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Tras las recientes operaciones militares de Estados Unidos sobre Venezuela, en Colombia se abrió un escenario de dudas frente al panorama de seguridad en la frontera. En la madrugada del sábado 3 de enero, el gobierno de Donald Trump capturó al presidente Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en medio de un bombardeo en la capital, Caracas. Las reacciones del lado colombiano fueron rápidas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno Nacional activó una respuesta estatal basada en la diplomacia, la atención humanitaria y la seguridad.
Además del despliegue de más de 30.000 unidades de la fuerza pública en la frontera con Venezuela y la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), el jefe de la cartera de Defensa aseguró que se mantendrá una política de cero tolerancia contra el Eln, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias “Iván Mordisco”, así como la ofensiva contra el narcotráfico.
El papel de los grupos armados es clave con base en su despliegue en varios puntos de la frontera. Precisamente, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, los combates entre el Eln y las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá” han desatado una de las peores crisis humanitarias en Colombia de las últimas décadas, con cerca de 78.000 desplazados, según la Defensoría del Pueblo.
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Sobre el nuevo escenario de guerra que se abre tras la intervención norteamericana, el experto en seguridad Jorge Mantilla señaló que “incrementa la importancia de estos grupos, particularmente el Eln, como intermediario regional y transfronterizo de una eventual transición”. Además, señaló que el control que ejerce este grupo armado sobre ciertas zonas de Venezuela tendrá un cambio en sus dinámicas de poder, ya sea que se dé la permanencia del régimen o un eventual giro hacia un nuevo gobierno, como lo anunció el presidente Donald Trump.
Sin embargo, el experto advirtió que, aunque hasta el momento no sabemos qué va a pasar del lado colombiano, “cualquier cosa o repercusión que pueda suceder, más que a nivel fronterizo, serán seguramente acciones dentro del territorio colombiano. Por lo que se debería hacer un acuartelamiento de primer grado, sobre todo en Arauca y Norte de Santander, donde estos grupos ya han mostrado su capacidad”.
Por su parte, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que el despliegue operacional americano convirtió la frontera con Venezuela en “un escenario de confrontación geopolítica”, en donde se podría desatar “una crisis humanitaria” con la respuesta del Eln. Esta guerrilla, según Bonilla, podría tener “mucho más acceso a armas a través de la porosidad que nosotros siempre hemos tenido con el tráfico de armas”, donde el mayor afectado sería Colombia.
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En este punto coincidió Mantilla, quien advirtió que, “si se produce una suerte de implosión de los rangos dentro de la Fuerza Armada de Venezuela”, los grupos armados podrían “hacerse fácilmente con equipamiento, armamento y munición” del vecino país, “sobre todo la posibilidad de que adquieran finalmente, como lo han intentado hacer durante varios años, equipos antiaéreos”.
Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), apuntó que esta coyuntura geopolítica se da en medio de las confrontaciones entre disidencias del frente 33 de alias “Calarcá” y el Eln en el Catatumbo, además de los combates entre esa guerrilla con disidencias de las Farc de “Mordisco” en Arauca. Estas dos confrontaciones fronterizas, de las 14 que están activas hoy en el país, “harían más difícil la tarea de diseñar y poner en marcha una estrategia de seguridad que logre contener las amenazas o posibles amenazas que se generen con un posible descontrol de la situación en Venezuela”.
El experto aclaró que, mientras se dé la “transición” en Venezuela, hay tres eventuales escenarios que se condensan en posibles escaladas de violencia en las zonas fronterizas, la continuación de ataques de Estados Unidos contra los grupos armados que se despliegan en Venezuela y “el riesgo migratorio en términos de la salida de venezolanos que no sientan certezas de la hoja de ruta de esta transición” propuesta por el gobierno norteamericano.
En todo caso, y con el inicio de la intervención en Venezuela, el experto de la FIP concluyó que el mayor riesgo de seguridad para Colombia “deriva precisamente de la ausencia histórica, por décadas, de una estrategia de seguridad fronteriza”. Este plan, en sus palabras, debe entender “muy bien cuál es el dispositivo que se debe usar, el tipo de relaciones en términos tanto políticos como de información de seguridad e inteligencia con países vecinos y el rol que deben cumplir las autoridades municipales y departamentales en estos más de 2.200 kilómetros de frontera”.
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En esa misma línea, el investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez, se refirió a las medidas de seguridad que actualmente activó el gobierno Petro y señaló que los PMU “responden más a la atención de flujos migratorios y atención en materia social, pero no salen de la noche a la mañana”. Además, resaltó una “falta de previsión del gobierno de Gustavo Petro”, pues todavía “no tenemos un plan de respuesta ante una crisis como la que se está viviendo con la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela”.
Para Rodríguez, uno de los mayores retos de seguridad que debería enfrentar ese plan es la “convivencia que tiene el régimen venezolano con las organizaciones criminales colombianas, con el Eln y otras organizaciones que han logrado fortalecerse y que no van a renunciar al poder que han ganado en Venezuela”. Además, señaló que la “articulación de las organizaciones criminales” podría jugar en contra de una recuperación de la democracia en dicho país.
Los expertos coinciden en que la coyuntura abre un escenario complejo para la seguridad de Colombia, marcado por el fortalecimiento de los grupos armados, el riesgo de escaladas de violencia y un eventual aumento de los flujos migratorios. Aunque el Gobierno ha activado medidas puntuales como los PMU y el despliegue de tropas, los analistas señalan que estas acciones resultan insuficientes sin una estrategia a largo plazo y la ausencia histórica de un plan de seguridad fronteriza que deja a Colombia expuesta frente a los coletazos de una crisis aún en desarrollo.
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