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Colombia no solo es el país de las violencias cruzadas por el conflicto, la política o el reciclaje de guerras de antaño. También es territorio fértil en crímenes aberrantes: expedientes impunes; feminicidios que pudieron evitarse; torturas infames contra poblaciones históricamente discriminadas; borrachos al volante que acabaron con familias; menores envenenadas con talio; guerrilleros llenando de pavor el Catatumbo, tumbando helicópteros en Antioquia o azotando poblaciones del Cauca; el déjà vu de los carrobombas y el secuestro de militares en asonadas; el magnicidio de un congresista y precandidato presidencial; el vil asesinato de una niña de apenas siete años por su propio padre, quien después se quitó la vida; el brutal intento de feminicidio de una mujer en Bogotá atacada a martillazos; un alto exfuncionario del gobierno con circular roja y haciendo el “trencito” en Managua durante una fiesta… Estos son los 25 malos de 2025.
A mediados de enero, el Eln echó por la borda el proceso de paz –otro más– cuando desató la peor emergencia humanitaria en la región del Catatumbo en las últimas tres décadas, tras asesinar a más de 80 personas, confinar a casi 13.000 y desplazar a cerca de 65.000 más durante los enfrentamientos con el frente 33 de las disidencias de las Farc por el control del negocio de la cocaína. La génesis de esta arremetida ocurrió el 15 de ese mes, cuando fueron masacradas tres personas de una misma familia, incluido un bebé de apenas nueve meses. La Fiscalía revocó 31 órdenes de captura de los negociadores de ese grupo guerrillero con el gobierno nacional y, desde entonces, los diálogos están suspendidos. Un portazo a cualquier salida negociada con la guerrilla más vieja de Occidente y la segunda más antigua del mundo que sigue en armas y ampliando su radio de operación y presencia en Venezuela.
Aún con los ecos de la catástrofe humanitaria en el Catatumbo, la noticia que ocupó los titulares de la primera semana de febrero fue el feminicidio de Erminda Guevara Céspedes, de 65 años, ocurrido en Bogotá. Su pareja, Fabio Hernán Bedoya, confesó que había cometido “algo terrible”. Durante 33 años estuvieron juntos y el cuerpo de la víctima presentaba señales de asfixia. Apenas un mes después, otro escabroso feminicidio llegó a las páginas judiciales de la prensa. Emily Dayana Villalba, una niña de 15 años de Chocontá (Cundinamarca), apareció asesinada en zona rural del municipio el 12 de marzo. Iba vestida con su informe del colegio a una cita médica, pero jamás regresó. Las autoridades identificaron a su vecino, Marco Antonio Parra, como el presunto feminicida. Una cámara de seguridad lo captó a él caminando con la menor en una carretera destapada el día en el que se perdió su rastro.
En medio de la polarización política, los coletazos del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), los trinos provocadores del presidente Gustavo Petro y las respuestas enconadas de la oposición, el asesinato de Sara Millerey González estremeció al país. El 4 de abril, en un riachuelo en Bello (Antioquia), con sus extremidades quebradas —30 fracturas en su cuerpo, reportó la Fiscalía— por la atroz golpiza que padeció por el grupo delincuencial conocido como El Mesa, la mujer perdió la vida. Varios videos que se volvieron virales retrataron sus últimos momentos de agonía: se veía vencida por el dolor, desnuda, abandonada, huérfana de la ayuda que no llegó. Golpeada por la corriente de la quebrada La García se ahogó. Un nuevo crimen de odio contra la comunidad trans que lamentó que nadie la hubiera socorrido durante las dos horas largas que duró aquel calvario.
Hoy solo hay un capturado por estos hechos, Juan Camilo Muñoz, alias “Teta”. La impunidad de siempre en Colombia. Ese mismo día ocurrió otro hecho que en principio se asoció a una intoxicación. Después de comer frambuesas con chocolate, dos niñas menores de 15 años terminaron en urgencias en Bogotá y murieron pocas horas después. Dos personas más sobrevivieron. Pronto se descubrió que las víctimas tenían rastros de talio en sus cuerpos, un metal altamente tóxico que estaba en el tarro de comida que fue enviado como regalo sin remitente a través de una aplicación de mensajería. La Fiscalía determinó que la empresaria Zulma Guzmán fue quien mandó las frambuesas y ordenó capturarla. Hace pocos días ella fue encontrada en estado de hipotermia en el río Támesis en Londres. El papá de una de las menores muertas reconoció que tuvo una relación extramatrimonial con Guzmán.
El 2 de mayo se conoció la condena de Brayan Campo Pillimué a 58 años y tres meses de prisión por el feminicidio de Sofía Delgado, de apenas 12 años, ocurrido en septiembre de 2024 en el municipio de Candelaria (Valle del Cauca). La defensa del condenado no apeló la sentencia en la que se le ordenó pedir públicamente perdón a la familia de la niña y al país. Colombia todavía tiene en la retina las últimas imágenes con vida de Sofía, quien salió de su casa a comprar champú para bañar a su perro y nunca volvió. Campo Pillimué, de 32 años, atendía el negocio de productos para mascotas llamado Chimuelo; confesó el crimen y reveló el sitio donde ocultó el cuerpo. Colombia no daba tregua. El 8 de mayo se supo que el Eln había secuestrado a dos funcionarios del CTI de la Fiscalía en Arauca, Rodrigo López y Jesús Pacheco, quienes todavía están en poder de esa guerrilla. Otro desprecio del Eln a los diálogos de paz.
El 15 de mayo se conoció la muerte de María José Estupiñán, conocida como La Mona en redes sociales. Según las autoridades, hasta su casa llegó un supuesto domiciliario a entregarle una caja de chocolates como regalo, pero apenas abrió la puerta recibió un disparo en su rostro. En 2018, La Mona había interpuesto una demanda por violencia intrafamiliar contra su expareja. Hoy nada se sabe de los avances en el expediente, mientras su familia exige justicia. Un reclamo tan reiterado como necesario en este país lleno de crímenes sin resolver. Tres semanas después, el 3 de junio, la vigilante de la Inspección Sexta de Policía de Soacha, Dalinselena Monsalve, de 23 años, grabó cómo el inspector José Arturo Figueredo la agredió sexualmente. Aunque lo denunció desde ese momento, el funcionario solo fue suspendido hace pocos días, luego de que Noticias Caracol revelara el video. La Fiscalía le va a imputar cargos el próximo año.
Una evidencia más de que en muchas ocasiones, sin la lupa de los medios, los expedientes se van apolillando en los despachos judiciales. Cuatro días después de que la guardiana de seguridad de Soacha se animara a grabar al inspector Figueredo, quien llevaba meses acosándola, es decir el 7 de junio de 2025, durante un mitin político en el barrio Modelia en Bogotá, un menor de edad le disparó al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. El asesino fue herido y capturado por la Policía ese mismo día y fue condenado a siete años de prisión. En pocas semanas cayeron Elder José Arteaga, alias “El Costeño”, Katerine Martínez, alias “Gabriela”, Carlos Eduardo Mora y William Fernando González Cruz, como determinadores del magnicidio. Miguel Uribe Turbay falleció 64 días después del atentado, tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe.
Con el país más revuelto que siempre, el primero de julio las autoridades encontraron a ocho líderes religiosos en una fosa en Calamar (Guaviare). Habían desaparecido el 4 de abril en ese municipio. Las autoridades documentaron que ese día dos de los religiosos habían sido citados a una reunión con guerrilleros de “Iván Mordisco”, jefe de las disidencias de las Farc en esa región. Dos días después, el 6 de abril, las otras seis víctimas también fueron citadas para ser interrogadas por la posible presencia de otro grupo armado ilegal que buscaba disputar ese territorio. La masacre causó escozor por los hallazgos de los forenses. La Fiscalía reveló en octubre que había capturado a tres personas señaladas como responsables de ese crimen múltiple, entre quienes estaban Miller Leonardo Garrafa, alias “El Tuerto”, y Angie Jaramillo, alias “La Crespa”, quien era funcionaria en el municipio de Calamar.
“Mordisco” y sus hombres protagonizaron la más feroz arremetida guerrillera contra varios municipios en el sur del país, como la reciente toma de Buenos Aires (Cauca) que duró más de siete horas sin que llegara la Fuerza Pública. Precisamente, entre la estela de sangre de “Mordisco” también se cuenta el “camiónbomba” que las disidencias instalaron el 21 de agosto en Cali cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez y que dejó más de 70 civiles heridos y siete muertos. Ese mismo día, en una jornada tétrica que puso en jaque por enésima vez la llamada “paz total”, fue atacado en Amalfi (Antioquia) un helicóptero antinarcóticos de la Policía por el grupo ilegal al mando de alias “Calarcá”. El resultado: 13 uniformados muertos y ocho heridos. El presidente Petro calificó la jornada “como un día de muerte”. Meses después Noticias Caracol revelaría los archivos secretos de “Calarcá”, otro escándalo que todavía no amaina.
El 29 de agosto se confirmó el asesinato de Carlos Eduardo Valencia, firmante del Acuerdo de Paz en 2016. Fue ultimado a mansalva en el corregimiento de Campo Hermoso en San Vicente del Caguán (Caquetá). Junto a él también perdió la vida una mujer que lo acompañaba. Al cierre de 2025, Indepaz reportó los homicidios de 37 excombatientes de las antiguas Farc. Doce días más tarde, la violencia volvió a arreciar. Cuando caminaba hacia su casa en Buenaventura, Alan Josué Valencia Cuero, un joven de 17 años y promesa del fútbol, fue baleado por sicarios en el barrio Los Pinos. El menor era líder juvenil y estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Pacífico. De los gatilleros nada se sabe, lo que no es ninguna novedad en Colombia. El 22 de septiembre, otro intento de feminicidio en Bogotá captó la atención mediática. Karina Rincón recibió 13 martillazos de su expareja, José Urbano Medina Villa.
“Estuve en coma, me declararon en el primer hospital muerte cerebral”, le narró Rincón a Noticias Caracol. Su relato avivó la indignación por la violencia de género en Colombia. Su agresor fue detenido. El 31 de octubre otro hecho de violencia ocupó los titulares de la prensa. El estudiante de Los Andes Esteban Moreno falleció a causa de la golpiza que le propinaron esa madrugada, luego de salir de una fiesta en el sector de Chapinero, en Bogotá. Según la Fiscalía, sus agresores fueron Juan Carlos Suárez y Ricardo González, quienes ya fueron judicializados. Los videos de cámaras de seguridad del sector captaron la virulencia del ataque. “No detuvo los golpes ni siquiera cuando vio a Moreno ahogándose en su propia sangre con el rostro cubierto y convulsionando”, señaló la fiscal del caso durante la imputación contra Suárez. También se ordenó la captura de Kleidymar Paola Fernández, quien habría instigado el ataque.
Apenas una semana más tarde, el 8 de noviembre, José Eduardo Chalá arrolló con su taxi a 11 personas en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal en Bogotá. Estaba borracho. Una niña de 15 años falleció y otro menor de edad quedó en estado crítico. La resaca del conductor terminó en una imputación por homicidio agravado, que aceptó. Chalá tenía más de 10 comparendos por infracciones de tránsito. Otro ebrio más que acabó con una familia. Seis días después, el 14 de noviembre, la justicia finalmente condenó a Robert Colonia González, conocido como “Gono Taser”, por el delito de acto sexual violento. Un fallo que se sumó a otros dos expedientes también relacionados con violencia sexual en el que una de las víctimas era una menor de edad. El Espectador rastreó el caso que colectivos feministas venían denunciando desde 2018 y en donde 150 mujeres lo señalaron como su agresor.
El 25 de noviembre fue condenado el ganadero Santiago Uribe Vélez por el asesinato de un conductor de bus en 1994 y señalado como uno de los líderes del grupo paramilitar los 12 Apóstoles, al que le endilgan más de 500 crímenes en Antioquia. Él asegura que es inocente. El 2 de diciembre otro crimen causó indignación. En videos de cámaras de seguridad se ve al joven Jean Claude Bossard tratar de defenderse de unos delincuentes en el norte de Bogotá que le dispararon. La reacción de un patrullero de la Policía permitió la captura de quien asesinó al empresario aficionado a las motos. El menor involucrado aceptó su responsabilidad en estos hechos y fue condenado a siete años y medio de aprehensión. Cuatro días después, el 6 de diciembre, en Soledad (Atlántico), se conoció la historia de violencia vicaria de Albeiro Fontalvo, quien antes de quitarse la vida mató a su propia hija de siete años, Albeiranis Paola Fontalvo.
Según las autoridades, Fontalvo buscaba hacerle daño a la madre de la niña, a quien había amenazado previamente de muerte porque se negaba a volver con él. La menor había advertido suficientes veces que no quería estar con su padre. Para terminar este rosario de los 25 malos de 2025, W Radio reportó el 16 de diciembre que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de la Ungrd, fue visto bailando animadamente en una fiesta en Managua (Nicaragua) promovida por la Embajada de Colombia en ese país. Se le vio feliz haciendo el “trencito” muy cerca del encargado de negocios, Óscar Muñoz. El presidente Petro exigió renuncias tras el vergonzoso episodio. Esa misma semana dos exministros del gobierno actual terminaron en la cárcel por presunta corrupción: Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.
Así, entre todo tipo de crímenes, violencias contra las mujeres, asesinos impunes, protagonistas en la fila de la extradición, autodenominados guerrilleros asolando poblaciones y atentando contra la fuerza pública o cautivos que siguen pidiendo por su libertad, este 2025 le dejó al país una estela de momentos tristes y víctimas que solamente piden justicia. No importa cuándo leas esto, se diría, esta última pareciera ser la expresión que define a Colombia. En las ciénagas podridas de la impunidad suelen reciclarse las tragedias que siguen padeciendo los ciudadanos desde que somos una República. Los feminicidas siguen ahí, los acosadores siguen ahí, los disidentes siguen ahí, el Eln sigue ahí, los asaltantes de celular siguen ahí, los asesinos de niñas siguen ahí, los matones que planean magnicidios siguen ahí, los borrachos al volante siguen ahí. Se cierra el telón de este agitado año que nos recordó –una vez más– la fragilidad humana.
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