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El fallecido exembajador de Colombia en El Vaticano, Guillermo Escobar Herrán, a quien se le atribuyó ser el artífice de la venida del papa Francisco en septiembre de 2017, volvió a ser ligado a un proceso judicial. Aunque propiamente su nombre no fue mencionado, sí apareció una empresa que estaba a su nombre y por la que ya fue sancionado en 2018 por el Consejo de Estado. Se trata de la Compañía Agrícola y Comercial del Tolima y Cía. Ltda., la cual aparece como una de las propietarias de un lote de 13 hectáreas en zona rural de Montería (Córdoba) que habían sido despojadas en 1998 en un contexto en el que los hermanos paramilitares Castaño desplazaron y asesinaron a la población de esta zona.
El Tribunal Superior de Antioquia emitió un fallo de restitución de tierras, en el que menciona a esa compañía como una de las empresas que tuvieron dominio sobre un predio conocido como Mundo Nuevo y que fue arrebatado a una familia campesina. Ese terreno, que fue devuelto por el Tribunal a sus originales dueños, estuvo los últimos años en manos de una conocida mujer de la alta sociedad monteriana y quien tiene importantes conexiones en el Caribe. Se trata de Soleil María Zapata, quien también aparece en papeles como integrante de la firma Boreal Inversiones, dirigida por su hija y su yerno, el empresario y contratista Javier Haddad Cure, exsocio de los Nule.
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Aunque el reciente fallo no da luces de cómo se dio el despojo de estas tierras, El Espectador conoció otra decisión del Tribunal de Antioquia emitida en septiembre de 2017, hasta ahora publicada, en la que también aparece la compañía del exembajador Escobar y Soleil María Zapata, quien tuvo que devolver ese año por orden del Tribunal otros siete predios en esta misma zona de Montería. En ambos fallos se menciona a dos hombres de los que hasta ahora no se tiene mayor información, pero fueron quienes se quedaron con los predios después de que los campesinos fueran amenazados por hombres armados: Ariel Antonio Narváez Montiel y Cesáreo Bernal.
Fue este último, según los fallos, quien le vendió en 2005 los terrenos a la compañía del exembajador Escobar, quien luego se los transfirió en 2006 a la empresa ganadera Consorcio Agropecuario del Sinú, la cual terminó vendiéndolos en 2009 a la empresaria Zapata. Uno de los campesinos que declaró en los procesos dijo que los hombres que participaron del despojo no los pudieron identificar porque no eran de la zona. En ninguna de las sentencias de restitución la firma del exembajador explicó cómo adquirió esas tierras, pues en el primer fallo no fue convocado y en el reciente fue citado a declarar en noviembre de 2018, un año después de su muerte, en diciembre de 2017.
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El Tribunal de Antioquia le reprochó a Zapata dos hechos puntualmente sobre las tierras de Mundo Nuevo. Primero, que aprovechó, “ilícitamente de la situación conflictual, más cuando sabía que en esta zona se habían llevado a cabo procesos de reforma agraria y titulación de baldíos en favor de campesinos pobres y que tuvieron que abandonar, renunciar, ceder o malvender sus tierras por todos los fenómenos violentos y alteraciones de orden público”. Es decir, según el fallo, la época en que Zapata y el exembajador Escobar hicieron negocios, con tierras en Montería, coincidió con la arremetida violenta de los paramilitares de Carlos, Vicente y Fidel Castaño.
“Entre 1990 y 2005, aparecieron los paramilitares, particularmente un sanguinario grupo que se hizo denominar Los Tangueros o Los Mochacabezas, grupo de las Autodefensas de la Casa Castaño que, con su forma de operar justificada en la contrainsurgencia, causó gran cantidad de desplazamientos de la población, múltiples desapariciones forzadas y numerosos homicidios decapitando a sus víctimas, en fin, una suerte de acciones que intimidaron y generaron terror y zozobra en la localidad”, señaló el Tribunal sobre la zona rural de Montería, la cual hoy también sufre la presencia del Clan del Golfo, grupo sucesor del paramilitarismo.
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El otro punto que le recriminan a Soleil Zapata, quien se opuso a la restitución de los predios, es que no aportó documentos que demostraran que hizo una labor juiciosa para averiguar que los predios no hubieran sido adquiridos de manera ilegal. “Si Zapata hubiera actuado con mayor diligencia y rectitud se habría inquietado por la cantidad de trasferencias de dominio y englobes de tierra que se llevaron a cabo en tan corto lapso y con patrones casi idénticos de negociación, las que habían estado inmersas en procesos agrarios, y era factible atribuir este comportamiento atípico a los fenómenos de violencia” ocurridos en Montería, Valencia y Tierralta, concluyó el fallo del Tribunal.
La sanción del Consejo de Estado
La empresa del exembajador Escobar también aparece implicada en un fallo de 2018 de la alta corte. La decisión señaló que el exdiplomático, en 2007, compró por 42.000 euros un auto de alta gama que importó bajo una factura falsa por US$28.000. Tres años después, la DIAN lo sancionó con una multa de $229 millones y, en una última instancia, el Consejo de Estado confirmó la multa contra Escobar. El periodista Héctor Mario Rodríguez, quien publicó la historia, señaló que la propia DIAN dio traslado a la Fiscalía para que investigara por falsedad material en documento público (factura falsa) a Escobar y a quienes intervinieron en la importación del vehículo. La investigación no prosperó por el fallecimiento del diplomático, ahora implicado de manera póstuma en un lío de tierras.
Por David Escobar Moreno
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