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Por corrupto, el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hijo de Cielo Gnecco, tendrá que pagar 21 años y ocho meses de prisión. Este jueves, el magistrado Ariel Augusto Torres, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, leyó la sentencia en contra del político del poderoso clan. A Monsalvo Gnecco se le condenó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, porque durante su administración hubo irregularidades en contratación para el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que llevaron a que al menos $3.000 millones del Estado destinados a la alimentación de niños del departamento terminaran en las arcas de terceros.
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El caso se remonta a 2015, cuando el hijo de Cielo Gnecco era gobernador del departamento y direccionó un contrato a una empresa de alimentos para que ejecutara el PAE que recién pasaba de ser manejado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a la administración departamental. Con los nuevos lineamientos que había establecido el Ministerio de Educación para que se ejecutara el PAE en cada departamento, fue que vinieron los aparentes torcidos de Monsalvo Gnecco para entregar el contrato. La Corte encontró que, a través Jaime Luis Fuentes Pumarejo, quien era el secretario general de la Gobernación, a quien habían designado como delegado de la administración, se suscribió el contrato con el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015.
El consorcio al que se le concedió era representado por María Angélica Araújo Noguera y conformado por la Fundación Kabala y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar. Su misión era ejecutar el contrato que tenía como finalidad la prestación del servicio de alimentación a niños, niñas y adolescentes del departamento por un valor inicial de $17.145 millones. Sin embargo, el consorcio no cumplía con los “requisitos legales esenciales que rigen la contratación de la administración pública”. Para la Corte, la Gobernación del Cesar, liderada para ese momento por Monsalvo Gnecco, incumplió con el deber de “realizar el control, supervisión y vigilancia que legalmente le competía, tanto en su tramitación como en su celebración y finalmente su liquidación”.
La falta de estudios para entregar el contrato
La primera irregularidad que encontró la Sala fue que el consorcio nunca hizo un estudio serio para entender qué tipo de servicio debía prestar y cuál era el mejor método para lograrlo. Además, la investigación reveló que los estudios previos que hizo la gobernación para otorgar el contrato solo hacían referencia a la situación de desnutrición infantil en el país, pero “sin abordar la situación específica del departamento y las necesidades que debía satisfacer con el objeto de la contratación en orden a superar la deserción escolar”. Esta omisión, para la Corte, fue fundamental, pues la ley establece que, antes de entregar un contrato, se debe describir a fondo la razón y objetivo por el que se va a hacer un acuerdo.
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Aunque la defensa de Monsalvo Gnecco intentó explicar que los estudios sí se hicieron —pero que estaban en otro documento— el alto tribunal encontró que “el estudio de la necesidad concreta del departamento para proceder a la contratación del suministro de alimentos para el PAE 2015 durante los 59 días del calendario escolar restantes carece de la seriedad, complejidad y rigor necesarios”. Para la Corte, la escogencia de los contratistas, la celebración de contratos, la ejecución y liquidación de estos, “no puede ser de ninguna manera producto de la improvisación o de la discrecionalidad de las entidades o de sus funcionarios, sino de unos pasos serios, ordenados y organizados hacia la consecución de los fines esenciales del Estado”.
Los sobrecostos
Aparte de las irregularidades en la adjudicación del contrato, la Sala encontró el consorcio compró alimentos que excedían los valores reales. Dentro de la sentencia, el alto tribunal da cuenta de que para la época se pagó por un kilo de hígado $65.460 “cuando el valor de la carne figuraba en esa época (2015) en el boletín del sistema de información de precios y abastecimiento del sector agrario del Dane (Sipsa) en $14.000 el kilo, que era lo más próximo al hígado”. La Corte también expuso que la Gobernación “no verificó que el 89% de las facturas de compras de los suministros fueron realizadas a empresas como Suministros y Suministros Sion, que revendían los productos, una empresa del sobrino de la representante de la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Ivis del Carmen Rosado Robles”.
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Además de la alimentación, existieron servicios que también generaron sobrecostos. Por ejemplo, que a pesar de haber cotizado que debían pagar más 1.300 millones en salarios para los trabajadores, terminaron facturando $1.565 millones. Asimismo, el alto tribunal encontró que entre estampillas, capacitaciones y pólizas, entre otras cosas, hubo sobrecostos de más de $250 millones. Por eso, en su decisión, la Sala señala que Monsalvo Gnecco “permitió que el contratista, Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015 se apropiara de más de $3.174 millones en detrimento del patrimonio económico del departamento del Cesar”.
El incumplimiento de las obligaciones de Monsalvo Gnecco
La Corte Suprema dijo que estas irregularidades que hubo en la contratación son responsabilidad del hijo de Cielo Gnecco. En palabras de la Sala, “el cargo que para entonces ostentaba el acusado sin duda alguna corresponde al más alto en la estructura de la Rama Ejecutiva departamental, por lo que puede afirmarse que ocupaba un lugar privilegiado en la sociedad, y en esa misma medida un reconocimiento social, que le demandaba una mayor exigencia en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como administrador y jefe de la administración departamental”. Su actuar, para los magistrados, no resultó acorde, razón por la cual, argumentaron en la decisión, “los delitos cometidos se consideren graves”.
Aunado a esa consideración, la Sala de Primera Instancia dijo que el hijo de Cielo Gnecco tenía además conocimientos específicos que hacían que le fuera previsible evitar que se presentaran las irregularidades. Dijo la Corte que Monsalvo Gnecco “como economista, especialista en evaluación social de proyectos, en ejercicio de sus funciones públicas como gobernador por espacio de algo más de tres años, sabía perfectamente que tramitar contratos con violación de sus requisitos legales y celebrarlos o liquidarlos sin verificar las condiciones de legalidad y apropiarse de recursos públicos en pro de terceros, quebrantaba el bien jurídico de la administración pública”. Aun así, como determinó la Corte, lo hizo.
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Por ahora la decisión lo mantendrá tras las rejas, mientras que su abogado, el exmagistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló, apela la decisión. El alto tribunal le dio cinco días para que presente los argumentos con los que buscará tumbar lo decidido por la Sala de Primera Instancia y, por lo menos, evitar que el integrante del poderoso clan Gnecco permanezca en prisión. Desde el pasado 14 de febrero, cuando se conoció que el exgobernador fue declarado culpable, Barceló le pidió a la Corte que no lo enviaran a la cárcel, sino que lo mantuvieran con la medida domiciliaria, petición que, por ahora, no ha sido tenido en cuenta por el alto tribunal.
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