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Cuando el 6 de marzo de 2018 una fuente anónima le contó a la Fiscalía que la entonces candidata a la Cámara de Representantes María Cristina Soto estaba presuntamente comprando votos, el ente investigador no esperó ni una semana para interceptar las comunicaciones de su círculo cercano. Faltaban apenas cuatro días para las elecciones al Congreso y la alerta llevó a las autoridades pusieran en marcha una investigación para recolectar la mayor cantidad de pruebas posibles para descarar o confirmar la denuncia de corrupción electoral. Por eso resultó clave penetrar la campaña de la candidata del Partido Conservador en La Guajira y empezar a escuchar qué estaba sucediendo.
Esas conversaciones son hoy la base fundamental que tuvo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para llamar a juicio a la excongresista por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal. Soto ha dicho que nada tuvo que ver en esos asuntos y su defensa ha tratado de probar que esas escuchas no fueron legales. Sin embargo, por ahora va perdiendo esa batalla, pues el alto tribunal le dio todo el peso a los audios recolectados por la Fiscalía y que hoy reposan en el expediente. El Espectador tuvo acceso a esas llamadas que dejan entrever los pormenores de cómo se gestó la supuesta compra de votos que hoy tienen a Soto con serios líos con la justicia.
Las grabaciones que tuvo en cuenta la Sala de Instrucción para llamar a juicio a la exrepresentante tuvieron lugar entre el 10 de marzo de 2018 hasta por lo menos febrero de 2021. Las primeras llamadas ocurrieron un día antes de las elecciones y sus protagonistas fueron líderes políticos locales cercanos a Tina Soto. Una de ellas ocurrió entre Simón López Martínez y un hombre que la Corte identificó como HD. Este último llamó a López a preguntarle: “¿A cómo estás vendiendo los votos?”. Así de explícita fue la conversación, por lo que su interlocutor le contestó: “Esos juegos no son por teléfono”. Pese a la advertencia, HD continuó: “Que traiga las 500 barras para que la gente esté asegurada”.
Las interceptaciones más comprometedoras ocurrieron después del 11 de marzo, cuando María Cristina Soto ya había ganado la curul en la Cámara. Los líderes políticos locales que tenía la entonces candidata empezaron a tener problemas para ajustar las cuentas de la supuesta compra de votos. En palabras sencillas, no había plata para cumplir con los compromisos. En una conversación entre el líder Simón López y una mujer identificada como Sandy Pérez Alfaro, quedó en evidencia el lío: “La gente aquí me está preguntando por lo que ya usted sabe (…) a mí me faltaron muchas personas que no me le pagaron lo que me le iban a dar”, le reprochó la mujer a López.
Él le contestó: “¿Qué es lo que tenemos pendiente allá Sandy? (…) ¿De dónde voy a sacar plata pa’ eso? Si yo mandé a suspender todo eso. Yo mandé a suspender a las 11 de la mañana en todos los puestos porque ya se había agotado la plata (…) yo no tengo esa plata pa’ darle a la otra gente no tengo”. Al día siguiente de esa conversación, el 13 de marzo de 2018, Simón López habló con un hombre identificado por los funcionarios que interceptaron las comunicaciones, a quien le confirmó lo que ya le había dicho a Sandy. “El ejercicio lo pudimos hacer fue con base a que esta vieja hp incumplió y tocó recortar un poco de cosa”, explicó Fernández.
En su respuesta, López le contó que “todavía estoy debiendo como $20 millones de transporte. Tú sabes que yo a la gente le di la mitad (…) Voy a ver si consigo al hijo de Tina, porque yo no tengo por qué estar resistiendo esa vaina”. Simón López, además de ser uno de los líderes de la campaña y amigo de Soto, ya era reconocido en el departamento, pues había sido diputado de la Asamblea de La Guajira. Sus conversaciones interceptadas por la Fiscalía dieron más detalles del caso que hoy tiene a Tina Soto en juicio. Por ejemplo, una que sostuvo el 12 de marzo de 2018 con Michelle Andrea Niño. “Ayer casi me linchan a mí”, le contó la mujer a López, a lo que él le preguntó: “¿Por qué te iban a linchar?”.
“Usted sabe, por ‘el cariñito’ que se iba a dar y no se dio completo, mejor dicho, me mentaron la madre y todo”, contestó Niño. En esa misma línea, la Sala de Instrucción tuvo en cuenta otra llamada entre Simón López y una persona identificada como Alexandra. Según el analista del CTI que escuchó la conversación, ella le explicó al exdiputado que “la gente no quería ir a votar porque no había llegado nadie a llevarles ‘el cariñito’. López contestó que ya mandaba a alguien para solucionar el tema”. Aunque él siempre trató de evitar que estos temas fueran mencionados en las llamadas, las advertencias fueron en vano. En las interceptaciones quedó grabada otro detalle de cómo había funcionado la compra de votos.
La conversación sucedió después de las elecciones, entre Simón López y, al parecer, un funcionario de la Registraduría que la Corte no identificó. ¿Cuánto le debo?, preguntó López. Su interlocutor le explicó que ya se había hecho el reconteo de votos y que él mismo había metido unos que estaban tachados. “La novia que consiguió metió 15 nulos en el San Martín y él 15. La mayoría de los votantes fueron nulos, ‘no sé si fueron los venezolanos que no supieron votar o los paisanos’”, explicó el otro hombre. Otra presunta irregularidad de este tipo quedó grabada en una llamada entre López y una persona identificada como HD, quien le comentó que había sido jurado y había votado dos veces, pero no le habían pagado nada.
“No hable de eso por aquí”, le recriminó López, de nuevo, sin éxito. Aunque estas y otras conversaciones fueron interceptadas a personas diferentes a Soto, para la Corte Suprema es claro el vínculo entre ella y sus líderes políticos, en especial con López. Para llegar a esa conclusión la Sala de Instrucción tuvo en cuenta otras llamadas y dos de ellas son claves. La primera ocurrió el 13 marzo de 2018. “Decirle compadrito (Simón López) que esta es una credencial que es de ustedes que son mis amigos. Ustedes hicieron posible con su trabajo que hoy la tuviéramos (la credencial al Congreso) porque si no se hubiese trabajado, no se hubiera obtenido y eso se vio reflejado el día domingo”.
Y la segunda llamada entre la excongresista y Ades Alberto Aramendis, otro líder político, fue todavía más comprometedora. “Ajá Ades, ¿Qué más?”, lo saludó Tina Soto. “El CTI y el Gaula allanaron la casa”, le contestó su amigo, a lo que ella le preguntó si la operación había sido para buscar evidencia de fraude. “Fraude, corrupción al sufragante”, le confirmó Aramendis. Soto contestó: “Ya”. El hombre continuó: “Si ellos nos hubieran querido fregar, nos hubieran fregado aquí en el Comando porque nosotros tenemos dos días de estar repartiendo cositas ahí”. Por esta clase de llamadas es que la Corte no tiene dudas de la participación de Soto en el esquema de corrupción electoral.
“Los manes de Bogotá”
Además de las llamadas sobre cómo habría funcionado la logística para comprar votos en La Guajira, la Corte Suprema también tuvo en cuenta otro tipo de conversaciones para sostener que María Cristina Soto habría tratado de ocultar su participación. Las interceptaciones tuvieron lugar en febrero de 2021, cuando la Sala de Instrucción ya le estaba pisando los talones a la excongresista. El centro del diálogo fue, de nuevo, Ades Alberto Aramendis quien le contó a una persona sin identificar que el alto tribunal lo había citado a una declaración en la investigación contra Soto. “Tengo que ser muy preciso. Mandaron unos manes de Bogotá para prepararme con qué es lo que voy a decir”, explicó el líder político.
Según otra comunicación interceptada, Tina Soto estuvo al tanto de esos movimientos. Al día siguiente de la declaración, Aramendis le contó a otro amigo: “Con ayuda de los abogados la declaración fue buena”. En el caso de Simón López, la situación fue similar. En una llamada que sostuvo con un hombre llamado Lucho, el líder le contó que también se había reunido con unos abogados de Bogotá porque tenía que declara ante la Corte. “Según los abogados los audios fueron recolectados sin el lleno de los requisitos (…) A los magistrados usted tiene que decirle que guarda silencio, porque hay cosas que lo pueden autoincriminar”, explicó López.
Para la Sala de Instrucción, estas interceptaciones le permiten decir que sería innegable el interés de Tina Soto en que no se conocieran los pormenores de las actividades al margen de la ley realizadas, al parecer, por colaboradores para corromper a los votantes. A nadie más que a ella, explicó la Corte, le interesaba que esa información no saliera a la luz pública y permaneciera oculta. Si realmente no existía ninguna actividad al margen de la ley alrededor de la campaña que llevó Soto al Congreso ¿por qué motivo alguien tenía que preocuparse por preparar a los testigos citados por la Corte? Esa es una de las preguntas que se hizo el alto tribunal para llamar a la excongresista a juicio.
Estas interceptaciones ya están listas para ser presentadas en juicio y para que la defensa de Tina Soto las pueda controvertir. Solo en ese escenario se sabrá si María Cristina Soto es culpable o inocente de los delitos de corrupción de sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal. La palabra la tiene ahora la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que se alista a iniciar formalmente el juicio en contra de la primera mujer guajira en llegar al Congreso, que todavía mantiene poder político a través de su hijo, Juan Loreto Gómez, actual representante a la Cámara, y su sobrino, Iván Mauricio Soto, el alcalde del municipio de Barrancas.
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