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Guillermo Grosso es uno de los nombres cuyo nombre más ha sonado durante la crisis del sector salud en Colombia. Fue presidente de Cafesalud e interventor del Grupo Saludcoop, dos entidades que durante los últimos años agonizaron, hasta quedar en liquidación. Ayer estaba a segundos de salir de la cárcel la Picota, en Bogotá, donde estaba detenido por un juicio que tiene en contra, cuando agentes de la Fiscalía lo recapturaron para llevarlo a una nueva imputación.
En contexto: Recapturan a Guillermo Grosso, expresidente de Cafesalud, por presunta corrupción
En la nueva investigación, la Fiscalía lo vincula con la presunta recepción de sobornos por $2.496 millones. La entidad aseguró durante la mañana de ayer, 29 de abril, que el último día que Guillermo Grosso fue presidente de Cafesalud, el 29 de febrero de 2016, estuvo en su oficina estampándole su firma a un buen número de contratos con dos Institutos Prestadores de Salud (IPS). En esos otrosíes, al parecer irregulares, se pagó por atención ambulatoria y hospitalaria, y tratamientos especializados para pacientes con cáncer en cuatro departamentos.
“Con las adiciones suscritas fueron aumentados el tiempo y los montos de los contratos, que alcanzaron los 195.000 millones de pesos”, agregó la Fiscalía. Por esas gestiones, cuestiona el ente investigador, se habrían pactado sobornos por el 10% del valor total de los contratos. Los investigadores tenían indicios que probarían que Grosso, a punto de salir en libertad, se hizo a casi $2.500 millones. Ayer durante la tarde lo iban a imputar por cohecho -soborno- impropio, pero la diligencia se aplazó para mayo 14 porque los fiscales encargados están con Covid-19.
Mientras tanto, Guillermo Grosso deberá esperar en detención carcelaria hasta que la Fiscalía lo impute por el nuevo escándalo. Precisamente, estaba saliendo en horas de la madrugada de ayer de la cárcel La Picota, pues desde hace más de dos años fue llamado a juicio por presunta corrupción. De acuerdo con las investigaciones, Grosso habría hecho equipo con otras tres personas para crear una red de corrupción dentro del sistema de salud. Entre esas personas está Eva Carrascal, quien fue capturada junto al expresidente de Cafesalud el 26 de octubre de 2018.
Antecedentes: Los hechos por los que llaman a juicio al expresidente de Cafesalud
Eva Carrascal es una antigua superintendente delegada para la Supervisión Institucional de la SuperSalud. Según la acusó la Fiscalía en julio de 2019, ella habría hecho de su oficina un centro de servicios para terceros, “a fin de incrementar su patrimonio y a costa de los recursos destinados a los servicios de salud”. De acuerdo con la acusación, Grosso y Carrascal, en compañía de Jhon Colmenares Russi y Javier Peña Ramírez, se asociaron para obtener beneficios en el gremio.
Eva Carrascal habría recibido $445 millones para comprar un apartamento en el norte de Bogotá, a cambio de intervenir en la agilización de unas deudas de Cafesalud a Medical Corporation. Ese dinero, asegura la Fiscalía, salió de los bolsillos de Asesorías en Salud S.A.S, con apoyo de la cuenta bancaria de la madre de Jhon Colmenares Russi. Entre Grosso, Carrascal, Colmenares y Ramírez habrían sacado del camino, revocando permisos de funcionamiento, a varias EPS que terminaron perdiendo afiliados.
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Tanto Grosso como Carrascal se han declarado inocentes desde el principio. Incluso el abogado César Vargas, apoderado de Guillermo Grosso, criticó la labor investigativa de las autoridades, una vez leída la acusación. “La Fiscalía no especifica cuáles fueron los ofrecimientos, las retribuciones que supuestamente el señor Grosso entregó a la señora Carrascal ni mucho menos cuál fue la labor de determinación que ejerció Guillermo Grosso en relación con esa conducta endilgada”, explicó el defensor.
Además, Vargas señaló que se han vulnerado los derechos de ambos, “al no establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación con Guillermo Grosso, es decir, cuándo, dónde y cuántas veces supuestamente él determinó en este delito a la señora Carrascal y cuáles fueron los ofrecimientos o entregas económicas que supuestamente se hicieron”. Por otro lado, el abogado de Eva Carrascal, David Albarracín, también rechazó la investigación de la Fiscalía.
“La doctora Eva Carrascal no puso la función pública al servicio de los particulares (como asegura la Fiscalía). La doctora Eva denunció el cartel de la hemofilia en Córdoba y afectaciones al sector salud en Vichada. Los dos casos con investigaciones penales están andando, incluso personas judicializadas”, explicó el abogado David Albarracín, un vez se conoció el escrito de acusación contra la funcionaria.
Meses después, el 3 de enero de 2020, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Eva Carrascal, también por la presunta recepción de sobornos a cambio de agilizar procesos en la Superintendencia de Salud. Cuatro días después, el Ministerio Público hizo lo mismo con Guillermo Grosso por “presunta desatención de instrucciones y directrices expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social”. Ambas investigaciones siguen en curso. Sin embargo, a Grosso le siguen la pista como antiguo interventor de Saludcoop, puesto que ocupó en 2013 y antes de llegar a Cafesalud.
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“La Procuraduría Primera Distrital le reprochó al exagente, el que al parecer no diera cumplimiento a lo establecido en la Resolución 128 del 8 de mayo de 2013, acción con la que probablemente habría afectado la prestación de servicios de salud a los usuarios de la EPS. Grosso Sandoval, particular en ejercicio de funciones públicas transitorias entre el 27 de mayo 2013 y el 24 de noviembre del 2015, debía realizar el seguimiento a los indicadores de calidad y alerta temprana con el fin de garantizar una oportuna prestación del servicio de salud”, dijo la Procuraduría.
Y mientras esas investigaciones estaban en contra de Guillermo Grosso, también la Contraloría puso la lupa sobre su gestión como interventor del Grupo Saludcoop, que en su momento llegó a tener 7 millones de colombianos afiliados y que hoy, como se evidencia en su página web, solo quedan los recuerdos. La Contraloría lo investigó por aprobar millonarios gastos mientras la entidad estaba en cuidados intensivos. Aprobó una fiesta de navidad, un torneo de bolos para empleados, un taller de coaching con un conferencista y hasta el alquiler de camionetas blindadas para los altos mandos.
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Sin embargo, el pasado 28 de enero la Contraloría le archivó la investigación, pues no pudo establecer la existencia de un daño al patrimonio del Estado. La fiesta de navidad de 2013, por ejemplo, costó $300 millones y ese pago salió del monto que recibía Saludcoop del sistema de salud: la Unidad de Pago por Capacitación (UPC). Sin embargo, el órgano de control no pudo probar si Grosso permitió, autorizando sus gestiones, que se excediera el 10% del UPC permitido para gastos administrativos, por lo cual hubiera sido sancionado.
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