Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Van dos masacres en el norte del Cauca en menos de una semana. En la primera, el pasado martes cinco indígenas fueron asesinados por desconocidos con armas largas en Tacueyó, corregimiento del municipio de Toribío. Y, mientras el país terminaba de reaccionar, ocurrió de nuevo: cuatro personas fueron asesinadas el pasado jueves 31 de octubre en Corinto. El gobierno ha señalado al narcotráfico de estar detrás del derramamiento de sangre, pero una serie de alertas tempranas allegadas al Ministerio del Interior y conocidas por este diario, describen un panorama mucho más complejo y proponen una hoja de ruta para parar la violencia.
(Lea también: ¿Por qué están matando a los indígenas en el norte del Cauca?)
Desde que inició el gobierno del presidente Iván Duque en varias ocasiones la Defensoría del Pueblo le ha alertado a la cartera del Interior que la población del Cauca está en un peligro inminente. Principalmente, dice una de las alertas, fechada del 21 de agosto del año pasado, las comunidades indígenas, negras, y en general la población civil del departamento están bajo amenazas de disidencias de las Farc, estructuras del Eln, reductos de la guerilla del Epl o “Pelusos”, y grupos paramilitares como el Clan del Golfo.
Las acciones recomendadas Para prevenir que se presenten —como ha venido ocurriendo— atentados contra la vida, afectación de la población civil como consecuencia de acciones contra la Fuerza Pública, utilización de actos terroristas para esparcir temor, destrucción de bienes, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, entre otros crímenes, la Defensoría lanza una serie de recomendaciones.
Una de ellas, por ejemplo, ha sido aumentar la presencia de la Fuerza Pública en la zona, que el gobierno ya acogió, pues el ministro de Defensa anunció el pasado miércoles que a la región llegarán 2.500 nuevos efectivos. Sin embargo, también advierte uno de los documentos, las Fuerzas Militares deberían tener en cuenta en sus operaciones “las disposiciones establecidas para la coordinación con las autoridades tradicionales de los resguardos indígenas y cabildos con jurisdicción en estos municipios”.
(En contexto: Masacre en Cauca: cinco indígenas asesinados y seis heridos)
Por otro lado, le recomiendan al Ministerio del Interior fortalecer la justicia indígena, la guardia indígena, y, en general, coordinar acciones con las autoridades ancestrales, pues son quienes ejercen control en sus territorios. A su vez, instan a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a tomar medidas de protección individuales y colectivas “con enfoque diferencial”, al Alto Comisionado para la Paz a “dar continuidad en la mayor brevedad posible con los cronogramas de implementación del Acuerdo”, y a la Agencia para la Renovación del Territorio a impulsar la reactivación económica de la región.
Al Ministerio de las TIC le piden, asimismo, coordinar con las empresas de telefonía celular para mejorar la cobertura de la red y, así, la comunicación con las comunidades. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) le sugieren priorizar la región para garantizar un mejor acceso a oportunidades de jóvenes y niños y así prevenir que sean reclutados por los grupos armados.
Finalmente, las alertas hacen un llamado a la Fiscalía General a que priorice las investigaciones y ayude a esclarecer quiénes están detrás de las amenazas, homicidios y demás acciones violentas. Incluso, en una de las alertas, le sugieren al organismo investigativo que “evaluar la posibilidad de establecer una seccional de la Fiscalía —además de la de Popayán, la capital del departamento— dadas las necesidades y demanda de la población para acceder a la denuncia y posterior investigación de los casos”.
(Lea también: La justicia indígena está amenazada de muerte en el norte del Cauca)
¿Por qué los habitantes del Cauca están en riesgo? En concreto, dicen las alertas, es una disputa por el control del territorio en la que, quienes viven de las rentas ilegales, están matando a quienes defienden la vida. “Los líderes, lideresas y autoridades étnicas son amenazados por integrantes de los grupos armados ilegales, que consideran opuestos a sus intereses de control territorial a las guardias indígenas, campesinas y cimarronas; dichas amenazas se vienen materializando en homicidios”, se lee en uno de los documentos.
Otra alerta explica, por ejemplo, que, en el ejercicio de su autonomía, las guardias negras e indígenas, capturan a miembros de grupos armados —disidentes, guerrilleros, paramilitares o la bandera que tengan— “y han decomisado productos del narcotráfico, así como armas y elementos bélicos”. Pero esta es apenas una de las formas en que las comunidades indígenas se oponen a las rentas ilícitas: también en muchos casos han dejado la coca, optado por la sustitución de cultivos ilícitos, lo que los violentos ven como una afrenta.
Conoce más