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Luis Felipe Medina* sobrevive a todo lo que significa nacer, vivir y arraigarse en el Urabá antioqueño. En los años 90, tenía una finca con una tierra tan fértil que el banano se multiplicaba hasta de sobra, en medio del paisaje del empate entre el cielo y el océano Atlántico. Un día de septiembre de 1997, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lo confundieron con un guerrillero y lo despojaron de su finca. Y, para que no denunciara el robo de tan codiciada tierra, le quitaron también su dignidad al ser conducido a un calabozo donde, por cuatro años, fue torturado física y psicológicamente. Sus heridas, 27 años después, siguen sin cicatrizar. Sin embargo, la justicia estadounidense puede tener parte del remedio en un juicio que acaba de empezar.
Ante un Tribunal Federal de Florida (Estados Unidos) inició este 30 de abril un juicio contra la multinacional Chiquita Brands. Un viejo conocido de los colombianos, pues ese es el nombre que adoptó hace décadas la famosa United Fruit Company que en los 90 tuvo una filial en Colombia llamada Banadex y hoy es dueña un registro judicial innegable: una sentencia por financiar grupos paramilitares en nuestro país. En 2007, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de una investigación que contó con registros mercantiles, correos y testimonios, los obligó a aceptar que le giraron hasta US$ 1,7 millones de dólares a paramilitares. “Tres centavos de dólar por caja de banano exportada”, ha sostenido el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso de la manera que él y sus hombres se relacionaron con la bananera.
No obstante, este juzgamiento a Chiquita Brands es distinto. El centro de la disputa judicial son las víctimas colombianas del Urabá antioqueño y del Magdalena Medio, como Luis Felipe Medina. Campesinos, ganaderos y pobladores quienes pelean porque el tribunal norteamericano reconozca que esa millonaria financiación de Chiquita Brands está conectada con crímenes atroces cometidos por las facciones paramilitares. Se trata de un macrocaso conjunto, que incluye a miles de víctimas colombianas, y que fusionó decenas de demandas que han sido interpuestas ante la justicia estadounidense desde 2007. Era el año en que internacionalmente Chiquita Brands no tuvo cómo negar que su dinero, cuya raíz estaba en países fértiles como el nuestro, terminó fortaleciendo una organización criminal.
Según la Comisión de la Verdad, los paramilitares son responsables de más de 205.000 homicidios en todo el territorio nacional y del 52% de los casos históricos de despojo, del 24% de los casos de secuestro y del 17% de los desplazamientos forzados durante los 50 años del conflicto armado. Una mirada en detalle de información recopilada por la Unidad para las Víctimas establece que, entre actores armados y estatales, entre 1980 y 2010, la guerra dejó 261.779 víctimas en el Urabá y el Magdalena Medio. De ellas, 226.107 son víctimas de desplazamiento forzado y 30.628 de homicidio. Desde este lunes y por las próximas semanas, el Tribunal Federal de Florida definirá si Chiquita Brands debe responder por ser una variable en esas estadísticas, entre 1997 y 2004.
Para ello, fueron elegidos este lunes los 10 jurados que podrían deliberar por aproximadamente un mes. El juicio es contra Chiquita Brands y no contra sus directivos, dado que se trata de una demanda civil y no una criminal. El juicio inicia con los demandantes, quienes presentarán su caso a través de sus testimonios, las verdades entregadas por exparamilitares que han quedado grabadas en expedientes colombianos, el análisis de expertos en el conflicto armado nacional y documentos internos de la multinacional. Fuentes cercanas al proceso le explicaron a El Espectador que ese proceso puede tardar dos semanas. Luego, la empresa presentará su defensa, que desde el día uno ha dicho que los pagos no fueron de manera voluntaria, es decir, que fueron extorsionados.
Se estima que la intervención de la defensa dure otras dos semanas. Una vez ambas partes presenten sus argumentos, el jurado dictará su sentencia. “Se espera un espacio donde los poderosos sean llamados a responder. Las víctimas han sufrido daños y esperan una compensación. En estos procesos se suele ordenar el resarcimiento de esos daños y esta organización tiene una capacidad de pago significativa. Pero creo que ese no es el propósito de este juicio. Si bien no va a satisfacer la necesidad de justicia, podría interpretarse públicamente lo simbólico de su alianza con paramilitares y esa estructura que utilizó la violencia para la salida de la fruta. El juicio llamará la atención sobre el banano. ¿Cuál es ese verdadero origen? Nosotros lo sabemos por la masacre de las bananeras, pero los estadounidenses no”, le dijo a este diario el analista Michael Reed, del centro de pensamiento y solución de conflictos Guernica 37.
Los antecedentes
“Lo que hace esta conducta moralmente tan repugnante es que la empresa continúo mes tras mes, año tras año pagando a los mismos criminales. Lo hizo sabiendo perfectamente que, aunque sus fincas estuvieran protegidas y sus trabajadores estuvieran protegidos mientras estaban literalmente en ellas, Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que asesinaron a colombianos inocentes fuera de sus fincas”. Con esa frase, el Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó su investigación contra Chiquita Brands en la audiencia de sentencia de 2007. El proceso concluyó con que la multinacional debía pagar US$ 25 millones de multa y cooperar con investigaciones en curso.
Las pruebas sostienen que Chiquita Brands financió a las Autodefensas desde 1997 hasta 2004, con el agravante de que, en medio de ello, en 2001, el gobierno de Estados Unidos designó a los paramilitares como una organización terrorista extranjera. “Como cualquier empresa criminal, una organización terrorista necesita un flujo de financiamiento para respaldar sus operaciones”, señaló el entonces fiscal general de la División de Seguridad Nacional, Kennet Weinstein. La investigación establece que los pagos iniciaron en 1997, en Medellín, tras una reunión privada entre Carlos Castaño y un alto ejecutivo de Banadex, que era la filial más rentable de Chiquita Brands en el país.
Sin embargo, el gobierno estadounidense siempre precisó que, en esa reunión, Castaño dio a entender que el incumplimiento de los pagos “podría resultar en daños físicos al personal y la propiedad de Banadex”. Además, es un hecho que la pesquisa comenzó por voluntad propia de Chiquita Brands la cual, a través de sus apoderados, sostiene que siempre se trató de un pago de extorsiones. Aun así, señala la condena, para septiembre del 2000, altos ejecutivos de la empresa se enteraron que su filial estaba haciendo pagos a las AUC y que, por supuesto, era una organización criminal. Aun así, el expediente sostiene que las siguientes entregas fueron revisadas y aprobadas por altos ejecutivos de la casa madre en Estados Unidos.
Los documentos que reposan en la investigación señalan que los desembolsos se hicieron a través de cheques y se registraron como “pagos por seguridad”. La Casa Castaño, en cambio, lavó ese dinero a través de organizaciones de seguridad privadas. Asimismo, están mapeados los cheques y comunicaciones que prueban que los pagos, incluso, se hicieron en Santa Marta. Por si fuera poco, documentos desclasificados señalan que Chiquita Brands, antes de financiar paramilitares, entregó hasta US$ 800.000 dólares a las guerrillas presentes en el Urabá antioqueño, como lo fueron las FARC, el ELN y el EPL.
El juicio en Colombia
La Fiscalía nacional tiene en juicio, en Colombia, a 10 empresarios del más alto rango de las filiales de Chiquita Brands en los noventa e inicio de los 2.000. Luego de diferentes trabas por parte de las solicitudes de sus abogados, en septiembre de 2019 la Fiscalía mantuvo en firme su acusación por el delito de concierto para delinquir y el Tribunal Superior de Antioquia, en 2021, negó aquellos alegatos que alertaban una supuesta violación al debido proceso. Entre los acusados está Álvaro Acevedo González, quien fue gerente general y representante legal de Banadex entre 2001 y 2004. Según el escrito de acusación, en ese periodo se realizaron 18 pagos a las convivir por más de $1.400 millones y, en específico, $338 millones al paramilitar Carlos Tijeras en Santa Marta.
En su propia indagatoria a la Fiscalía, agrega la acusación, Acevedo mencionó que “desde Cincinnati (donde se ubica la oficina corporativa de Chiquita Brands en Ohio (Estados Unidos)) aprobaron los pagos a las AUC de Santa Marta, los cuales se hacían a través de los ‘Manager funds’ que salían a su nombre y correspondían al volumen exportado por las fincas del Retiro de dicha región”. La acusación también tiene en juicio a Víctor Manuel Henríquez, quien fuera presidente ejecutivo de la bananera Banacol, empresa que la Fiscalía considera filial de Chiquita, aunque lo niegue desde 2001 y diga que solo le compraron la operación en el Urabá.
La Fiscalía enjuició a Henríquez, pues sería parte del engranaje clave que sabía y permitió el camuflaje de dineros de Chiquita Brands a través de “aportes” a las convivir, de manera que se tratara de una “asociación”, como lo exigía el decreto de 1994 que reguló esas asociaciones de seguridad privada. Cabe aclarar que la Fiscalía, al resolver la apelación de la acusación, dejó fuera del expediente a Juan Diego Trujillo Botero, exsecretario general de Banacol; Luis Germán Cuartas Carrasco, antiguo miembro de la junta directiva de Banadex; y a Dorn Robert Weinninger, gerente administrativo de Banadex, desde 1999 hasta 2001 y representante legal de la misma empresa.
Aun así, John Paul Olivo y Charles Dennis Keiser, norteamericanos, no se salvaron del juicio que les espera en Colombia. El primero fue contralor de Chiquita para Norteamérica y el contralor para Banadex, entre 1996 y 2001. En su indagatoria aseguró que conocía que se le hicieron pagos a la convivir Papagayo, los cuales eran aprobados por Keiser. Este último fue el gerente general de Banadex, durante el tiempo en que se hicieron 32 pagos a terceros y a las convivir, los cuales él mismo habría autorizado mediante un formato interno contable. “Además, se lo acusó por haber asistido a la reunión en la casa Montecasino, en 1997, (de Carlos Castaño y ubicada en Medellín), de la que surgió un acuerdo entre empresarios bananeros y las AUC”, se lee en la acusación.
¿Esta financiación, intencional o bajo amenaza, estaría relacionada con las muertes, masacres, desplazamientos y los horrores de la tierra bananera? Esa es la pregunta que pronto resolverá el Tribunal Federal de la Florida, tras escuchar en vivo historias como Luis Felipe Medina, cuya pesadilla, es, a pesar de esa crudeza apenas imaginable, solo uno de miles de relatos que se han tejido en esta zona de contrastes. Chiquita Brands como empresa intentará convencer a los jurados de que fueron obligados a financiar a los criminales. Y que, para esta multinacional, no hay cómo medir si su dinero patrocinó el dolor de los trabajadores y campesinos. Empieza el juicio contra Chiquita Brands.
*Nombre cambiado por protección de la víctima.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jcote@elespectador.com
@SebasCote95
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