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Ricardo Roa Barragán, cabeza de la firma Ecopetrol y quien fuera gerente de la campaña que llevó al presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño, está a un paso de darle la justicia. En la tarde del 9 de febrero, la Fiscalía radicó dos solicitudes de audiencias de imputación en su contra, una por el delito de violación de topes electorales y otra por tráfico de influencias.
El hombre que revisó cada centavo que se movió en la campaña presidencial de Petro en 2022 y que ahora está al frente de la petrolera estatal, tendrá que sustentar en estrados judiciales que cada una de sus gestiones, cuando fue gerente de campaña y como la cabeza de una de las empresas más importantes del país, ha sido transparente y legal.
Son dos los casos por los cuales las autoridades tienen la lupa puesta sobre Roa Barragán. La primera está relacionada con presuntos malos manejos financieros cuando fue gerente de la campaña Petro Presidente. La segunda tiene que ver con la compra de un lujoso apartamento en el exclusivo sector del Chicó, en Bogotá, que al parecer estaría relacionada con contratos entregados a un socio de la empresa Ecopetrol.
Por todos estos escándalos, desde noviembre de 2024 el presidente de la estatal petrolera ha tenido que salir ante la opinión pública a defender que no son ciertos los señalamientos que se han hecho en su contra. Ahora, todas esas explicaciones se las tendrá que probar a la justicia.
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Los topes de la campaña presidencial
El primer escándalo que rodea a Roa Barragán se remonta a 2022, cuando era gerente de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. El primero en ponerle la lupa al caso fue el Consejo Nacional Electoral (CNE), que adelantó una investigación administrativa en la que encontró que al equipo político del hoy jefe de Estado entró más dinero del permitido por la ley.
Además, que la campaña no hizo reportes de una megaoperación de pagos a testigos electorales ni de donaciones por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y de la Unión Sindical Obrera (USO). El expediente del CNE detalla que Roa y otras personas de la campaña presidencial ocultaron el ingreso de COP 6.011 millones y que sus cuentas sobrepasaron los COP 5.355 millones.
El expediente de la campaña Petro Presidente en el CNE, que tiene 314 páginas de conclusiones y más de ocho mil de pruebas en contra de Roa Barragán y de algunas de las personas que lo apoyaron en la gerencia, fue resuelto el pasado 27 de noviembre.
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Ese día, los magistrados del CNE, con una votación de seis contra tres, sancionaron a Roa Barragán con una multa de más de COP 6.000 millones y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica con una sanción de COP 600 millones adicionales por haberse volado los topes electorales. La Fiscalía le dio crédito a la investigación del CNE y retomó el caso hasta decidir imputar al hoy presidente de Ecopetrol por el delito de violación de topes electorales.
Esa imputación está en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción, cuyos investigadores explicaron que tienen información suficiente para llevar a Roa Barragán ante los estrados judiciales. Raúl González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada del ente investigador, aclaró que no habrá solicitud de medida de aseguramiento preventiva en contra del presidente de Ecopetrol.
Sin embargo, no descartó una posible compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que investigue la posible participación del presidente Petro en el presunto entramado de corrupción electoral que le habría ayudado a llegar a la Casa de Nariño.
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El lujoso apartamento de Ricardo Roa
El otro caso que tiene a Roa Barragán bajo el radar de la Fiscalía está relacionado con la compra de un apartamento en un edificio del sector del Parque Museo del Chicó, al norte de Bogotá, por COP 1.800 millones.
Ese negocio, según las pistas que han recopilado los funcionarios del búnker, se habría cerrado en 2022 y el lujoso inmueble adquirido por medio de la empresa Princeton International Holding fue comprado por Roa a un precio mucho menor que su verdadero precio. El 24 de abril de 2023, Roa Barragán, ficha clave del presidente Gustavo Petro, se posesionó como jefe de la estatal petrolera, elegido por su Junta Directiva.
Fue por esos días que la opinión pública conoció que Ecopetrol le había entregado los derechos de exploración del campo de gas Bloque Sinú 9, en San Jacinto (Córdoba), a la empresa MKMS Energy Sucursal Colombia, relacionada con Serafino Iácono.
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Se trata de un poderoso hombre del sector de los hidrocarburos que, además de haber trabajado con firmas como Pacific Rubiales y Gran Colombia Gold, es uno de los propietarios de Princeton International Holding, la empresa que le vendió el apartamento a Roa. La coincidencia se agravó cuando apareció el nombre de Innova Mercadeo y Logística, una empresa ligada a Juan Guillermo Mancera, un expolicía que habría mediado el pago de los COP 1.800 millones del apartamento en el Chicó.
Mancera es el representante legal de la empresa Gaxi SA ESP, a la cual Ecopetrol le ofreció un millonario contrato de su filial Hocol, para implementar y operar un barco de regasificación de gas importado en el Caribe.
Un negocio que podría generar ingresos de USD 1.400 millones anuales. Aunque la empresa Gaxi no tenía experiencia en el sector ni era conocida, Ecopetrol estuvo a punto de entregarle el jugoso contrato. En ese contexto, la Fiscalía ahora busca probar que Roa incurrió en el delito de tráfico de influencias en favor de Mancera, supuestamente al prometerle contratos estatales a cambio de su gestión en la compra del apartamento.
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El presidente de la estatal petrolera, por su parte, ha negado cualquier vínculo con actividades ilícitas. Además, ha sido insistente en que el apartamento lo compró con sus propios recursos y que no sabía que detrás de ese negocio estaba el empresario Serafino Iácono, quien tenía intereses en contratos de Ecopetrol. Aunque la Fiscalía confirmó que las dos solicitudes de imputación ya fueron radicadas, el abogado Juan David León, quien representa a Roa Barragán, emitió un comunicado en el que señaló que aún no han sido notificados.
“La defensa técnica y material no ha sido notificada formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación por parte de los fiscales que adelantan investigaciones relacionadas con las supuestas irregularidades ocurridas en la campaña presidencial ni con la adquisición del apartamento 901”, señaló el abogado.
La junta directiva de Ecopetrol analizaba el tema durante la tarde de este lunes, pero al cierre de esta edición, no había pronunciamiento oficial. Sin embargo, trascendió que Ricardo Roa no ha pensado en renunciar a su cargo, ni siquiera con este llamado de la Fiscalía para procesarlo penalmente por dos delitos.
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Por Gustavo Montes Arias
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