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El proyecto de ley de acogimiento a la justicia para organizaciones criminales del gobierno de Gustavo Petro está casi listo. Faltan reuniones claves y el visto bueno del presidente y probablemente será presentado en los próximos días en el Congreso. El documento no se conoce aún en su totalidad, pero en los últimos días se han conocido detalles de lo que podría contener la norma que tendría aproximadamente 87 artículos. Se trata de reformas al Código Penal, al Código Penitenciario y Carcelario, al Código de Procedimiento Penal y una adición al capítulo de sometimiento a la justicia que ya está en vigor. Esto es lo que se sabe.
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Hay puntos claves que están consignados en tres documentos que actualmente conocen los equipos del presidente del Senado, Roy Barreras; del senador Iván Cepeda, y del comisionado de Paz, Danilo Rueda, además de un grupo de penalistas que han asesorado el proceso. Aunque ayer se conoció uno de los documentos, el senador Cepeda calificó lo que se ha ventilado como una versión “muy parcial” de lo que han trabajado en estos meses, y Barreras, por su parte, aclaró que esa no es la versión final y que aún faltan las últimas revisiones. Mientras los congresistas hacían estas precisiones, las disidencias del reaparecido Iván Mordisco (quien fue declarado muerto por el expresidente Iván Duque) anunciaban un cese al fuego.
“Se ha ordenado a las fuerzas guerrilleras evitar al máximo confrontaciones con la Fuerza Pública”, dijo el jefe del frente Primero de las disidencias, que se presumía muerto desde julio pasado. Mordisco lidera uno de los grupos que no entraron al Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc y en las últimas semanas han manifestado su voluntad de sumarse al proyecto de “paz total” del gobierno Petro, al punto que sus emisarios se han reunido con el comisionado Rueda. Aún queda tela por cortar, por ejemplo, sobre si se les reconocerá un estatus político o qué tipo de negociación se entrará a hacer con ellos.
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En medio de la confusión, este diario pudo confirmar algunos detalles del proyecto de acogimiento que aún se cocina. Por ejemplo, que por ahora se presentará solo una propuesta que abarcará a todos los actores, texto que han trabajado Cepeda, Barreras, Rueda y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por su sigla en inglés). El proyecto incluiría un trato diferencial entre los líderes de las organizaciones criminales y los integrantes rasos; habrá una negociación que les permitiría quedarse con alguno de los bienes que adquirieron producto de las rentas ilegales, y el fiscal general y el defensor del pueblo tendrían un papel protagónico a lo largo del proceso.
Un resumen del proyecto conocido por este diario da cuenta de que “los procedimientos de beneficios por colaboración eficaz también permitirían obtener la información necesaria para el procesamiento de las otras estructuras criminales que no se presenten a la justicia, dotando así de valiosa información al poder judicial, en relación con individuos o colectivos sobre los que no se tuviese información o elementos probatorios que permitirán su persecución. De igual manera, se acude a las experiencias normativas que ha transitado nuestra Nación en la presentación de mafias y bandas criminales a la justicia en diferentes momentos y oportunidades”.
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Uno de los puntos que más llama la atención del documento es la propuesta para que se aplique un beneficio sobre los bienes que miembros de estos grupos armados ilegales adquirieron en medio de su actuar delictivo. El texto dice que, si se hace una entrega anticipada de inmuebles antes de que exista una condena, sus dueños podrían “conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de los bienes cuyo origen sea consecuencia de una actividad ilícita, siempre y cuando su valor comercial no supere el 10 % del total de los bienes”. Además, podrá hacerse acreedor de hasta el 10 % del recurso que se obtenga de la enajenación de los bienes entregados.
Sobre el papel protagónico que tendrían en el proceso el fiscal general y el defensor del Pueblo, el borrador del proyecto de ley dice que, una vez culmine el proceso de negociación entre el Gobierno y las organizaciones, el jefe del búnker, como órgano investigativo, será el encargado de las etapas de imputación o absolución, de considerarse necesario. Por su parte, el defensor hará las veces de veedor en un proceso penal y tendrá la potestad de pedirle al fiscal delegado que aclare, adicione o corrija las acusaciones en contra de los subversivos cuando los señalamientos no satisfagan a las víctimas.
Entre los puntos claves que mencionaron fuentes a El Espectador está el papel que van a desempeñar los mecanismos de cooperación internacional para verificar con las autoridades de otros países que la información entregada por los líderes criminales sea real. “Con esto se evitaría que estén mintiendo. Por ejemplo, si un cabecilla está entregando información de cómo lavaban dineros en otros países, estos mecanismos de cooperación van a servir mucho”, señaló una fuente. Estos mecanismos, agregó, evitarán “los caminos tortuosos” para solicitar información a otros países que implican trámites ante Cancillería y otros despachos que ralentizarían estos procesos.
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Otras fuentes no se atrevieron a confirmar que todos estos detalles, que sí estaban en un borrador previo, sean parte del proyecto que se presentará. Aún hay muchas preocupaciones, por ejemplo, si la Fiscalía será capaz de procesar tanta información, dada la magnitud y la cantidad de las organizaciones criminales que han manifestado su interés de sumarse a la “paz total”. O, por ejemplo, a qué grupos se les otorgará un estatus político, si eso incide en el tratamiento judicial que recibirán y por qué. Pese a todo, el proyecto es una realidad y, según varias fuentes, podría llegar al Congreso en cuestión de días.
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