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En octubre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia presentaron en el Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema penal en el país, que se conoce como la reforma a la justicia. Sin embargo, la propuesta que ya aprobó dos de cuatro debates legislativos se quedan cortos para los verdaderos problemas que tiene el sistema judicial. Esto es lo que han venido explicando organizaciones sociales que trabajaron en la construcción de las bases para la iniciativa. Señalan que quedaron por fuera aspectos claves pensados para atender y mejorar las fallas que realmente afectan el acceso y la administración de justicia y hacen un llamado al gobierno para que tome las medidas que, realmente, ayudarían.
El proyecto que ya camina en el Congreso busca, esencialmente, darle celeridad a los procesos penales, impulsando mecanismos premiales para llegar a negociaciones o acuerdos dentro de los casos para que, según los autores, haya mayor cumplimiento de las penas. Sin embargo, llamar esa iniciativa “reforma a la justicia”, según las organizaciones, es algo que no le queda bien por todo lo que dejan por fuera. Diana Guzmán, directora del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), que conforma uno de los grupos que consultó Minjusticia para construir la iniciativa, se refirió a puntos discutidos que, a pesar de su importancia, fueron dejados de lado.
Para Guzmán, los problemas que tiene el sistema judicial de Colombia “no se resumen en problemas penales o en problemas de la justicia penal, que por supuesto son muy importantes, sino que hacen parte de todo el entramado de justicia”. Para la directora de la organización, de fondo están “problemas de acceso a la justicia, que no tienen que ver solamente con el acceso al sistema jurisdiccional en estricto sentido, sino que hace parte como de cómo se articulan las diferentes formas institucionales para garantizar justicia”. El enfoque de la actual reforma, dice Guzmán, “es limitado y está dejando por fuera dimensiones importantes de una comprensión más integral y robusta de una reforma”.
Las organizaciones que participaron en las mesas de trabajo con el Ministerio propusieron cinco pilares que deberían tenerse en cuenta para la construcción del articulado: acceso a la justicia efectivo y equitativo, humanización del sistema penal y penitenciario, una justicia diversa, antirracista y con paridad de género, lucha contra la discriminación y la violencia, y autonomía y rendición de cuentas de la Rama Judicial. Aunque ninguno de estos puntos fue incluido dentro de la propuesta que ya avanza en el Congreso, desde las organizaciones buscan que, por lo menos por parte del gobierno, sean tenidos en cuenta para pensar en su implementación en políticas públicas y no solamente a través de una ley.
Sin embargo, para que esos pilares no queden en el olvido, las organizaciones que los sugirieron buscan que desde el Ministerio de Justicia se reactive a comisión de expertos que construyó las propuestas. Alí Bantú Ashanti, director de la organización Justicia Racial, le dijo a este diario que “nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno, no solo a la ministra de Justicia, a que podamos retomar con fuerza ese anhelo y ese llamado para contribuirle a nuestro país y que efectivamente la justicia en este país mejore”. El director señala que no valdría la pena perder los avances que se lograron “porque hicimos un trabajo muy juicioso, convocando a mucha gente, a muchos expertos para construir este proyecto”.
Guzmán y Bantú Ashanti coinciden en que la modificación al sistema penal es necesaria, pero que, incluso como se presentó al Congreso, no es suficiente. “No es simplemente que la justicia sea más rápida, sino que efectivamente pueda dar garantías, porque tenemos casos donde personas de bajo recursos aceptan cargos, no porque sean culpables muchos de ellos, sino porque no tienen herramientas para defenderse frente al sistema de justicia”, manifestó el director de Justicia Racial. En los planteamientos que hacen, dicen que es fundamental que el gobierno Petro voltee a escucharlos de nuevo y, esta vez, a atender lo sugerido por las organizaciones y la sociedad civil, que han construido más de 500 propuestas.
“Si queremos realmente que la justicia mejore en Colombia necesitamos volver a la discusión más general sobre qué otros aspectos se necesitan reformar. Volver a la pregunta original, de cuál es la reforma de la justicia que Colombia necesita hoy, en este momento, para mejorar en los próximos años”, expresó la directora de Dejusticia. Asimismo, para el director de Justicia Racial, el mejor panorama sería que las mesas se reactivaran para “mirar cómo nosotros podemos disminuir, a través de estos de estas propuestas que se están construyendo, las violencias que sufren comunidades como las mujeres, personas LGBT y más, frente al sistema de justicia”.
Por ahora, las organizaciones esperan la respuesta del Ministerio de Justicia a su llamado, pues no se han podido reunir hace dos meses con la ministra Buitrago para pasarle las propuestas. “No dejemos perder ese impulso y esa apuesta tan importante que hubo de reunir a un grupo importante de personas, instituciones y organizaciones para pensar de manera estructural, la reforma de la justicia”, pidió Guzmán. Por su parte, Bantú Ashanti aseguró que a pesar de que no se tuvieron en cuenta sus propuestas en el articulado presentado, su organización ya tiene listo uno nuevo. “Esperamos contar con el gobierno en cabeza de la ministra para que pueda ser presentado lo más pronto posible”, concluyó el experto.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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