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En la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no todo está marchando en buenos términos. Desde que empezaron a llegar las primeras denuncias contra el presidente Gustavo Petro, y se designaron a los congresistas que investigarán al primer mandatario, las diferencias de criterios fueron evidentes. Sin que llegaran a un consenso o existiera un protocolo claro, en agosto de 2022 llegó la primera denuncia contra Petro, cuando la Corte Suprema de Justicia perdió competencia para investigarlo, y los representantes empezaron a tomar decisiones. Ahora, varias de esas determinaciones podrían tener repercusiones en el futuro judicial de los procesos contra el presidente.
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El primer problema de fondo arrancó el 3 de mayo pasado, cuando a la Comisión empezaron a llegar otras denuncias contra Gustavo Petro y todas fueron incorporadas a un proceso que estaba abierto desde el 15 de marzo de 2023. Ese primer caso tenía que ver con una denuncia que presentó Socorro Oliveros de Hernández, la esposa del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, por supuestamente haber violado los topes de financiación de la campaña presencial. El trasfondo de ese recurso fue una publicación de la revista Semana en la que divulgó una serie de audios y videos de reuniones privadas del equipo del hoy presidente durante las elecciones presidenciales.
Aunque ese expediente solo hablaba sobre la posible entrada de dinero sin reportar a la campaña de Petro, la Comisión acumuló todos los otros recursos bajo un solo radicado, sin tener en cuenta si se estaban denunciando los mismos hechos. En total fueron cinco denuncias diferentes y, en en efecto, no todas tenían el mismo contexto ni las mismas pruebas. Por ejemplo, mientras había dos que pedían que se investigara a Petro por las revelaciones de Daysuris Vásquez en junio de este año, cuando denunció en Semana que Nicolás Petro estaba metido en irregularidades, otra hablaba sobre supuestas inconsistencias en las auditorías realizadas a las cuentas de la campaña presidencial.
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En todo caso, ninguna tenía que ver con lo que había denunciado Socorro Oliveros. Ante el evidente error de haber acumulado todas las denuncias bajo un mismo radicado, el entonces presidente de la Comisión de Acusación, Wilmer Carrillo (del Partido de la U), ordenó la “desunificación” de los procesos el 15 de junio de 2023. Lo curioso de la orden del congresista, cuya profesión es arquitecto, es que esa figura no existe en el derecho que rige las investigaciones contra presidentes (ley 600 de 2000). En todo caso, al día siguiente la Secretaría acató la decisión de Carrillo y así siguieron avanzando las pesquisas, en manos de los representantes Carrillo, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta (del Pacto Histórico, el partido del presidente).
Aunque las pesquisas siguieron, el problema no terminó con la “desunificación” ordenada por Carrillo por una sencilla razón: como la decisión implicaba separar todas las denuncias y dejar un radicado para cada una, el representante tampoco tuvo en cuenta que hay varias que hablan de los mismos hechos, contexto y pruebas (como en el caso, por ejemplo, de las revelaciones de Daysuris Vásquez). Otro error de la Comisión, pues en el mundo jurídico existe un principio inquebrantable: nadie puede ser ni investigado ni juzgado dos veces por los mismos hechos. Ante los problemas de organización de las denuncias y la urgencia de armar una defensa sólida a favor del presidente, sus abogados ya empezaron a mover.
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El martes pasado, el abogado Mauricio Pava radicó un documento en la Comisión en el que detalló la cronología de lo que ha sucedido en las investigaciones contra Petro e incluyó varias peticiones. El abogado arrancó así su escrito: “En un régimen presidencialista como el colombiano, investigar a un presidente de la República es tal vez uno de los mayores retos de preservación y vigencia del Estado constitucional de derecho. De allí que no pueda existir ninguna circunstancia que vicie de ilicitud la actuación procesal donde se surte la investigación”. A renglón seguido, el abogado Pava describió los hechos, incluyendo la polémica decisión de Carrillo de “desunificar” los proceso, e incluyó un error más.
La prueba ilegal
Como está claro, la primera investigación contra Petro que aterrizó en la Comisión de Acusación, luego de la posesión del presidente en agosto pasado, fue la que radicó Socorro Oliveros por el caso conocido como los Petrovideos. Sin embargo, el abogado Pava le recordó a los representantes que la Corte Suprema de Justicia, en octubre pasado, ya declaró que esos archivos fueron obtenidos de manera ilegal, por lo que no pueden ser tenidos en cuenta en ninguna investigación penal. Por eso, el documento de la defensa de Petro señala que la Comisión debe tener en cuenta lo ya dicho por el alto tribunal para seguir con cualquier investigación por esos hechos.
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En su opinión de Pava, los procesos relacionados con los videos deben cerrarse. “La verdad no se puede lograr a cualquier precio. De este modo, las autoridades perderán todo inventivo en violar los derechos fundamentales para conseguir pruebas, si de antemano conocen que los jueces no las admitirán en juicio. Por la importancia de este proceso y por las autoridades judiciales que ejercen aquí competencia, la honorable Comisión no puede ser inferior a este compromiso, ni crear estándares más laxos que aquellos ejercidos por la Corte Suprema, que entre otras cosas es juez de aforados y el órgano límite de la jurisdicción penal en todas su manifestaciones”, agregó el abogado del presidente en el recurso que ya estudia la Comisión.
Además de pedir que los procesos contra el presidente relacionados con los Petrovideos se archiven, la defensa del primer mandatario hizo una petición adicional: que todas las decisiones que se han tomado en los procesos desde el 15 de marzo de este año sean anuladas. “Actuar con transparencia permite que las decisiones estén expuestas al juicio público. Ello propicia la rendición de cuentas y garantiza la primacía de la justicia sobre otros intereses (…) La petición de que haya una inhibición no busca eludir un examen investigativo riguroso. Más bien, resalta la importancia de abstenerse en investigaciones sustentadas en pruebas de proveniencia ilícita”, dice el documento.
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El abogado Mauricio Pava le propuso una salida a la Comisión: no que se cierren todas las investigaciones por los errores que se cometieron desde el inicio, sino que los procesos los regresen al presidente de la Comisión de Acusación, hoy en día es Wadith Manzur (del Partido Conservador), para que él tome las decisiones del caso y así evitar cualquier lunar en la investigación más importante que ha tenido esta instancia de la Cámara de Representantes en los últimos años.
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