensación económica por vía administrativa.

Es un error que en la Ley de Justicia y Paz se hubieran especificado reparaciones por vía administrativa a víctimas de grupos al margen de la ley, dejando por fuera los delitos cometidos por agentes del Estado; a junio de 2010, de más de 330.000 reclamos de víctimas para ser reparadas, sólo se han tramitado algo más de 88 mil, evidenciando la lentitud del proceso; el cálculo para compensar económicamente a los miles de afectados por la violencia en Colombia, costaría unos 4 billones de pesos.

Estas son las principales conclusiones del Estudio Comparado de Programas de Reparación Administrativa al examinar los casos de Colombia, Argentina, Turquía, Chile, Irak y Alemania. El documento fue elaborado por expertos internacionales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con apoyo de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), y básicamente hace un examen en blanco y negro de la Ley de Justicia y Paz promovida por el gobierno en julio de 2005.

De acuerdo con el estudio, de 44 páginas, los expertos compararon los casos de Chile y Argentina con Colombia porque “hay una herencia política similar” y hay violaciones a las víctimas en un contexto de persecución política, y en lo que tiene que ver con las experiencias en reparación de Turquía, Alemania o Irak, por el alto número de demandas y el tiempo de espera para la resolución de estas investigaciones. A julio pasado, 3.200 víctimas del conflicto colombiano presentaron una solicitud para recibir reparación administrativa pero, según el estudio, apenas se han imputado cargos a 206 postulados y sólo hay una sentencia proferida por jueces de la República.

Peter Van der Auweraert y Norbert Wuhler, promotores del estudio comparativo, en diálogo con este diario recordaron que la discusión sobre las víctimas del Estado siempre ha sido un asunto difícil. Por ejemplo, en el año 2000 se aprobó en Alemania una ley que destinó 5 mil millones de euros para compensar a 2,4 millones de víctimas del régimen nazi. Hubo un reconocimiento histórico de lo ocurrido, pero no se aceptó una responsabilidad estatal. En Turquía hubo una discusión similar y en el caso de Irak, se encontró que entre 1979 y 2003 hubo una política de desplazamiento continuada del Estado en cabeza de Saddam Hussein.

Los expertos de la OIM consideran que el denominado proyecto de Ley de Víctimas que cursa en el Congreso es tan amplio e incluyente que sin duda constituye la propuesta más ambiciosa para devolver las tierras arrebatadas por los violentos a sus verdaderos dueños. Pero, agregan, es importante que a las víctimas no sólo se les compense con dinero, sino también con trabajos de memoria histórica y la garantía de que esa violencia desbordada no volverá a repetirse.

Una de las conclusiones más relevantes es que en Colombia muchos expedientes están represados por antigüedad, mientras que en otros países estos hechos son unificados dependiendo de la gravedad del delito, lo cual garantiza mayor velocidad a la hora de tramitar los casos. En últimas, la propuesta es que las víctimas de agentes del Estado también puedan ser reparadas por la vía de la Ley de Justicia y Paz.

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