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El exembajador de Colombia en Venezuela Fernando Marín Valencia estaba dispuesto a aceptar su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá, pero una jueza de Bogotá le salió al paso. Marín había firmado un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptaba que fue cómplice en el delito de lavado de activos, pues ayudó al empresario Emilio Tapia y a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas a maquillar las dádivas que recibieron en el esquema de sobornos con el que se repartieron contratos de infraestructura en la capital. El documento debía contar con el visto bueno de un juez, pero este viernes la togada especializada que lo revisó, negó la propuesta.
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A cambio de aceptar su culpa en el caso, Marín habría estado dispuesto a pagar siete años de prisión y una multa de 550 salarios mínimos, por ayudar a ocultar el dinero del carrusel de la contratación. Según la funcionaria judicial, hay dos razones que la llevaron a tumbar el preacuerdo. Por un lado, reprochó que la defensa de Marín no haya negociado un trato más “benigno”, pues al comienzo del proceso habían señalado a la Fiscalía, incluso de que “querer inflar una imputación” con cosas que, según ellos no sucedieron.
Y, por otro lado, si bien Marín sacó una hipoteca para pagar el 50% del dinero que supuestamente se apropió de manera irregular, como ordena la ley, el exembajador no ha radicado este documento en la oficina de registro de instrumentos públicos. La jueza, entonces, consideró que no se demostró que el exembajador haya devuelto el 50% del dinero que recibió a cambio de esta operación.
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Lo que Marín iba a aceptar
En las investigaciones de la Fiscalía se demostró que el exembajador recibió tres cheques de Emilio Tapia dirigidos a su empresa Grama Construcciones, entre junio y julio de 2009 y que suman $2.223’178.000. Asimismo, Tapia le entregó en su oficina $2.500 millones en efectivo. Marín sabía que estos dineros provenían de las “comisiones” pactadas por el corrupto contratista para hacerse a los convenios de infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Puntualmente, de la corrupción con la que se adjudicaron los contratos para la construcción de dos autopistas en el occidente de la ciudad.
Según reza el preacuerdo, en poder de este diario, el negocio era así: “Fernando Marín acordó con Emilio Tapia que los dineros recibidos los transfomaría de pesos a divisas a fin de girarlos al exterior”. Y la Fiscalía continúa: “fue así que los valores depositados en la cuenta corriente a nombre de Grama Construcciones los transformó en USD$1.026 a través de operaciones de débito y se giraron con destino a empresas inmobiliarias y otras, pertenecientes a Fernando Marín y Luis Cárdenas, ubicadas en los Estados Unidos”.
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Como se conoció en marzo de este año, cuando capturaron al exembajador y comenzó su judicialización, Marín legalizó parte de este dinero al invertirlo en River Oaks Marina & Tower, un importante proyecto inmobiliario en Miami (Florida). Lo grave, según el ente investigador, es que “Marín Valencia sabía del origen de los dineros transferidos al exterior y tenía el compromiso de recibirlos, transformarlos, ocultarlos y entregarlos a través de diferentes operaciones financieras e inmobiliarias en el exterior a los señores Iván Moreno Rojas, Samuel Moreno Rojas y Emilio Tapia, pues correspondíana las comisiones que se cobraban dentro del carrusel de la contratación”.
Otra prueba de que Marín sabía del origen de los dineros, según el ente investigador, es que cuando estalló el escándalo del carrusel de la contratación, el exembajador intentó darle visos de legalidad a su negocio. Con Tapia, optaron por firmar un contrato para la ejecución de una obra que nunca existió y así justificar las consignaciones. Luego, alegando un supuesto incumplimiento contractual, se acordó la devolución del dinero: a través de otros tres cheques, Marín le devolvió al contratista en su integridad los $2.223’178.000.
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Es decir, Marín se quedó con los otros $2.500 millones. Según el preacuerdo, entonces, “el único incremento patrimonial proveniente del delito de lavado de activos” que se le puede reconocer al exembajador es el relativo a esta suma, que recibió en efectivo de Emilio Tapia. El dinero, aclara la Fiscalía en el documento, lo recibió “a título personal y en ningún momento este dinero habría ingresado a las cuentas bancarias del grupo empresarial Grama, ni a las de su círculo familiar”.
A Marín, entonces le quedan varias vías ahora que se cayó su preacuerdo. Puede volver a negociar con la Fiscalía unos nuevos términos, que le signfiquen un trato “más benigno” o puede continuar con el curso normal de su proceso e irse a juicio.
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