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En su salvamento de voto el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub cuestionó la decisión del alto tribunal que determinó que todas las EPS tienen la obligación de asesorar la interrupción voluntaria del embarazo y realizar abortos a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en Colombia.
Pretelt Chaljub aseguró que existe una agenda progresista ultraliberal que ha tomado decisiones que “han desconocido profundamente valores como el respeto a la vida y a la familia”. Señalando que de este bloque hacen parte la mayoría de magistrados del alto tribunal.
En el documento asegura que el fallo que declaró inconstitucional la no obligatoriedad del protocolo y del modelo de atención integral para las víctimas de la violencia sexual va en contra de la protección constitucional a la vida, hecho por el cual asegura que la Corte tenía que declararse inhibida para fallar de fondo.
“La sentencia terminó declarando obligatorio un protocolo que jurídicamente constituía un mero acto administrativo del Ministerio de Salud y que increíblemente con esta decisión ha adquirido un rango casi constitucional”, precisó el togado al manifestar que la demanda que generó el debate no argumentó de manera correcta la vulneración al derecho a la igualdad.
Asegura además que determinar que la aplicación de dicho protocolo era obligatorio y no facultativo de las Empresas Prestadoras de Salud va contra la Constitución. “Estos documentos han flexibilizado los requisitos para practicar el aborto, lo cual atenta gravemente contra la protección de la vida”.
“El Protocolo de Atención Integral en Salud para las Víctimas de la Violencia Sexual hace parte de una estrategia de regular el aborto a través de meras resoluciones para no tener que discutir el tema en el Congreso de la República, lo cual resulta completamente inconstitucional y abiertamente antidemocrático”, indicó.
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