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Olmedo López, Sneyder Pinilla, altos exfuncionarios públicos, y el contratista Luis Eduardo López comparten varios puntos en común. No solo se aliaron para ejecutar una sofisticada estrategia de desviación de recursos públicos, usando como puente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), sino que ahora comparten los mismos cinco delitos por cuenta de su participación en el desfalco a esa entidad. La Fiscalía los imputó formalmente ante un juzgado de Bogotá y los señaló por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Aunque durante la diligencia cada uno agachó la cabeza y pidió perdón, también se aseguraron de compartir la misma decisión: no aceptar cargos para seguir negociando beneficios penales con el ente investigador.
Los tres, ahora imputados, han estado en búsqueda del beneficio de principio de oportunidad que los aleje de una pena severa en prisión y, para lograr ese cometido, han entregado información relevante en varios casos de contratación irregular al interior de la Unidad. Aún falta mucha tela por cortar para hablar de todos los contratos corruptos de la Ungrd y por eso la Fiscalía se centró, únicamente, en los delitos que harían responsables a los exdirectivos de la entidad (Olmedo López, exdirector, y Sneyder Pinilla, exsubdirector) así como al empresario nariñense Luis Eduardo López (conocido como el Pastuso), en la línea que tiene que ver con la adquisición de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, que es el caso sobre el cual ha podido recoger mayor documentación. Ese contrato se firmó por $46.800 millones, dejando un sobrecosto, según el ente investigador, de $14.163 millones.
Lo que se habría hecho con ese exceso de gasto es historia aparte. Y, para contarla en detalle, fue necesaria la presencia de Andrea Muñoz, la fiscal que ha adelantado las pesquisas en el sonado caso de los carrotanques, pues se sentó durante varias semanas con López, Pinilla y el Pastuso para escuchar sus versiones sobre el engranaje. Para desenredar la pita del asunto, y sin entrar en detalles técnicos, Muñoz fue enfática en señalar que de ese sobrecosto millonario habrían salido los dineros que los tres implicados se habrían apropiado, y la tajada que le correspondió a los entonces presidentes del Congreso: Iván Name, del Senado, y quien fuera su par en la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a quienes hace meses señalaron de recibir sobornos para mover las reformas del gobierno.
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En las cuentas de la fiscal Muñoz, y con soporte en la información entregada por los exdirectivos de la Ungrd y el contratista, los sobrecostos y posteriores sobornos se habrían pactado luego de una orden directa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con la que se le adicionó $700.000 millones al presupuesto de la Ungrd en 2023. De ese valor, según la Fiscalía, un total de $100.000 millones estaban destinados para gestionar el contrato de los carrotanques y otros convenios afines. Una vez adjudicado el contrato por $46.800 millones a Impoamericana Rogers SAS, empresa propiedad del Pastuso, se abrió la puerta para empezar a repartir los recursos. A los bolsillos de Olmedo López llegaron $724 millones, a los de Sneyder Pinilla $342 millones y, quien recibió la mayor parte fue Luis Eduardo López, que se embolsilló $7.821 millones.
Producto del contrato de los carrotanques, aparte, Sneyder Pinilla recibió un dinero de mayor cuantía: nada más ni nada menos que $5.342 millones. Ese monto, sin embargo, corresponde a un préstamo solicitado por Pinilla, el cual llegó a sus manos a través de una orden de proveeduría y con una condición: debía pagar una comisión de 2,3% por lo prestado, es decir, $276 millones. Le quedaron, entonces, $5.066 millones, los cuales confesó que no se quedó para él, pero sí recibió una orden para entregarlos. De acuerdo con el ente investigador, esa instrucción salió desde la oficina del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre) que, para entonces, ocupaba Carlos Ramón González, actual cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien ha negado rotundamente su participación en los hechos e, incluso, se mostró presto a colaborar con las investigaciones de la Fiscalía y a “honrar mi buen nombre”.
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La instrucción de Carlos Ramón González, según la Fiscalía, fue clara: de esos $5.066 millones, al menos $3.000 deberían ir para el entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name, y otros $1.000 para Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. Los otros $1.000 restantes, según la información que tiene el ente investigador con base en los testimonios de López y Pinilla, habrían terminado en las arcas personales de Pedro Rodríguez Melo, exasesor de la dirección general de la Ungrd. Aquí vuelve otro nombre de vital importancia en este caso: Sandra Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones. La Fiscalía confirmó, como se mencionó en mayo pasado, que Ortiz fue quien habría gestionado la entrega de los $3.000 millones a Iván Name luego de sostener una serie de reuniones con Sneyder Pinilla en el Hotel Tequendama de Bogotá.
Durante esos encuentros, Pinilla le habría entregado el dinero en efectivo a la exconsejera, quien ejerció como intermediaria entre la Ungrd y el senador Name para entregar el soborno. Además, de acuerdo con un informe de investigación de la Fiscalía, en poder de este diario, Carlos Ramón González habría pedido “cumplirle” a Name y Calle con contratos de $60.000 millones y $10.000 millones, respectivamente. Estas órdenes del exdirector del Dapre, de acuerdo con el testimonio de Olmedo López recogido por la fiscal Muñoz, se pactaron durante varios “cónclaves” en los que se habrían reunido ministros como Ricardo Bonilla y exministros como Luis Fernando Velasco, de Interior, en los que se acordó la entrega de coimas a congresistas para que votaran a favor de los proyectos legislativos impulsados por el gobierno. Allí volvieron a salir a luz los nombres de los parlamentarios Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz y Julio Elías Chagüi, quienes se habrían visto beneficiados de los convenios.
La fiscal Muñoz dejó sobre la mesa la presunta participación del ministro Bonilla en la entrega de contratos a los legisladores que, además, todos pertenecen a las comisiones terceras, en donde se manejan los presupuestos. Al referirse a la situación del exsubdirector de la Ungrd, la fiscal apuntó: “Usted, señor Sneyder, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca), y Carmen de Bolívar (Bolívar), en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes”.
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Los nuevos nombres
La turbulencia de las declaraciones de Olmedo López ante el grupo de fiscales salpicó al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien, al parecer, habría recomendado varias hojas de vida a Olmedo López, entre las cuales estaba el nombre de Pedro Rodríguez Melo, que se convirtió en asesor del exdirector y quien se habría embolsillado $1.000 millones en coimas. De acuerdo con un documento utilizado por la Fiscalía para sustentar la imputación, conocido por El Espectador, el nombre del diplomático aparece reseñado “para ser tenido en cuenta en la respectiva compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia”.
A estos nombres también se sumó el del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, al parecer, estaba enterado de los movimientos irregulares en la contratación de la Ungrd. Según el documento de investigación que llevó a la Fiscalía a enviar recientes compulsas de copias a la Corte Suprema, el titular de la cartera de Salud habría asistido a uno de los famosos “cónclaves” el 27 de noviembre de 2023, junto a los ministros ya mencionados y el entonces director del Dapre, en la Casa de Nariño. Aquí aparece otro nombre clave: Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, quien también asistió a ese encuentro, según Olmedo López.
En la diligencia también salió a flote el nombre de César Augusto Manrique, actual director de Función Pública que, según el ente investigador, “se interesó de manera ilícita, junto a otras personas, en múltiples órdenes de proveedurías y contratos direccionados a los empresarios a los que se les adjudicaron los contratos a cambio del pago de coimas”. Fueron vinculados a la investigación los nombres de Germán Rogelio Rozo, representante a la Cámara por Arauca y miembro del Partido Liberal; Felipe Henao, asesor del exministro Luis Fernando Velasco; Sara Lucía Sepúlveda, asistente de Carlos Ramón González; Diana Carolina Martínez, secretaria de Olmedo López; Diego Enrique Vargas, exsubidirector de la Ungrd y Camilo Henry, asesor de comunicaciones de Olmedo López.
Otro asunto que llamó la atención durante la diligencia fue la aparente participación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según la fiscal Muñoz, de las 21 órdenes de proveeduría firmadas en todo el engranaje de corrupción de los carrotanques, algunas se adelantaron a través de “recursos trasladados desde la ANT”. En detalle, el ente investigador señaló que Olmedo López “gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y Cesar Manrique el traslado de $100.000 millones que la Ungrd tenía en convenio con la ANT y, en contraprestación, permitiría que dichos funcionarios direccionaran contratos con amigos y terceros”.
Esta imputación es uno de los grandes pasos que ha dado la justicia para aclarar el desfalco a la Ungrd, un escándalo que, desde febrero pasado, ha venido aumentando la lista de congresistas y funcionarios involucrados. Todos, salvo los tres imputados, han negado su participación en el esquema de corrupción, pero aún faltan más nombres y escenarios por esclarecer. Por su parte, Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, volverán a tener algo en común: se verán las caras nuevamente el próximo miércoles 7 de agosto a las 9:00 de la mañana en la audiencia de medida de aseguramiento en la que, según conoció este diario, se busca que los tres paguen sus crímenes en prisión. Mientras tanto, irán negociando sus acuerdos con la Fiscalía con miras a que un juez les acepte la colaboración y el mea culpa por corrupción.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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