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Los acuerdos de Víctor Pacheco y la Fiscalía

El abogado, que supuestamente penetró la Corte Constitucional, recibió beneficios a cambio de testificar contra el magistrado Pretelt.

Víctor Pacheco está recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá. / Archivo
Víctor Pacheco está recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá. / Archivo

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Las cartas de la Fiscalía para procesar a los protagonistas del escándalo de corrupción dentro de la Corte Constitucional para supuestamente favorecer a la empresa Fidupetrol ya están destapadas. Se trata de los acuerdos a los que el ente investigador llegó con Víctor Pacheco, el abogado lobista que relató cómo, al parecer, se creó una estrategia de penetración en la Corte para favorecer los intereses de Fidupetrol a cambio de entregarle una coima de $500 millones al magistrado Jorge Pretelt. El Espectador conoció el principio de oportunidad por el delito de enriquecimiento ilícito a favor de Pacheco, aprobado por un juez el 29 de septiembre.

Desde que comenzaron las investigaciones en marzo de este año, tras hacerse público el escándalo, la Fiscalía llamó en dos oportunidades a interrogatorio al abogado Pacheco. En un principio, negó haber ejercido tráfico de influencias en la Corte Constitucional a través de dos de sus conocidos: los magistrados Jorge Pretelt y Alberto Ríos. Este último participó en la selección de la tutela de Fidupetrol, que pretendía evitar el pago de una multa de $22.500 millones que le había impuesto la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en una sentencia del magistrado Mauricio González las pretensiones fueron rechazadas.

La Fiscalía investigaba a Pacheco por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Según el principio de oportunidad, el abogado entre el 9 y 22 de octubre de 2013 suscribió de manera directa y luego por intermedio de la sociedad Servicios Jurídicos empresariales SAS un contrato de $152 millones con Fidupetrol para supuestamente asesorarlos en la presentación de la tutela ante la Corte Constitucional. Sin embargo, para los investigadores tal situación jamás sucedió, ya que Pacheco no ejerció ninguna labor como abogado, sino que se aprovechó de sus relaciones para beneficiar los intereses de Fidupetrol, lo que claramente demostraba que ese contrato tenía un propósito ilícito.

Bajo ese argumento, a Pacheco le imputaron cargos el pasado 22 de julio. El abogado se volvió a acercar a la Fiscalía y advirtió su deseo de colaborar con la justicia. Contó que sus servicios como lobista se los pagó Fidupetrol en dos contados. El primero el 9 de octubre de 2013 por $51 millones, como estaba pactado en el contrato, y el segundo el 22 de octubre de 2013 por $101 millones, bajo la figura de prima de éxito, es decir, por haber logrado que la tutela fuera seleccionada por sus influencias. El ente investigador decidió firmar con Pacheco un preacuerdo el pasado 19 de agosto por el delito de tráfico de influencias, a cambio de una reducción del 40 % de la pena –será condenado a dos años y cuatro meses de cárcel– y de convertirse en el testigo estrella.

En el preacuerdo, dado a conocer hace unos días por Noticias Uno, también se comprometió a pagar $76 millones a la Rama Judicial por los perjuicios ocasionados. Lo hará en tres desembolsos: el 30 de enero de 2016, el 30 de junio de 2016 y el 30 de enero de 2017. A su vez, Pacheco y la Fiscalía buscaron solucionar todos los líos del abogado con la justicia y por tal motivo firmaron un principio de oportunidad, el segundo acuerdo que fue conocido por este diario y que le da inmunidad por un año a cambio de colaborar eficazmente.

“Según las negociaciones previas, el señor Víctor Pacheco cuenta con información que permite edificar y fortalecer la intervención en las conductas delictivas de los señores Hélber Otero, Abel Guillermo Caballero (presidente de Fidupetrol) y Rodrigo Escobar Gil, personas cuya intervención resulta de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la estrategia de penetración en la Corte Constitucional para favorecer los intereses de la sociedad (…) El primero de ellos (Otero) era el accionista mayoritario de Fidupetrol y tenía el manejo corporativo, mientras que el tercero (Escobar Gil, exmagistrado de la Corte Constitucional) fue el profesional contratado por Fidupetrol en razón de sugerencia que hizo el magistrado Jorge Pretelt al abogado Víctor Pacheco el 18 de octubre de 2013 en su apartamento”, se lee en el principio de oportunidad.

En el documento se agregó que Pacheco se comprometía a servir como testigo en el proceso que se adelanta en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el magistrado Pretelt, quien podría ser acusado en los próximos días tras el proyecto presentado por su investigador, el congresista Julián Bedoya. Asimismo, el abogado Pacheco tendrá que acudir a los llamados que se le hagan en los juicios contra Hélber Otero, Abel Caballero y Rodrigo Escobar. Al primero de ellos, el cuestionado empresario, que ha sido mencionado en varios escándalos financieros, ya le imputaron cargos por tráfico de influencias el pasado 28 de agosto. A Otero lo señalan de ser quien le dio la orden a Pacheco de infiltrar la Corte.

En cuanto al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil –íntimo amigo de Pretelt–, fue llamado a imputación de cargos para el próximo 4 de noviembre por los delitos de tráfico de influencias de particular, cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio. A Escobar lo procesarán por, supuestamente, ser el abogado que ofició como representante de Fidupetrol por sugerencia del magistrado Pretelt y porque, al perecer, fue quien ofreció el pago de sobornos para que la Corte favoreciera a su defendido. Por estos mismos hechos será imputado Abel Caballero, quien desde su posición como presidente de Fidupetrol habría tenido una participación activa en la estrategia de penetración.

Si el testimonio de Pacheco resulta útil y relevante, podría salir bien librado. Sólo recibiría una condena de dos años y cuatro meses, pagar una multa total de $228 millones y realizar una manifestación pública de arrepentimiento por los hechos cometidos. Por el momento, el abogado seguirá recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde está a la espera de que los juicios contra el resto de implicados comiencen y así cumplir con su parte del trato con la Fiscalía y cerrar el capítulo más bochornoso en la historia de la Corte Constitucional.

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