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En el Congreso de la República ya empezó una de las discusiones de más alto nivel y que pone sobre la mesa los intereses y prioridades del gobierno: la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026. Hace dos semanas, el proyecto de presupuesto, un documento de 148 páginas, llegó al Legislativo para que se estudie, debata y apruebe.
El plazo máximo para ese trámite es el 20 de octubre y la Defensoría del Pueblo ya está en una carrera contrarreloj para evitar que, antes de que se cumplan esos términos, los congresistas reviertan la decisión del gobierno Petro de recortarle $38.291 millones al presupuesto de la entidad. Una movida financiera que pone en riesgo la protección de los derechos de la ciudadanía.
La preocupación por el recorte presupuestal es de tal tamaño que hasta el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, manifestó el pasado 19 de agosto, el riesgo que representa la decisión del Gobierno de recortar los recursos de la entidad que advierte y atiende crisis humanitarias como las que han sucedido este año en Catatumbo (Norte de Santander) y Cauca.
“Invertir recursos hoy en la Defensoría del Pueblo y en la promoción y protección de los derechos humanos es quizás la inversión más inteligente que pueden hacer el Gobierno y el Congreso para prevenir la violencia y garantizar una paz duradera”, dijo Campbell en un comunicado.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha hecho gestiones para ponerle freno de mano al recorte presupuestal para la entidad a su cargo. Por ejemplo, el 12 de agosto le envió una carta a Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde y quien hace parte la Comisión Tercera de esa corporación, para expresar su preocupación por la situación financiera que enfrentaría la entidad si se aprobara el proyecto presentado por el gobierno.
Según las cuentas de la Defensoría, en 2026 la entidad necesita un presupuesto de $1.192 billones para funcionamiento y $151.852 para inversión. Sin embargo, el proyecto está por $1.128 billones para funcionamiento y $85.610 millones para inversión, lo que representa un -9,7% de recursos.
El 19 de agosto, el mismo día del pronunciamiento de la ONU, Marín asistió a una sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en la que explicó ante los congresistas cuáles son los puntos del recorte presupuestal que más preocupación generan a la entidad.
En diálogo con El Espectador, Marín dijo que, pese a que en general hay respaldo a la entidad, el recorte presupuestal ha generado “un debate polarizado y politizado” en el Congreso. “Sobre todo de un representante a la Cámara que fue bastante hostil con la Defensoría del Pueblo, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo (Pacto Histórico); aunque tomó mucho protagonismo en la discusión, en realidad fue marginal”, señaló.
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Los puntos críticos del recorte
En su diálogo con este diario, la defensora Marín expresó su preocupación de que el recorte sea una retaliación por su postura crítica frente a decisiones del Ejecutivo. Dijo además que es incoherente que un gobierno que defiende la vida y los derechos humanos recorte las finanzas de la entidad, que tiene en sus manos la protección y defensa de los mismos.
Pese a que es bien sabido que el país pasa por uno de sus momentos fiscales más complejos y se ha ordenado mayor austeridad en todas las entidades, para 2026 la Procuraduría General recibiría $1.514 billones y la Contraloría General de la República tendría $1.498 billones de presupuesto total. Los presupuestos de ambas entidades superan el de la Defensoría del Pueblo.
El funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) es uno de los puntos que más preocupa a la defensora Marín del recorte de recursos. Ese instrumento es el encargado de monitorear y advertir situaciones de riesgo y violaciones de derechos humanos para la población civil.
“Tendríamos que reducir la capacidad de monitoreo de las alertas; hay que tener en cuenta que este es un año preelectoral y vamos a tener una alerta temprana electoral antes de que finalice 2025. Eso implica un monitoreo constante para el seguimiento de las recomendaciones y el acompañamiento a los posibles incidentes que se puedan presentar. Pero no es solo el tema electoral, es en general la situación del país”, dijo la funcionaria.
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Por otro lado, la defensora advirtió una posible disminución de la presencia territorial, por falta de recursos para atender a las comunidades y garantizar el funcionamiento de las 15 casas de los derechos que existen en el país, adscritas a las defensorías regionales. “Tendríamos que cerrar ocho casas de los derechos, si esa es la decisión presupuestal que se toma”, dijo Marín.
Sumado a eso, no se podrían abrir los seis nuevos centros de este tipo que se proyectaban para 2026 y que tendrían un costo de $330 millones. Esos centros de atención son claves para el acompañamiento que hace la Defensoría en temas como el apoyo a la radicación de tutelas de ciudadanos contra las EPS, su cumplimiento en garantía al acceso a la salud.
Leonardo Franco, concejal de Pácora (Caldas), le dijo a El Espectador que en su municipio el cierre de la casa de los derechos, inaugurada en septiembre de 2024 y que atiende a unas 20.000 personas del norte del departamento, sería un golpe fuerte. Para él, que no solo hace uso de sus servicios en asuntos personales, sino también para acompañar a ciudadanos que requieren asesorías y orientaciones para la protección y defensa de sus derechos, sería un “retroceso institucional”.
La Defensoría calcula que, con el recorte presupuestal, tendría que dejar de invertir $1.500 millones en sus Puestos de Mando Unificados en Salud y $1.000 millones en litigios ante el incremento de tutelas y quejas en salud.
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Problemas para la paz y la justicia
Otro de los asuntos en los que el recorte presupuestal sería un palo en la rueda es el acompañamiento a los procesos de consolidación de paz en los territorios. La defensora Marín explicó que se vería afectado el acompañamiento que hacen a 62.083 víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento o en riesgo de serlo en departamento.
Esto, en departamentos como Antioquia, Cauca y Chocó, donde este fenómeno se acelera por la acción de disidencias de las Farc, Ejército de Liberación Nacional (Eln) y otros grupos al margen de la ley. También se afectaría la identificación, ubicación, convocatoria y recepción de cerca de 38.000 solicitudes de declaración de víctimas individuales y colectivas.
Además de eso, tendrían que reducir el programa de defensores comunitarios en 18 regionales de la Defensoría, que representa un gasto de $1.599 millones. Tampoco se podría ampliar la capacidad del programa de defensores comunitarios en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y en zonas alertadas por el SAT ($1.842 millones), que hace parte de los compromisos de la entidad para el cumplimiento del Acuerdo de 2016.
Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, le dijo a este diario que, tras analizar el borrador de presupuesto que está en discusión en el Congreso, “se evidencia una disminución significativa en los recursos de inversión con marcación ‘Construcción de Paz’”.
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En ese sentido, recortar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo tendría efectos colaterales en el trabajo que desarrolla de la mano de otras entidades del gobierno, como la unidad a cargo de la directora Cuartas. “Dichos recursos (los de Construcción de Paz) pasarían de $8.88 billones en 2025 (con corte al 31 de julio) a $7.16 billones en 2026, lo que representa una reducción del orden de $1.71 billones”, dijo la directora Cuartas.
Agregó: “En términos generales, la disminución en la asignación de recursos de inversión compromete tanto el cumplimiento como el ritmo de avance del Acuerdo Final de Paz. La reducción se concentra en sectores estratégicos de alta incidencia social y territorial”.
La defensora Iris Marín también dijo que otras de las afectaciones que más le preocupa es a los defensores públicos, que atienden los procesos penales de quienes no pueden pagar un abogado por su cuenta: “El diagnóstico inicial que tenemos es que hacen falta por lo menos 800 defensores públicos para cumplir mínimamente la labor. Tenemos abogados que tienen 300 o 400 casos y eso hace que sea muy difícil una prestación de la defensa eficiente y de calidad.
Agregó que en este recorte presupuestal, “no solo no nos dan lo que solicitamos, sino que además nos recortan de lo que tenemos, pues tendremos que reducir la capacidad de atención de la defensa pública”. Esto agravaría la situación del ya congestionado sistema judicial.
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Retaliaciones e incoherencias
La defensora Marín señaló que en la definición de los presupuestos para 2024 y 2025, ambos bajo su administración, el recorte ha sido una constante. “En el 2023 fue 21.6% más de lo solicitado, en el 2024 fue 4.4% más de lo solicitado. Desde el año pasado lo aplicado es menos del 7% y este año sería casi menos del 10%, si se aprueba el proyecto de ley como está. La caída solo en inversión es especialmente crítica porque sería -43% de lo solicitado”, dijo la funcionaria.
Esto afecta el trabajo que apoya la entidad en todas las ramas del poder público. “Me sorprende, porque la Defensoría ha atendido los llamados, dentro de sus posibilidades y capacidades, de todos los sectores políticos. La agenda de gobierno se ha planteado desde el discurso a fin a los derechos humanos y creo que lo coherente es apoyar a la Defensoría”, dijo Marín.
A su voz se sumó la del exdefensor del Pueblo, Carlos Negret, quien dijo que es la primera vez que la entidad se enfrenta a recortes de esta magnitud y que la cabeza de la entidad debe recurrir a mediaciones con congresistas para evitar que se ponga en riesgo su presupuesto. “Recortarle un centavo a la Defensoría del Pueblo es poner en peligro de vida a los ciudadanos”, dijo Negret.
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Sobre la poca atención prestada por parte de despachos como el del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien a la fecha no se ha reunido con la defensora Marín para hablar sobre las alertas tempranas, el exdefensor Negret señaló: “Las alertas tempranas no son para controvertir, sino para cumplirlas y leerlas. Si se leyeran las alertas tempranas en este país, si se vieran como el nivel de riesgo de una situación humanitaria del que se alerta al Gobierno Nacional, se evitarían las 50 masacres que llevamos hasta el día de hoy, los más de 100 líderes sociales y más de 20 firmantes de paz de las Farc asesinados”. Sin embargo, la advertida crisis del 16 de enero en el Catatumbo, que causó el desplazamiento de más de 65.000 personas, demostró que no hay recursos ni oídos suficientes para las alertas de la entidad.
Al frente de la Defensoría, Marín ha sido férrea con su postura y la de la entidad en momentos en los que el Ejecutivo ha tomado decisiones polémicas, como el nombramiento del ministro Armando Benedetti.
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“Quiero pensar que no es una retaliación, porque el trabajo de la Defensoría ha sido independiente, hemos tratado de hacer pronunciamientos y planteamientos cuando el gobierno, en nuestra opinión, ha tomado decisiones indebidas para los derechos humanos y el Estado de derecho, y también sobre otros sectores. Nuestro trabajo no es para estar a favor o en contra del gobierno, es para defender los derechos humanos. Pero la interlocución con el gobierno para el presupuesto fue mínima”, concluyó. La palabra final, en todo caso, la tiene el Congreso.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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