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Quedan exactamente 43 días para que Alejandro Char Chaljub vuelva a ser el alcalde de Barranquilla. Un cargo que ya ocupó en dos lapsos (2008-2011 y 2016-2019) y que su clan político monopolizó durante los últimos 16 años —y hasta 2027— a través de Elsa Noguera y Jaime Pumarejo. En su retorno al mando de la capital del Atlántico, Char se enfrenta a una denuncia penal por hechos ocurridos durante su primer período a la cabeza de esa ciudad, en la que goza de casi total popularidad. El Espectador supo que la Fiscalía desarchivó una denuncia interpuesta en 2015, en la que su administración está involucrada: el caso del predio La Loma.
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Se trata de un codiciado terreno de 96 hectáreas (área equivalente a 100 canchas de fútbol), ubicado a orillas del río Magdalena, en donde la Alcaldía, desde la primera administración de Char, pretende construir 3.500 viviendas, la nueva sede de la Alcaldía y más de 700 locales comerciales. Estos últimos fueron entregados en su totalidad por el alcalde Pumarejo, en octubre de 2023, con el nombre de Mercado Gran Bazar y se espera que en los próximos meses empiece a funcionar. Además, en 2021, en La Loma ya se construyó el monumento la Aleta del Tiburón, financiada por el empresario Christian Daes, luego de que el Júnior F. C. —propiedad de la familia Char— ganara su noveno título de liga.
Lo que investiga la Fiscalía es si, en 2008, hubo acciones ilegales por parte de funcionarios públicos de la Alcaldía, entre ellos Alejandro Char, para adueñarse irregularmente de 30 hectáreas del lote, al declararlas baldías. Fuentes cercanas al expediente señalan que el proceso fue desempolvado a mediados de 2022, cuando el expediente fue reasignado a una fiscal especializada en Bogotá y luego de estar durante años en manos de fiscales de Barranquilla. Entre ellos, Gustavo Orozco, procesado desde 2020 por posibles hechos de corrupción mientras investigaba el millonario desfalco a la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
En el traslado del expediente a Bogotá, advierten las fuentes, este se extravió durante dos meses. “Cuando las carpetas fueron enviadas a una fiscalía especializada, a través de 4-72, en Bogotá se dieron cuenta de que faltaban papeles claves. Sin embargo, nosotros pudimos resarcir esas pérdidas”, dice Fabián Araújo, uno de los abogados de las cinco familias que reclaman —con escrituras en mano— que esas tierras son suyas desde inicios del siglo XX. Además, en los últimos meses, Araújo ha venido ampliando su denuncia en el búnker de la Fiscalía, que está priorizando esta investigación tras varios años de estar engavetada.
Aunque los abogados denunciantes, como Araújo y José Raúl Rodríguez, dicen que sí hay méritos para que la Fiscalía procese penalmente a varios exfuncionarios de la alcaldía Char, incluido el alcalde electo, el ente investigador aún no toma decisiones de fondo. Otro que se ha tardado varios años en actuar es el Tribunal Administrativo de Atlántico, que tenía pendiente por fallar, en segunda instancia, una demanda contra el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) expedido en 2014 durante la alcaldía de Elsa Noguera, que le daba viabilidad al megaproyecto inmobiliario de La Loma. El Espectador conoció el reciente fallo que, aunque no le da luz verde al avance de las obras, tampoco deja claro el futuro del predio.
En el documento de 13 páginas, del 31 de octubre de 2023, tumba la decisión de primera instancia, en la que rechazaba algunos argumentos de los denunciantes. Además, el tribunal le pidió al juzgado de primera instancia que se pronunciara sobre todos los reclamos que presentaron los abogados de las familias reclamantes. Entre ellos, que el plan urbanístico nunca fue socializado ni concertado con ellos y que se vencieron varios plazos en el trámite del POT que habilitaba, entre otras obras, la que tenía planeada Char en La Loma. En, resumen, el tribunal señaló que no se pronunciaría de fondo hasta que el juzgado de primera instancia lo hiciera sobre todos los argumentos expuestos.
“Por otro lado, esta corporación precisa que, en caso de entrar a emitir una decisión de fondo respecto a los argumentos no analizados por la agencia judicial de primer grado, se vería afectada tal garantía. Obsérvese que, en la práctica, la sentencia de este tribunal sobre los argumentos esgrimidos en la demanda y las pruebas, en realidad sería la primera decisión de fondo que la parte demandante conocería respecto a unas de sus posturas; además, no tendrían la posibilidad de apelarla, precisamente por ser dictada en el marco de la segunda instancia”, dice el fallo conocido por este diario.
El archivo de la Procuraduría de Cabello
Mientras este artículo estaba en construcción, la Procuraduría también se pronunció sobre una queja disciplinaria sobre el caso La Loma, que fue radicada en 2017 e implicaba a Char, Noguera y a un familiar de Margarita Cabello, procuradora general. Se trata de Miguel Vergara Cabello, su sobrino, quien fue clave para orientar y liderar la planeación del POT de 2014. Los abogados denunciantes recibieron un correo el pasado jueves 16 de noviembre en el que informaban que la queja fue archivada, con los argumentos de que ninguna actuación en la aprobación del POT de 2014 puede ser considerada como falta disciplinaria y que ya había caducado el tiempo de la Procuraduría para actuar.
“La conducta relacionada con adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no comporta connotación disciplinaria; en consecuencia, este despacho así lo declarará y por consiguiente ordenará el archivo definitivo de esta conducta. Además, la Procuraduría considera que actualmente no es posible continuar con la actuación disciplinaria relacionada con la presunta irregularidad por presunta expedición de acto administrativo, justificando la autorización de expropiación de predios en el sector La Loma, en razón a que frente a esta ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción”, dice la decisión, que tardó casi seis años en ser emitida.
Este diario se contactó con la Procuraduría para preguntarle sobre dos asuntos: ¿cómo la Procuraduría garantizó transparencia y debido proceso en un expediente en el que era investigado el sobrino de la procuradora general, Margarita Cabello? ¿Por qué el Ministerio Público tardó seis años en tomar una decisión de fondo para luego argumentar que la investigación había caducado? Sin embargo, al momento de la publicación de este reportaje, la oficina de comunicaciones de la Procuraduría guardó total silencio, igual que Alejandro Char y Elsa Noguera cuando fueron contactados por este diario.
Así las cosas, el próximo 1.° de enero, cuando Char retome el mando de la Alcaldía de Barranquilla, por tercera vez, tendrá que lidiar con ese problema judicial que él mismo originó hace 16 años.
Por David Escobar Moreno
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