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La reciente designación de Carlos Holmes Trujillo como ministro de Defensa lo pone a cargo de una de las “papas calientes” que ha tenido el Gobierno de Iván Duque en los 15 meses que lleva su gobierno: la grave situación de orden público, generada tras la salida de las Farc de la guerra. El desarme del desaparecido grupo subversivo llevó a que otros armados como disidencias de esa misma guerrilla, el Clan del Golfo, el Eln y Los Pelusos, se hicieran a cargo de las rutas del narcotráfico, minería ilegal y otras rentas criminales que en el pasado estaban en manos de dicha guerrilla.
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Una de las regiones más complicadas en cuanto a orden público es el norte del Cauca y el sur del Valle, según la Policía. En esta región del país hace presencia el sexto frente de las disidencias de las Farc, a cargo de alias Mayimbú, a quien se le atribuye la autoría de las tres masacres que ocurrieron en los últimos meses en Corinto y Suárez, así como las dos que ocurrieron en Jamundí. En esta zona, el grupo ilegal controla los cultivos de coca y marihuana que son vendidos a las estructuras del narcotráfico, que a su vez vende a los carteles mexicanos. En la otra orilla están las comunidades indígenas, quienes se oponen a la presencia de hombres armados en sus territorios y han sido víctimas de los hombres de Mayimbú.
Aunque las disidencias del sexto frente controlan la zona, los Pelusos han intentado entrar también para quitarle una parte del negocio de la droga a Mayimbú. Lo que se ha sabido es que el entonces jefe de los Pelusos, conocido como Pácora —que murió a finales de septiembre pasado en un enfrentamiento con la Fuerza Pública—, envió hombres armados para que se asentaran en Jamundí y Puerto Tejada. Con los recientes asesinatos múltiples, el gobierno anunció que en diciembre llegarán 2.500 miembros del Ejército para reforzar la seguridad del departamento del Cauca.
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Otro de los puntos críticos del nuevo conflicto armado que vive el país se encuentra en la subregión del Catatumbo, Norte de Santander. Allí, los Pelusos, el Eln y las disidencias, en menor proporción, se enfrentan desde 2018 por el vacío de poder que dejaron las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz. El saldo de esa confrontación es de 1.055 personas amenazadas y 35.000 desplazadas. Desde 2015, tanto el Eln como los Pelusos mantuvieron un pacto de no agresión, violado a finales de 2017, cuando el segundo empezó a incursionar en territorios del primero.
En detalle, la mayoría de los desplazamientos se dieron en Hacarí, San Calixto, Teorama y El Tarra, la zona donde el Eln pretendía expulsar al Epl. En esta región del país también es clave el control fronterizo, un conflicto diferente al de la guerra entre Epl y Eln y en el que se involucran otros grupos como el Clan del Golfo, los Rastrojos, La Frontera, disidentes del frente 33 de las Farc y otros grupos al margen de la ley que operan en Venezuela y Colombia.
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En el Bajo Cauca la población civil también se enfrenta a un escenario complejo de violencia armada. En esta subregión de Antioquia, se enfrentan el Clan del Golfo contra el Eln y los Caparros, con cartel mexicano abordo en cada bando. En este último habría un pacto criminal con el cartel de Jalisco Nueva Generación, quienes, según la Defensoría del Pueblo, estarían recibiendo apoyo económico y el suministro de armas procedentes del norte del continente americano. El Clan, por su parte, mantiene una alianza hace casi siete años con el Cartel de Sinaloa para el envío de cocaína a Norteamérica.
Lo que dicen los analistas Para Camilo González-Posso, presidente del Instituto de Estudios de Desarrollo y Paz (Indepaz) y miembro de la Comisión de Garantías de Seguridad, creada con el Acuerdo de Paz, la llegada del excanciller Trujillo a la cartera de Defensa en este contexto es “preocupante”. Según le dijo a este diario, hay tres características del funcionario que lo alertan: “Tiene un lenguaje muy agresivo a nivel internacional que puede generar conflictos fronterizos; no es de una postura muy favorable al Acuerdo de Paz, lo que deja muchas dudas sobre las garantías de seguridad; y su relación con las organizaciones sociales y de derechos humanos tampoco es la mejor”.
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El investigador dice que duda bastante del “talante” del nuevo ministro Trujillo para enfrentar problemas críticos dentro de las Fuerzas Militares —como los escándalos de corrupción develados por la revista Semana— y al mismo tiempo sentarse a trabajar con ellos. Desde ya auspicia, por la abstención de Colombia para votar el embargo contra Cuba ante Naciones Unidas, que el gobierno va a tener un endurecimiento a cualquier intento de diálogo con el Eln o de solución negociada al conflicto.
Además, González señaló que hay dos grandes retos para el entrante ministro, en la cartera que recibe. Por un lado, y ante la discusión que desató el bombardeo a un campamento de disidentes de las Farc en el que murieron ocho niños, dice que se debe regular en mejor medida la clasificación de las organizaciones criminales. Es decir, bajo esa lógica, grupos como el Eln y las disidencias de las Farc serían delincuentes amparados bajo el derecho penal, lo que obligaría al Estado a perseguirlos y capturarlos. Sin embargo, en combates se utiliza el Derecho Internacional Humanitario, que necesariamente implica el reconocimiento de un conflicto armado, para justificar acciones de guerra como los bombardeos. “Están intentando justificar la pena de muerte en combate”, asegura.
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María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), también advierte dos grandes retos en el ministerio que recibe Trujillo. Por un lado, dice que es vital trabajar en la reconstrucción de confianza que los colombianos tienen en las Fuerzas Militares. “Basta con observar las encuestas de percepción ciudadana. Por primera vez en los últimos años a la Fuerza Pública no le está yendo tan bien como siempre le ha ido”, explica. Para mejorar esa confianza, la investigadora sugiere reforzar el liderazgo de civiles al interior del sector de Defensa, “que el ministro se rodee de un equipo asesor robusto”; y, a su vez, dice que es necesario mejorar la transparencia y la claridad en lo que comunican las instituciones castrenses. “Creo que le ha hecho mucho daño las fallas de comunicación alrededor de muchos hechos sobre la gestión de la Fuerza Pública este año”.
El otro gran desafío que recibe Trujillo, según Llorente, es la situación de orden público, pues advierte que, además de que hay una percepción de que la violencia se ha el escenario es diferente al de hace apenas unos meses. “Han cambiado los actores armados, hay mucha más fragmentación de los grupos, hay más actores en la escena criminal, el Eln es ahora el más fuerte de todos —lo que es una novedad—, hay cambios en las afectaciones —ya no hay tantos asesinatos de líderes sociales, pero sí muchas amenazas; ya no son tantos desplazamientos masivos, pero sí muchos confinamientos; hay mayo reclutamiento de menores—, entre otros elementos”, explica.
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Por último, tanto Llorente como González-Posso creen que una de las prioridades del sector de Defensa debe ser la implementación del Acuerdo de Paz. El presidente de Indepaz asegura que se hace necesaria una revisión de la política de defensa y seguridad para que se incluya la construcción de paz como un elemento central, pues cuestiona que “la paz ha estado ausente en la política de seguridad de este gobierno”. Y, para la directora de la FIP es necesario “armonizar” esta política de seguridad con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que creó el pacto de La Habana y que priorizan la inversión social en las regiones que ahora están más golpeadas por hechos violentos.
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