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¿Quiénes son los 25 “diamantes”? Para el ministro de Defensa, Diego Molano, recién librado de una doble moción de censura en el Congreso por excesos de la Policía, definitivamente son “promotores de actos violentos” y patrocinadores de los ataques a la población civil y a la Fuerza Pública en Cali durante el paro nacional. Sin embargo, el abogado John Montaña, quien conoce el expediente, dice que se trata de una acusación engañosa, con la que se busca reforzar la idea de que las autoridades logran labores de inteligencia en medio de las ininterrumpidas protestas que empezaron el pasado 28 de abril y que siguen en pie.
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“Desarticulada estructura criminal dedicada al tráfico de armas traídas desde Estados Unidos, para proveer a grupos armados ilegales en Colombia”, tituló la Fiscalía el pasado 21 de mayo la caída de la banda Diamante, integrada por al menos 25 personas –entre ellas una mujer–, capturadas en 28 allanamientos en Cali, Buga, Medellín y Bogotá. Un día antes, el ministro Molano aseguró que era un grupo delincuencial con influencia en Cali y que “abastecía de armas de fuego y artefactos explosivos a los protagonistas de los últimos desmanes contra ciudadanos, contra los manifestantes, contra los bienes públicos, las infraestructuras privadas de la ciudad y a la Fuerza Pública”.
Aunque Molano relacionó a los 25 “diamantes” con los actos vandálicos en Cali, para John Montaña esa afirmación solo existe en el comunicado de prensa. El abogado es representante principal de alias Choco, uno de los 25 investigados por la Fiscalía 9 Especializada de Cali. Durante las últimas dos semanas acudió a extensas audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, con el fiscal Jairo Daniel Fonseca y ante el juez cuarto penal de Garantías de Cali, José Moisés Suárez. Lo primero que Montaña denuncia es que ninguno de los 25 fue imputado por presunto terrorismo o actos de vandalismo.
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“El ministro de Defensa salió a los medios de comunicación a indicar que estas personas hacían parte de una organización que se dedicaba a venderles armas o a surtirles armas a los muchachos de la protesta social. Esto es completamente falso, ¿por qué? Esta es una investigación que data de 2019. La Fiscalía venía siguiendo unos hechos que habían sido denunciados por la HSI (Seguridad Nacional) de Estados Unidos”, explica Montaña. De hecho, en el acta de la imputación, en poder de El Espectador, solo quedaron reseñados los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
El 21 de mayo, en una audiencia que duró más de cinco horas, se decretó detención preventiva para los 25 investigados –nueve en casa y 16 en centro carcelario–. Al final de la diligencia, el abogado Montaña dejó constancia de sus denuncias, explicando que, tras escuchar la imputación del fiscal Fonseca, no se distingue que las 25 personas “tengan vinculación con los actos de vandalismo” en Cali. El fiscal estuvo de acuerdo: “Yo nunca he dicho que ellos participaron en actos vandálicos, en la protesta social (…) Yo no tengo nada que ver con lo que haya dicho el ministro Molano, eso es problema de él y ojalá lo denuncie el señor defensor, porque esto no tiene nada que ver”.
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Tras la respuesta del fiscal Fonseca, el juez Suárez dijo: “Quizás la moción de censura que se tramita pueda ser una manera de censura a ser lenguaraz”. En diligencias posteriores, pero igual de extensas, el fiscal Fonseca sacó su repertorio en contra de los 25 “diamantes”. Dijo, por ejemplo, que había evidencias en contra de la banda por eventos concretados y otros frustrados por las autoridades. En cuanto a los primeros, habló de un operativo del 14 de julio de 2020, en el sector Los Pinos en la vía hacía Ibagué. A la banda le incautaron una ametralladora M-60, 50 proveedores para fusil calibre 5,56 mm y un revolver Taurus calibre 32.
En otra de las más de 300 diapositivas del fiscal, se habla de una nueva incautación, el 28 de julio de 2020 en la vía Buenaventura-Buga. Y así, con evidencias, el funcionario habló sobre los eventos que tiene detallados en contra de la banda, de la cual cuatro personas aceptaron su participación. Por otro lado, el ministro Diego Molano, en su declaración pública, aseguró que también había sido capturado John Hárold Jurado Andrada, alias “John Putas”, quien sería “dinamizador de masas del frente de guerra urbano del Eln”. Sin embargo, ese nombre no está registrado en el acta de imputación y Montaña agrega que “no hay ningún ‘John Putas’” entre los procesados.
Consultado por este diario sobre las declaraciones que dio Molano, el Ministerio de Defensa explicó que la Policía es la responsable del procedimiento. La Policía se abstuvo de explicar lo sucedido ante las inquietudes presentadas por El Espectador y dijo que se mantienen en su comunicado inicial que presenta a la banda como “patrocinadores de los hechos de violencia”. Según supo este diario, habría audios en los que se comprueba la relación de la banda con la violencia que ha habido en el capital del Valle, incluso sobre la presunta venta de armas traumáticas.
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El fiscal Fonseca, cuatro días después de asegurar que la pesquisa no está relacionada con las manifestaciones, dijo en otra imputación a miembros de la misma banda que el grupo estaría vendiendo armas a “esos vándalos que van y asaltan a los comerciantes, aprovechando la protesta”. No obstante, la delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía le dijo a este diario que las inquietudes que despierten las declaraciones del ministro de Defensa deben ser respondidas por él y, además, mantienen su postura en que el caso no está relacionado con el paro. “Nosotros nunca hemos dicho que los señores serían promotores del paro como lo afirmó el ministro. Dijimos que el resultado incide en el tráfico de armas y evita que circulen en las calles de Cali y sean usadas durante actos vandálicos en la ciudad”, recalcó la entidad.
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