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El antiguo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, habló durante la primera sesión de la audiencia pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que espera una verdad con novedades de su testimonio sobre el actuar paramilitar durante el conflicto armado. La primera tanda se concentró en preguntarle por los vínculos entre las Convivir y la fuerza pública, políticos y funcionarios públicos. Su testimonio incluyó algunas novedades y muchos hechos repetidos que, incluso, han sido declarados por él mismo en otras instancias judiciales.
La JEP busca establecer si Mancuso, con lo que puede contar del conflicto, podría aportar verdad a los procesos que ya adelanta la justicia transicional y, a cambio, entrar al sistema y recibir beneficios. El tribunal, con base en la información que entregue y pueda probar, definirá su ingreso y posible comparecencia a esta justicia especial. Durante la primera jornada, que tuvo lugar este miércoles en Montería (Córdoba), se conoció, nuevamente, como las cooperativas de vigilancia y seguridad, conocidas como Convivir, establecieron vínculos estrechos con miembros de la fuerza pública, incluyendo algunos altos mandos militares de la Brigada 11.
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Las Convivir fueron presentadas, en su momento, como asociaciones completamente legales, cuyo fin principal era brindar seguridad y prevenir y contrarrestar a los grupos criminales y las guerrillas, para luego delinquir bajo esa fachada legal. Tal era el poder de estas cooperativas y los grupos de autodefensas que, según Mancuso, el excomandante del Bloque Héroes de los Montes de María, alias Diego Vecino, llegó a la desmovilización paramilitar sin siquiera una orden de captura, en 2006. Por cada dos bajas de guerrilleros que, entre los noventa y los inicios del 2000 reportaban los paramilitares, explicó Mancuso, recibían un fusil por parte de la Fuerza Pública.
Por otra parte, Mancuso, reiteró que fue la propia fuerza pública la que pidió ayuda a los ganaderos para crear las cuadrillas paramilitares. Al respecto, hubo una novedad, cuando a partir de información declarada ante Justicia y Paz, la JEP le solicitó a Mancuso que indicara específicamente cuáles eran las funciones que se le asignaron en calidad de “informante” de varios batallones.
Mancuso contó que, frente a las extorsiones de la guerrilla, acudió al mayor de la Policía, Walter Frattini Lobascio, y él le pidió su colaboración como guía e informante para poder actuar en contra de la guerrilla. “Cuando fui a pedir ayuda y protección al Estado, terminé reclutado por el Ejército”, fueron sus palabras. Luego de la alianza con el mayor Frattini, el excomandante de las AUC, dijo que generó códigos de comunicación con los militares. “Frattini, el Ejército y la Policía nos capacitaron”, declaró. Además, Mancuso señaló haber sido “comandante de facto” de la Brigada 11 de la Armada Nacional, al punto de dirigir operaciones.
Al final de la audiencia, el magistrado Pedro Díaz le preguntó a Mancuso si está dispuesto a dar nombres y nuevos hechos en los espacios reservados decretados por la magistratura. “Sí, su señoría, es un compromiso que hago ante ustedes, las víctimas y el país hoy aquí presentes”, respondió Mancuso. El exparamilitar se comprometió entonces a aportar nuevos nombres de miembros de la fuerza pública, pues según él, la estrechez de los vínculos entre paramilitares y miembros de la fuerza pública.
“Entre todos nosotros nos llamábamos ‘primos’ porque éramos una sola familia. Estábamos aliados en una lucha contra el enemigo interno: la guerrilla”, dijo Mancuso. Sin embargo, la opinión pública no tuvo acceso a esas listas, por lo que no es claro cuánta novedad hay en el testimonio del exparamilitar. A la audiencia asistieron 17 representantes de víctimas de organizaciones sociales de Córdoba, Urabá, Atlántico, Magdalena, Bolívar y La Guajira, que llevan tres meses en proceso psicosocial con la JEP para enfrentar esta diligencia.
Antes de comenzar, hicieron un acto simbólico con velas, imágenes, pinturas y objetos representativos de los hechos victimizantes que vivieron por parte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
Lo que Mancuso repitió en la JEP
Uno de los primeros temas que volvió a relatar el exjefe paramilitar y sin, hasta ahora, aportar nuevas pruebas, fue la influencia de los clanes políticos en varias zonas del país para promover a los paramilitares. Mencionó que las AUC contaron con el apoyo del clan político Gnecco en el Cesar, principalmente de Jorge Gnecco Cerchar, quien además de ocupar cargos públicos en el departamento, hizo parte de la estructura paramilitar. Incluso, fue asesinado por ese mismo grupo criminal en agosto de 2001. Además, volvió a mencionar personajes como el exsenador del partido de la U, Jorge Visbal Martelo, condenado por sus nexos con el paramilitarismo y que fue embajador en Chile durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
Otro de los hechos que el exjefe paramilitar Mancuso ya afirmó a las autoridades fue cómo los paramilitares se armaron a finales de los 90. Desde 2006, el exjefe paramilitar contó que trajeron 6.000 fusiles búlgaros, a través del puerto de Buenaventura y trasladados vía terrestre a una finca de Carlos Castaño, en Córdoba. También volvió a mencionar al clan narcotraficante Cifuentes Villa, protegido por los hermanos Castaño, como uno de los benefactores de las AUC. En 2001, la familia coordinó la llegada de un barco al Golfo de Urabá, con 3.400 fusiles y 2.5 millones de cartuchos de munición, que terminaron alimentando esa estructura criminal.
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Además, Mancuso reiteró que las empresas bananeras como Postobón, Bavaria, Chiquita Brands y la Drummond también realizaron pagos a los paramilitares durante los años 90 y 2000. Solo de estas dos últimas empresas, sus directivos fueron procesados por la Fiscalía y actualmente está pendiente que se defina su futuro judicial. Otro de los viejos capítulos revividos por Salvatore Mancuso, en los que por ahora no ha aportado datos novedosos, fue la supuesta cercanía que tenían dos altos funcionarios del expresidente Uribe: el exvicepresidente Francisco Santos y el exministro de Justicia y del Interior Sabas Pretelt de la Vega, pero del que Salvatore Mancuso no ha aportado prueba alguna, más allá de sus testimonios.
Este jueves se espera que Mancuso aborde el segundo punto de su declaración ante la JEP: las operaciones conjuntas entre los paramilitares y fuerza pública, donde se espera que entregue nuevos nombres de altos funcionarios que se aliaron con su grupo criminal. El propio exjefe paramilitar señaló este miércoles que durante las próximas audiencias “se van a ir de para atrás” con lo que tiene por contar. El país espera sus supuestas revelaciones.
También se escucharon las voces de las víctimas
Julieth Guzmán, coordinadora y fundadora de la Red de Mujeres por la Paz de Córdoba, quien presenció la audiencia, aseguró que todavía hay deudas de verdad de Mancuso con la población de la vereda Kimarí, que viven en inmediaciones a la represa Urrá en Tierralta (Córdoba). “Muchas personas fuimos víctimas de despojo y todavía no sabemos quiénes estuvieron detrás de la compra de esas tierras porque en el territorio todavía hay empresas fachada, que no sabemos qué tuvieron que ver con las autodefensas ni por qué siguen allí”, aseguró a este diario, justo después de que el exparamilitar mencionara que se cometieron violaciones a los derechos humanos contra la población étnica a través del despojo y el desplazamiento forzado.
La lideresa señaló que está en proceso de solicitar medidas de reparación colectivas por ese caso. “Además de su verdad, necesitamos de esa tierra malhabida que ellos nos quitaron para que las mujeres que se quedaron en la calle, sin tener dónde vivir, puedan ser reparadas de alguna manera”. Otra de las demandas de verdad está relacionada con las empresas bananeras del Urabá, que en la audiencia Mancuso mencionó como algunas de las que habrían financiado, según él, los grupos paramilitares. El exparamilitar mencionó a Banadex y Banacol como dos de las compañías que tuvieron relacionamiento estrecho con las Autodefensas, pero ya lo había hecho en otras diligencias.
Arnorys Díaz, lideresa de Montelíbano (Córdoba), espera que el homicidio de su esposo Anselmo Isaac Mercado, un empleado de las Empresas Bananeras de Urabá S.A., no quede en la impunidad. “En el sector de La Suerte -en ese municipio- fue asesinado en 1997, pero nunca nos dijeron si fueron los paramilitares y yo nunca quise preguntar más”. En medio de la audiencia, guardaba la esperanza de que Mancuso se refiera a casos cometidos al interior de esa compañía.
En estas diligencias judiciales, que son el ultimátum para que la JEP defina si le abre la puerta a Salvatore Mancuso bajo la figura de bisagra entre la Fuerza Pública y las Autodefensas, no pueden participar directamente las víctimas ni sus representantes. Sin embargo, varias de ellas esperan que esta justicia permita la comparecencia del excomandante, para así lograr avanzar en la verdad de otros crímenes cometidos como, por ejemplo, la violencia sexual.
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Por Valentina Arango Correa
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