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Arranca el año en el que, desde lo judicial, se avecinan noticias sin tregua. No solo porque se avecinan hechos cruciales, como la elección de la primera fiscal mujer, sino también por los cambios que planea el Ministerio de Justicia en el sector, las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las nuevas decisiones claves en el caso contra Álvaro Uribe Vélez y el desenlace del expediente que marcó la agenda informativa en 2023: el del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Un escándalo que sacudió a la casa presidencial cuando el primer mandatario ajustaba 11 meses en el cargo y que apenas comienza.
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Nicolás Petro Burgos es el protagonista del expediente que este 2024 verá lo que podría ser el juicio del año. Lo que la Fiscalía ha revelado, hasta ahora, es que el hijo del presidente habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en más de $1.000 millones. Petro Burgos fue capturado en Barranquilla el 29 de julio pasado, junto a su exesposa Day Vásquez, quien hoy es la principal testigo en su contra y así arrancó una cinematográfica secuencia de hechos que, en un comienzo, prometía su colaboración con la justicia. Al aparecer, a cambio de beneficios, Petro hijo habría dicho que revelaría presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de su papá.
Sin embargo, en cuestión de días, esa posibilidad se vino abajo. La hipótesis consolidada en contra del exdiputado del Atlántico establece que se habría enriquecido injustificadamente y que habría intentado blanquear cientos de millones de pesos a través de la compra de propiedades. Para llegar a esa conclusión, la Fiscalía encontró que su única fuente de ingresos era su trabajo como político. De hecho, en sus declaraciones de renta de 2020 y 2021 reportó únicamente sus ingresos como diputado. No reportó tener obligaciones financieras ni ser partícipe en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado. A pesar de esto, la Fiscalía le habría pescado lujos que no tenía cómo justificar.
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Entre ellos, el pago de un arriendo en el edificio Balcones del Parque, de Barranquilla, por $23 millones y el arriendo de una casa condominio, en julio de 2022, en Puerto Colombia, por $86 millones. Además, reveló la Fiscalía, en noviembre de ese año, pagó otro arriendo en Barranquilla, el Altos de Bonavista, por $38 millones y, para esa misma época, ya había pagado el monto inicial de una casa en Tubará, por $334 millones, y había adquirido un carro Mercedes Benz por $200 millones. Para soportar todos estos gastos, Nicolás Petro debió contar con al menos $1.450 millones, según la Fiscalía, sin embargo, a corte de 2022, en realidad solo podría justificar $280 millones.
Para el ente investigador, hay pruebas suficientes de que el hijo mayor del presidente ocultó estos bienes, borrando su nombre de cualquier rastro, y puso a terceros como los verdaderos propietarios. Por ejemplo, en la casa en Tubará quedó como titular César Emilio Vásquez, familiar de Day Vásquez. Aunque la Fiscalía tenía todo listo para acusar a Petro en noviembre pasado, en una maniobra que el ente investigador calificó de dilatoria, su abogado defensor, Diego Henao, intentó que el proceso fuera trasladado de Barranquilla a Bogotá. La solicitud fue estudiada por la Corte Suprema de Justicia, que terminó por negarla. Sin embargo, ya era muy tarde para reprogramar la audiencia. Por eso, entre el 11 y 12 de enero próximos, la Fiscalía acusará formalmente al hijo del presidente. ¿Qué viene después? El juicio en su contra, en el que de lado y lado las partes tratarán de probar con pruebas documentales y testigos la inocencia o culpabilidad del investigado. Nicolás Petro no la tiene nada fácil, especialmente porque su exesposa ya está en un proceso de colaboración con la Fiscalía (todavía no está aprobado), en el que se comprometió a hablar en su contra. Pero además de los asuntos jurídicos, hay otro lunar que podría complicar su caso: su papá ya le pidió a la Corte Suprema que estudie la posibilidad de nombrar un fiscal ad hoc para el caso.
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¿Por qué? Porque el alto tribunal tiene que elegir a la próxima fiscal de una terna que mandó el presidente Petro. Y, avizorando la polémica que podría significar que un fiscal propuesto por el papá del investigado tuviera que tomar cartas en el asunto, el primer mandatario sugirió nombrar a otra persona. El alto tribunal no ha dicho una palabra sobre esta propuesta, como tampoco es claro cuándo van a elegir al reemplazo de Francisco Barbosa. Entretanto, en el búnker tienen todo listo para llamarlo a juicio durante la segunda semana de 2024, así como para presentarle a un juez el principio de oportunidad que firmó con Vásquez para que le dé el visto bueno.
Campaña presidencial
Otra de las aristas que desencadenó este proceso judicial fue la compulsa de copias que remitió la Fiscalía a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional Electoral para que investiguen si se cometieron delitos o irregularidades en la financiación de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro. Esto luego de que Nicolás dijera en un interrogatorio que sabía de supuestos ingresos irregulares de dinero a la campaña. Sin embargo, el hijo del presidente señaló días después que fue doblegado “moral y físicamente” por la Fiscalía para rendir estas declaraciones.
Por la filtración de ese interrogatorio, la Comisión de Disciplina Judicial investiga al fiscal Mario Burgos, la cual busca determinar si este tuvo participación en la entrega de elementos reservados dentro del caso. Por su parte, la Comisión de Acusación de la Cámara abrió recientemente una investigación contra el presidente por las declaraciones de su hijo que, de paso, siempre ha dicho que nada tiene que ver con los delitos que le imputó la Fiscalía. Así, 2024 marcará el rumbo de este proceso judicial, el más cercano a la Casa de Nariño hasta ahora.
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