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“Paso a paso construiremos el camino de la verdad entre todos”. Esa frase escrita en letras negras sobre una tela blanca fue la primera declaración de la más reciente audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en Antioquia, adelantada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Detrás de la pancarta, los familiares de cientos de civiles inocentes asesinados por militares caminaron en silencio, portando banderas y velas encendidas que pusieron al lado de las fotos de sus seres queridos.
La diligencia hizo parte del caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado, por el cual 50 exmilitares de todo el país han sido seleccionados como máximos responsables e imputados por la justicia transicional. Se centró puntualmente en el subcaso Antioquia, donde, según esa instancia judicial, se concentraron el 25,19% de todas las personas asesinadas y presentadas de forma ilegítima por militares, a cambio de medallas y recompensas.
La audiencia que se adelanta entre el 4 y el 6 de diciembre en el municipio de Granada (Antioquia) estuvo antecedida por una diligencia del mismo tipo, que se desarrolló entre el 8 y el 10 de octubre de este año. Cuarenta exmilitares y dos civiles fueron llamados dentro de este caso a reconocer su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales de 589 personas, ocurridas entre los años 2002 y 2007. De ese total, 228 víctimas fueron desaparecidas forzosamente, 13 han sido identificadas en el marco del proceso judicial y de otras 111 aún no hay rastro.
Para el caso de la diligencia en el municipio de Granada, quienes miraron de frente a las víctimas y se abrazaron con algunas de ellas tras pedirles perdón son los exmilitares Óscar Iván Mayo Marulanda, Freud Amín Niño Sanabria, Luis Adolfo López, Jesús Octavio Medina Cartagena, Rubén Briam Blanco Bonilla, Heverley Largo Morales, Gersson Buitrago Medina, Luis Fernando Toro Piedrahíta, Julio Orley Herrera Escobar, Néstor Andrés Sánchez Serna, Jose Manuel Quintero López y Juan Carlos Barrera Jurado.
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Todos hacían parte del Batallón de Artillería Número 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (Bajes) y del Grupo de Caballería Mecanizado “Juan del Corral”, de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia. Una unidad militar que, en palabras de los comparecientes, era considerada la mejor y la más efectiva del país por las altas cifras de personas que presentaban como guerrilleros muertos en combates. Para la fecha de los hechos, el comandante del Ejército allí era el general en retiro Mario Montoya, quien ha negado su responsabilidad en esa barbarie.
Esto, incluso a pesar de que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha logrado determinar que el general (r) Montoya “impuso presión por resultados en términos de ‘litros’, ‘chorros’, ‘ríos’, ‘barriles’ o ‘carrotanques de sangre’, convirtiendo esta lógica en una orden recurrente dentro de la tropa”. Tampoco ha aceptado su responsabilidad el coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero, excomandante del Bajes. Los expedientes de ambos exmilitares fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación y podrían ir a juicio adversarial.
No obstante, la diligencia adelantada en Granada puso sobre la mesa los nombres de otros oficiales que aún hacen parte de la institución y que, incluso, han estado enredados en escándalos recientes. Es el caso del general Juan Miguel Huertas, vinculado a la polémica sobre presuntas filtraciones a las disidencias de alias “Calarcá” que estalló hace solo un par de semanas. Los comparecientes dijeron que Huertas, quien entre 2002 y 2003 era apenas capitán, habría sido el facilitador de muchos casos de falsos positivos en Antioquia.
“Cuando el capitán Huertas me insinuó que debía asesinar a alguien, le dije que no”, indicó el teniente retirado Edwin Toro. Huertas también fue señalado de presionar a la Cuarta Brigada del Ejército para generar resultados y de supuestamente entregar armas para simular combates. “Esa arma nos la dio el oficial de operaciones de la época, el capitán Huertas Juan Miguel. Nos dijo que tenía armamento disponible en caso de que diéramos bajas sin que los supuestos enemigos estuvieran armados”, narró el compareciente Emerson Castañeda. No obstante, para la JEP no hay pruebas suficientes para vincularlo como máximo responsable.
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Los hijos que volvieron a casa
Una mesa revestida con mantel blanco, ubicada en el centro del coliseo del municipio de Granada, fue la protagonista de uno de los momentos más importantes de la audiencia de reconocimiento adelantada allí por la JEP. Sobre el mueble, adornado con dos veladoras blancas, dos portarretratos, un balón de fútbol y un pequeño bonsái de limonero sembrado en una maceta de barro, fueron ubicados dos cofres de color café. En una de las caras laterales, cintas con los nombres de dos víctimas del Ejército: Jairo Andrés Alzate González y Heider Alberto Velásquez Idárraga.
Después de dos décadas de búsqueda, las familias de estos dos jóvenes asesinados y desaparecidos por militares de la Cuarta Brigada en Antioquia vivieron la entrega digna de los restos de sus seres queridos, en el punto central de la audiencia pública. Dos familias más, las de Juan Carlos Castaño Tobón y José Mauricio Meneses Zapata, también tuvieron la entrega simbólica de los cuerpos de sus hijos asesinados por el Ejército. Sus restos ya están plenamente identificados y la entrega será privada a petición de las familias.
Antes de la entrega de los cuerpos, la magistrada Catalina Díaz Gómez, quien presidió la diligencia, habló sobre cada uno de los casos y le dio la palabra a sus familiares para que le hablaran de frente a los exmilitares responsables de sus asesinatos y desapariciones forzadas. “Este es un fenómeno muy grave, un crimen muy devastador en las vidas de las familias y de las comunidades, por esa continua zozobra de no saber qué ha ocurrido”, dijo la togada. Agregó que, junto a instituciones del Estado como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), Medicina Legal y la Fiscalía, han logrado ocho entregas dignas.
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Jairo Andrés Alzate González
Uno de los cuerpos entregados dignamente a sus familiares fue el de Jairo Andrés Alzate González, desaparecido forzosamente por tropas del Bajes en marzo de 2003, cuando tenía solo 15 años. “Le gustaba montar a caballo, jugaba canicas, trepaba en los árboles, trabajaba en el campo, recogía café y jugaba fútbol”, narró la magistrada Díaz Gómez. Junto a su hermana, su cuñado y su sobrino de ocho años, que sigue desaparecido, salieron desplazados forzosamente. Creyendo encontrar la protección en los uniformados, Jairo Andrés halló la muerte injustificada.
Su hermano, Fernando Alzate González, habló durante la audiencia y agradeció a las instituciones que, junto a la JEP, lograron recuperar el cuerpo, identificarlo plenamente y regresarlo a su familia para darle sepultura. “No esperábamos que fuera en estas condiciones, pero nos sentimos alegres al saber que, por fin, parte de nuestra búsqueda con Jairo Andrés ha terminado. Seguimos con la búsqueda de nuestro querido sobrino, Jhon Arley Beltrán Alzate, y nuestro otro hermano, Rubén Darío Alzate González”, señaló.
“Querido hermano, es una victoria. Te encontramos y nos sentimos contentos al saber de ti, pues te vamos a dar cristiana sepultura. Vuelves al seno de nuestra familia en esta navidad”, expresó Fernando Alzate González. “Entre nosotros quedan muchas preguntas, interrogantes por resolver, cosas por clarificar. Aprovechamos para pedirles el favor a los comparecientes de que nos ayuden a encontrar a nuestros demás seres queridos. El encuentro de Jairo Andrés debe ser un motivo para todos ustedes, que están en la búsqueda”, concluyó.
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Heider Alberto Velásquez Idárraga
Luz Elena Idárraga Marín, madre de Heider Alberto Velásquez Idárraga, también pudo abrazar los restos de su hijo, 22 años después de haber sido asesinado por militares. “Es recordado por su generosidad y amor profundo por su familia. Un niño que, pese a ser tan joven, siempre estuvo al lado de su padre, quien lo recuerda como un hijo responsable y trabajador. Sus hermanas lo describen como un niño con alma de hombre, siempre cuidando del bienestar de ellas y de su madre”, señaló el magistrado Óscar Parra Vera, quien acompañó la diligencia.
Nancy Velásquez Idárraga, su hermana, habló apoyada en su madre, que le susurraba: “Usted es capaz”. Se refirió a la búsqueda de su hermano como “un camino largo, sostenido con amor y con fuerza”. Agregó: “Hoy esta familia puede sostener en sus manos un retorno, un nombre que vuelve a ser pronunciado con claridad, dignidad y ternura. No es el encuentro que deseo ni el abrazo que tanto se soñó recuperar, pero es un regreso que permite cerrar un círculo abierto por la incertidumbre, limpia la neblina de duda y devuelve la posibilidad de paz”.
El discurso lo cerró Luz Elena Idárraga, madre del menor asesinado a sus 16 años. “Hoy no venimos a revivir el sufrimiento, sino a honrar la vida que existió. Hoy elegimos el amor antes que la ausencia, la memoria antes que el silencio. Heider Alberto vuelve a casa, no solo en lo que podemos ver y tocar, sino en lo que permanece, en los recuerdos que aún habitan, en las risas que no se olvidan, en los afectos que se guardan como tierra fértil. Su nombre vuelve a hacerse grande, a tener un lugar propio y a descansar en el corazón de quienes lo esperaron”, dijo.
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José Mauricio Meneses Zapata
La familia de José Mauricio Meneses Zapata no intervino durante la audiencia; los restos de su ser querido fueron entregados en un acto privado el pasado 3 de diciembre, un día antes de la audiencia de Granada. Tenía 33 años cuando fue desaparecido forzosamente por tropas del Bajes, el 10 de junio de 2005. “Era uno de los hermanos de una familia numerosa y profundamente unida. Creció rodeado del afecto de sus padres, hermanos y hermanas, quienes lo recuerdan como un hombre trabajador, servicial y dedicado”, dijo el magistrado Parra Vera.
El joven vivía en Medellín, donde trabajaba ayudando a sus tíos en distintos negocios. Pero, narró el togado, “su vida cambió tras sufrir un grave accidente automotriz, que le generó una discapacidad cognitiva, transformó su día a día y aumentó su dependencia del apoyo familiar”. Agregó: “Por ello, resulta especialmente aberrante y doloroso que su nombre fuera manchado al presentarlo falsamente como un supuesto subversivo muerto en combate. Este crimen no solo le arrebató la vida, sino que afectó profundamente la dignidad de su memoria y de su familia”.
El togado, quien habló en nombre de la familia, describió la desaparición de su cuerpo como “un sufrimiento prolongado” durante dos décadas de preguntas sin respuestas. “Su familia emprendió una búsqueda desesperada, dolorosa y cargada de incertidumbre, enfrentando silencios institucionales y versiones contradictorias, mientras intentaban encontrarlo y restituir su verdad”. Concluyó: “La estigmatización de José Mauricio como delincuente o combatiente nunca tuvo sustento alguno. Él jamás representó una amenaza para nadie”.
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Juan Carlos Castaño Tobón
En la audiencia hubo una cuarta entrega simbólica a la familia de Juan Carlos Castaño Tobón, desaparecido a sus 20 años. “Era un joven campesino que recogía café en una finca de la vereda Calderas, en límites entre Granada y San Carlos”, narró la magistrada Díaz Gómez. Un grupo de soldados entró a la finca para hacer un allanamiento “indagando por la presencia supuestamente de guerrilleros”. Juan Carlos fue retenido, su hermana les entregó la cédula a los uniformados, quienes luego lo asesinaron y lo presentaron, junto a otras siete personas, como guerrillero muerto en combate y de identidad desconocida.
Martha Isabel Castaño Tobón, la hermana que lo vio salir con vida y tardó dos décadas en encontrar sus restos, se presentó frente a magistrados, víctimas y comparecientes para hacer un monólogo en nombre de su hermano. “Trabajo arduamente en la recolección de café, para brindarle un mejor futuro a mi familia. Comparto mi vida con mi esposa, mis dos hijos, uno de un año y el otro de cuatro meses, mi hermana y mis sobrinos”, leyó la mujer. Su padre, mientras tanto, sostenía en alto un retrato del joven.
“La violencia se ha apoderado del oriente antioqueño y mi familia ha sido una de las víctimas. He sido objeto de atropellos y falsas calumnias por parte de actores armados, grupos al margen de la ley y la fuerza pública. La Policía Nacional me ha detenido en varias ocasiones, acusándome de ser guerrillero, lo que ha puesto en peligro mi integridad y mi vida. Estas acusaciones infundadas han sembrado el miedo y la incertidumbre en mi corazón”, narró Martha Isabel Castaño, quien el próximo 12 de diciembre se reencontrará por fin con su hermano, como cientos de familias esperan hacerlo con sus seres queridos.
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Verdades pendientes y medallas por entregar
“Esta navidad la estoy viendo diferente. No con la amargura con que la veía todos estos años atrás. Muchas gracias, lo perdono de corazón. Y… mi esposa y yo le queremos dar un abrazo”. Esas fueron las palabras que Robinson Gómez, una de las víctimas acreditadas en el subcaso Antioquia, le dijo de frente a Freud Amín Niño Sanabria, uno de los militares responsables de cientos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en municipios como Granada. Su perdón y su abrazo fueron unos de todos los que se fraguaron durante la audiencia.
A Robinson Gómez, la guerra de militares y paramilitares en Antioquia lo tocó por triple partida. Es hermano de María Juliana Gómez Giraldo e hijo de Ramón Abel Gómez y María Edilma Giraldo, todos asesinados extrajudicialmente. También su esposa, María Teresa Botero, es víctima acreditada por la justicia transicional. El exmilitar Niño Sanabria aceptó haber dado la orden de asesinar a su hermana, el 31 de diciembre del año 2003, en la vereda El Porvenir, del municipio de San Luis.
“Luego de que en la audiencia que hubo en Granada, en agosto, el señor Freud Niño Sanabria me confesó que él fue quien dio la orden de rematar a mi hermanita, que estaba herida, suplicando por su vida, he logrado sanar mucho mi corazón”, narró Gómez. “Gracias a la confesión que hizo el señor Juan Carlos Muñoz, que presenció el abuso sexual de mi hermanita, los logré perdonar después de todo el odio que les cargaba y que me atormentaba día a día (…). Se lo agradezco, porque es muy valiente y me dijo que se quería llevar eso a la tumba”, agregó.
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De paso, cuestionó los casos en los que algunos comparecientes se acogen a la justicia transicional sin intención real de aportar a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. “Cuando dicen la verdad, lo ayudan a uno a sanar, ¿pero para qué vienen acá a decir mentiras? Mejor no vengan”, dijo Robinsón Gómez. No obstante, durante la diligencia en la que intervinieron, en total, 12 comparecientes durante las dos primeras jornadas, hubo declaraciones que destaparon detalles de la política criminal de las ejecuciones extrajudiciales.
Rubén Briam Blanco Bonilla, quien fue comandante del Bajes en Antioquia, por ejemplo, aceptó que las ejecuciones extrajudiciales eran una práctica bien conocida y planificada al interior de la unidad militar. Dijo que asesinar a civiles inocentes para inflar las cifras de resultados operacionales fue un “acuerdo común” que no estaba por escrito, pero todos conocían al interior del Ejército. “Quiero manifestarles que desde el primer momento en que tuve contacto con las víctimas me quebraron con el valor que ustedes nos han demostrado y que yo no tuve”.
También Gersson Buitrago Medina, exjefe de Inteligencia del Bajes, aceptó la deshumanizada barbarie en las ejecuciones extrajudiciales: “A las víctimas no las veía como seres humanos, sino como una cifra más que alimentaba el ego del batallón”. Agregó: “Manifiesto mi arrepentimiento sincero de que con mis acciones se haya generado tanto daño. Sé que es un atrevimiento pedirles perdón por estas atrocidades y el daño infligido, pero lo hago con profunda vergüenza y de la manera más humilde y sincera. Les suplico, dentro de lo humanamente posible, perdón”, dijo.
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Tras su intervención, la magistrada Díaz Gómez manifestó la preocupación que ha rodeado la investigación de la JEP y la búsqueda de respuesta por parte de las víctimas: ¿Quién dio la orden? Aseguró que hubo un “engranaje” compuesto por piezas que “encajaban perfectamente”: órdenes de altos mandos, búsqueda de caminos para inflar las cifras, crímenes contra civiles y recompensas. Esa unión de piezas, en su concepto, dio lugar a una maquinaria de una práctica calificada por ella como “desquiciada”.
“Aquí tenemos una explicación buena del sistema que funcionaba como un reloj. Eso hacía que la orden de asesinar no fuera explícita, como uno se imaginaría, con palabras. En la mayoría de los casos bastaba un gesto, una mirada, una palabra muy sutil como ‘ya le mando al inspector’ o ‘cuál captura, no se enrede’. Cosas muy sutiles que en esa maquinaria significaban todo, significaban un aval de que esa persona fuera asesinada, que el comandante estaba de acuerdo, lo sabía y lo consentía”, explicó la togada.
Pese a las confesiones de los comparecientes, a las declaraciones que salpican oficiales activos como el general Juan Miguel Huertas y los abrazos de disculpas aceptadas por parte de la mayoría de las víctimas, ese abrazo de perdón quedó aplazado en algunos casos. Uno de esos perdones postergados fue el de Luz Marina Naranjo, hija de Luis Arturo Naranjo, quien cuestionó los aportes a la verdad de Juan Carlos Barrera Jurado, excomandante del Bajes. “Usted acabó con mi vida”, expresó.
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A renglón seguido, con la voz inundada en llanto, puso frente a la audiencia su sentimiento de dolor. “Desde que usted dio la orden de que mataran a mi padre, vengo enferma; cada día me siento más mal por culpa suya. Usted es criminal, asesino. Me perdona, pero no soy capaz de darle un abrazo fingido ni de perdonarlo, porque lo que siente mi corazón es más grande que lo que es usted”, expresó. Las declaraciones del coronel en retiro Barrera Jurado también fueron cuestionadas por la magistrada Díaz Gómez y el magistrado Parra Vera.
“¿Reconoce haber dado las órdenes asociadas a todos los asesinatos que le hemos imputado y que se han dialogado el día de hoy?”, le preguntó el magistrado Parra Vera. El exmilitar respondió en tres palabras: “Sí, señor magistrado”. En otro momento de la audiencia dijo que a las víctimas las veían “como si fueran unas personas que estaban obstaculizando el desarrollo de las actividades y de las operaciones en el área”. La magistrada Díaz Gómez le preguntó por las alertas de organismos regionales, nacionales e internacionales por graves violaciones de derechos humanos y su respuesta de nuevo fue concreta: “Se desestimaron, señora magistrada”.
Tras más de ocho horas de audiencia y en medio de la intervención de Barrera Jurado que, en concepto del magistrado Parra Vera, “genera preguntas adicionales”, la segunda jornada de la audiencia fue suspendida. Para la última jornada en Granada, que será el 6 de diciembre, está prevista una devolución de condecoraciones y reconocimientos entregados a militares que inflaron cifras con ejecuciones extrajudiciales. La razón de ese acto simbólico, en concepto de los magistrados, es clara: “Hay medallas manchadas con sangre”. El país lo está conociendo.
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Por Gustavo Montes Arias
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