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Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, dice que es inocente. Ella ha sido mencionada más de una vez en el caso de corrupción que golpea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) como parte fundamental del entramado, sobre todo en su presunta gestión para entregar un soborno de $3.000 millones al expresidente del Senado, Iván Name. Este martes 3 de diciembre la Fiscalía, con un arsenal de pruebas, insistió en que la exfuncionaria no solo es responsable de cuadrar y entregar las coimas, sino también argumentó que es “un peligro para la sociedad” y que debe ir a prisión preventiva mientras el caso en su contra sigue su curso.
Ortiz Nova, quien también fuese congresista en dos oportunidades de la mando del partido Alianza Verde, el mismo que cobija al senador Name, es la ficha más alta del Ejecutivo que enfrenta a la justicia por el desfalco a la Unidad encargada de atender desastres, aunque, como ha contado este diario, se espera que en los próximos días sean llamados a imputación de cargos otros altos funcionarios del Gobierno, que ya renunciaron a sus cargos e insisten en su inocencia: Carlos Ramón González, antigua cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia y exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública.
Mientras ese llamado se materializa, la Fiscalía intenta probar que Sandra Ortiz fue pieza determinante en el entramado. Por ello, durante la audiencia de medida de aseguramiento contra la exconsejera, la fiscal encargada del caso, María Cristina Patiño, puso sobre la mesa algunas de las pruebas con las que pretenden convencer al Juzgado 03 de Control de Garantías que la exfuncionaria debe ir a prisión. De hecho, Ortiz Nova ya fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias por su presunta participación en el caso, un hecho que la tiene al borde de la cárcel. El ente investigador pidió que no fuera beneficiada con prisión domiciliaria o libertad condicional, pues podría “seguir destruyendo” material probatorio o mantener comunicaciones con otros integrantes de la “empresa criminal” que no han sido procesados.
Los videos de la reunión con Olmedo López para pactar sobornos
Durante la diligencia se recordó como, por una presunta instrucción de Carlos Ramón González, para entonces director del Dapre, tanto Iván Name como Andrés Calle, quien para ese momento fungía como presidente de la Cámara de Representantes, debían ser beneficiados con contratos de la Ungrd. El primero recibiría convenios a su favor por $60.000 millones y el segundo por $10.000 millones. Esos contratos no se ejecutaron, pero el afán de los congresistas, dice la Fiscalía, era evidente, por lo que la estrategia cambió: entregar $3.000 millones en efectivo para Name y $1.000 millones para Calle. Ese dinero, precisa el ente investigador, saldría del sobrecosto de más de $14.000 millones que se generó en el contrato firmado por parte de la Ungrd para llevar 40 carrotanques con agua a La Guajira.
Esos sobornos, con los cuales se buscaba que los presidentes del Congreso agilizaran el trámite de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro en el Legislativo, fueron pactados en diferentes tiempos. Al menos en el caso de Name, la entrega del dinero comenzó a fraguarse el 21 de septiembre de 2023, en la Casa de Nariño, momentos antes de un consejo de ministros. Así lo explicó Olmedo López en una declaración juramentada ante la Fiscalía: “Yo estuve con ella (Sandra Ortiz) ese día y ese día hablamos de plata”, dijo López. Y agregó que la exconsejera le reiteró que ella no tenía nada que ver con Andrés Calle y que el dinero para él debía gestionarlo con Carlos Ramón González. “Es solo lo de Name”, le dice Ortiz a López, según el testimonio del exdirector de la Unidad.
La Fiscalía, siguiendo el rastro de esa reunión, aportó un video del consejo de ministros realizado el 21 de septiembre de 2023, cuando se habría dado la conversación entre Olmedo López y Sandra Ortiz, pactando no solo el tema del soborno, sino también organizando un desayuno para el día 25 de septiembre, en el que estarían presentes Ortiz, López y el mismo Name para hablar del tema. Estas son algunas de las imágenes entregadas por el ente investigador sobre esa reunión: Allí se ve a López y Ortiz conversando en una esquina del Palacio de Nariño. Durante esa conversación, al parecer, se habría hablado de los $3.000 millones y el próximo encuentro agendado para el 25 de septiembre.
Antes del desayuno pactado para el 25 de septiembre, el cual se realizó en el apartamento de Sandra Ortiz en Residencias Tequendama, en Bogotá, según Olmedo López, la exconsejera presidencial para las Regiones le hizo una sola recomendación al funcionario: no mencionar el total del soborno, que era de $3.000 millones. “No podría decir por qué, pero esa fue la condición que ella dio antes del desayuno”, le dijo López a la Fiscalía. Pero lo que sí dijo Sandra Ortiz, de acuerdo con el testimonio del exdirector de la Ungrd, fue para qué sería utilizado ese dinero. “Era para la campaña de la hija de Iván Name (María Clara Name), porque a ella había que sacarla al Concejo de Bogotá”.
La hija del parlamentario ya rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia por estos hechos, y aseguró no tener nada que ver con esos señalamientos. “Yo no tengo nada que ver en esas declaraciones que esos señores irresponsablemente han otorgado. Solo quiero ratificar nuestra transparencia, ratificar también nuestro proceder siempre adecuado en todas las campañas políticas, en todos los eventos que hemos desarrollado también desde nuestra profesión”, dijo a la salida del alto tribunal.
Olmedo López, ante la Fiscalía, continuó: “Al final del desayuno Name me agradece, me invita a que nos sigamos encontrando, a que compartamos en las noches. Yo le ratifico que estoy en apoyo económico a la campaña de su hija. Él me dice que hay contrato para Atlántico que está pendiente, que era un tema de una adición”. López se refiere a un contrato de unas obras que gestionaba la Ungrd en ese departamento, al cual Sandra Ortiz le pidió una adición de $11.000 millones. En ese convenio, según estableció la Fiscalía, tenía intereses el senador Name. El exdirector de la Ungrd habría aportado un chat a la justicia, en donde se habla sobre este contrato para favorecer al parlamentario.
La entrega del dinero
Luego de que acordara la entrega de un soborno de $3.000 millones al entonces presidente de la cámara alta, lo siguiente en la agenda era el trámite para entregar ese dinero. Según estableció la Fiscalía, el soborno fue entregado por Sneyder Pinilla a la exconsejera en las Residencias Tequendama, en Bogotá, durante los días 12 y 13 de octubre: cada día entregó una maleta con $1.500 millones. De hecho, Pinilla recuerda que dejó las maletas en un lugar específico en una habitación, esperó a que Ortiz se arreglara y salieron juntos a dejar la plata en el apartamento del senador Name, en el norte de la capital. El exsubidrector de la Unidad recordó que Ortiz le dijo que bajaran por unos ascensores auxiliares, para no ser vistos por las cámaras de seguridad.
La defensa de Pinilla, en cabeza del abogado Luis Gustavo Moreno, aportó una serie de chats, del 13 de octubre, en los que Pinilla y Ortiz acuerdan reunirse para la entrega del dinero. En lenguaje cifrado, la exconsejera dice: “Pendiente de las onces de hoy. A qué hora puedes ?”. Así, durante varios minutos fueron pactando la hora de encuentro. Hasta que, entre las 2:43 y las 2:55 de la tarde, Ortiz borra cuatro mensajes enviados a Pinilla. Este hecho, para la Fiscalía, es un claro ejemplo de como la exfuncionaria estaría eliminando material clave de la investigación, siendo un argumento para justificar que ella debe ir a prisión o, de lo contrario, podría afectar u ocultar otros elementos de prueba.
“Según informó el testigo directo de los hechos, Sneyder Pinilla, los mensajes suprimidos de la conversación eran manifestaciones de la imputada respecto de la segunda entrega de los $1.500 millones (…) Lo anterior evidencia que la imputada eliminó y destruyó apartes relevantes de la conversación que permitían demostrar la exteriorización del comportamiento delictivo de ella. Este es un presupuesto que nos lleva a concluir que es altamente probable que la imputada pueda seguir destruyendo medios de conocimiento que acrediten de las conductas y la participación de terceras personas en los hechos”, aseguró la fiscal encargada del caso.
Por estos motivos, la Fiscalía pidió que Ortiz Nova sea enviada a prisión. “Se puede inferir de manera razonable que la consejera para las Regiones utilizó influencias derivadas de su cargo en provecho del senador Iván Name con el fin de entregar $3.000 millones, derivados de contratación de Ungrd, con destino al presidente del Senado”, apuntó la fiscal Patiño durante la diligencia. El próximo miércoles, a las 11:00 de la mañana, se reanudará la audiencia en contra de la exconsejera Sandra Ortiz, cuando se conocerá si finalmente irá a prisión por su participación en el caso de corrupción más grande de la actual administración.
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