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Fraude electoral, reconteo nacional de votos y falta de garantías. Desde las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, expresiones como estas se han usado desde todas las orillas políticas con ligereza, mientras continuaba el proceso de escrutinio, que es el que realmente define cómo quedará el Congreso. Fue allí, por ejemplo, que se supo que el Pacto Histórico tenía cerca de 500.000 votos más de los que fueron anunciados en los boletines de preconteo de la Registraduría el día de elecciones. Ante ese panorama, los candidatos y movimientos políticos pueden acudir a la justicia cuando adviertan posibles irregularidades. En El Espectador le contamos qué caminos pueden tomar.
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Pelear en el CNE
El primer camino que puede emprenderse para corregir inconsistencias en el conteo de votos inicia en el escrutinio, que es la fase de corroboración en la que aún siguen en algunos puntos del país. Camilo Mancera, del observatorio jurídico de la Misión de Observación Electoral (MOE), explicó que en ese momento los partidos pueden presentar reclamaciones en las comisiones escrutadoras locales y luego en las departamentales, conformadas por jueces y notarios. Posteriormente, algunos casos podrían llegar hasta el CNE. Los magistrados de esa instancia, si está bien sustentado el reclamo, pueden ordenar un reconteo de los votos en una zona determinada. No uno nacional.
A su vez, Mancera señaló que el lío de estas semanas tiene dos factores que no se habían presentado en elecciones anteriores. El primero fueron las diferencias tan grandes entre los resultados del preconteo del domingo y el escrutinio, lo que generó desconfianza en la ciudadanía. Es el caso, por ejemplo, de los votos del Pacto Histórico. Para él, quien debería dar explicaciones es el contratista que subió los boletines a la página de la Registraduría, pues los votos estaban, pero ellos no los mostraron ese día. Y en segundo lugar, el llamado del registrador Alexánder Vega a hacer un reconteo nacional, que no existe, y que, para Mancera, deslegitimó más el proceso de escrutinio.
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Esperar en el Consejo de Estado
En el terreno de los recursos judiciales, existe uno que se llama control de nulidad, un mecanismo para que los partidos políticos reclamen cuando consideran que hubo situaciones que afectaron los resultados electorales. Aunque esta no es la vía más rápida, pues puede tomar años, termina siendo la única que puede brindarles garantías a los candidatos quemados y a los elegidos al Congreso. La exmagistrada del Consejo de Estado, Susana Buitrago, explicó que los congresistas pueden acudir a este recurso una vez quede en firme el acta que declara la elección del nuevo Legislativo y debe presentarse en la Sección Quinta.
La exmagistrada explicó que el magistrado al que le corresponda el caso analizará las etapas electorales, ordenará pruebas y escuchará los argumentos de parte y parte. Aunque parece ser la única salida para reclamar en la justicia, no es tan eficaz como debería. Para el también exmagistrado del Consejo de Estado, Alberto Yepes, la nulidad electoral tiene una serie de falencias. Por ejemplo, que no resuelven los conflictos en tiempo real. Así ocurrió con el Partido Mira, que demandó por esta vía las elecciones de 2014 y la justicia solo le dio la razón en 2018, asignándole las curules a que tenía derecho a punto de que cambiara el Congreso.
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En la sentencia a favor del partido Mira, tras corroborar que hubo fraude electoral, el Consejo de Estado impartió una serie de órdenes al Gobierno, a la Registraduría y al CNE. Sin embargo, de lo que se vive en 2022, Mancera da dos ejemplos de cómo que no es claro qué tanto de esas medidas se están cumpliendo. En primer lugar, “en este momento debería haber un embalaje y custodia de todo el material electoral”, como ordenó el fallo, pero las autoridades no han sido claras de si se está dando o no. En segundo lugar, “el software de escrutinio debería ser del Estado”, añadió Mancera sobre las órdenes de la sentencia. No obstante, lo que sucedió este año es que se compró el software que tenía la compañía española Indra, que hace una parte, y se contrató la otra parte con una segunda compañía, Disproel.
Para el exconsejero Yepes, la situación actual es muestra de que “Colombia está aprendiendo que el derecho electoral no es derecho administrativo. No se trata de administrar unas elecciones, se trata de una democracia”. Además, añadió que, si bien en este momento se adelanta el control de la reforma al Código Electoral que introdujo Vega, en esa norma no se previeron soluciones para este tipo de situaciones. De todas maneras, resaltó que el CNE no tiene otra función más que la de administrar, y añadió: “Mi conclusión es que no es un fraude electoral lo que ha existido, lo que se evidencia es disfuncionalidad del sistema electoral”.
De lo penal a la realidad
La postura del exmagistrado Yepes no es ajena al penalista y exfiscal, Camilo Burbano, quien explicó que, hasta el momento, se desconoce si hubo o no delitos electorales en el preconteo y escrutinio. “Para que se configuren los delitos electorales, es necesario que las conductas se hayan realizado con la intención y el conocimiento”, aseveró el penalista. Y explicó que, para que se configure el delito de alteración de resultados electorales, debe haber una intervención que busque impedir, anular o modificar los resultados reales. Aunque algunos partidos han gritado “fraude”, no se conocen denuncias formales, ni la Fiscalía ha anunciado investigaciones en ese sentido.
Mientras se configura un escenario penal y la Registraduría aclara qué pasó realmente en las elecciones del 13 de marzo, los partidos políticos siguen atentos a los resultados reales para definir si es necesario acudir a una instancia judicial para que sea la justicia la que defina y aclare lo que, hasta ahora, no ha podido hacer la entidad que dirige Vega. Y, si bien hay dudas que deben ser investigadas, las fuentes consultadas concuerdan que, es muy pronto para hablar de fraude, y acusaciones que aún no tienen sustento solo le hacen daño al proceso democrático.
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