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Uno de los tres magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eliécer Mola Capera, vuelve a quedar en una posición que por oficio conoce muy bien: la del imputado. A pesar de ser una de las máximas autoridades de la justicia penal, la Fiscalía lo vinculó por segunda vez a un proceso por presunta corrupción como servidor público. Le imputaron los delitos de fraude procesal y prevaricato, porque se habría aprovechado de su posición en el Tribunal para favorecer a Alberto Enrique Acosta, quien es el alto consejero de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Y, además, al representante de una facción familiar que busca tener, exclusivamente, la potente herencia que dejó el exsenador Gabriel Acosta Bendek.
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Para entender el caso hay que remontarse a 2016, cuando Alberto e Ivonne Acosta de Jaller (medio hermanos) iniciaron la disputa por la representación legal de la Fundación Acosta Bendek, que tiene bajo su dominio el Hospital Universitario y la Unimetro de Barranquilla. El exsenador precisó, antes de fallecer, que Ivonne Acosta, su hija, sería su única heredera y, por tanto, representante legal de la Fundación. Sin embargo, para esa fecha, Alberto Acosta y los hermanos Eduardo, Jacobo y Alfonso Acosta Bendek suscribieron un acta ante la Cámara de Comercio regional, en la que buscaron crear una nueva junta directiva de la Fundación y, por derecha, sacar del camino a Ivonne.
La hipótesis contra el magistrado Mola Capera sostiene que aquella acta fue suspendida por un juzgado en 2018. Como el alto consejero Acosta no quedó conforme, puso una tutela alegando debido proceso y acceso a la justicia y a la defensa. La tutela quedó en manos de Mola Capera, quien, un solo día después, tumbó lo decretado por el juzgado. Y en un hecho inexplicable para la Fiscalía, también le ordenó al Juzgado 1° de Garantías de Barranquilla frenar la audiencia de medida de aseguramiento contra Juan Acosta y Alberto Acosta. Es decir, Mola Capera habría usado esa tutela para, indirectamente, manipular otro proceso que manejaba por su cuenta la Fiscalía y que nada tenía que ver con el lío de la Fundación.
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Al término de la audiencia de imputación, Mola Capera se declaró inocente e incluso reiteró sentirse víctima de una mentira sostenida por el ente investigador. Lo cierto, por ahora, es que este es el segundo proceso penal que enfrenta el magistrado que, con el ente investigador respirándole en la nuca, sigue ejerciendo funciones.En 2021 fue llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia, curiosamente su superior jerárquico, por los delitos de enriquecimiento ilícito y, de nuevo, prevaricato. En ese expediente se describen los mismos presuntos hechos y cómo, al parecer, el consejero Acosta habría iniciado, desde 2017, una especie de “tutelatón” para que sus peticiones quedaran exclusivamente en manos de Mola Capera.
El incidente más grave mencionado en la acusación contra Mola Capera tiene que ver con el delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía habría encontrado que en sus cuentas había, a corte de 2021, $1.350 millones que no podía justificar con su sueldo como servidor público. Se encontraron detalles llamativos, como que su esposa tenía movimientos financieros por hasta $55 millones que tampoco tenían sentido, según sus estados financieros. Una de sus hijas, estudiante, tenía inversiones cercanas a los $37 millones. Y su hijo, que está por cumplir 25 años, habría adquirido un inmueble cuando no tenía ingresos fijos. Durante las audiencias de juicio el magistrado ha señalado que todo es un “montaje”.
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Por ahora, la única sanción contra Mola Capera fue ordenada por la Corte Suprema, que en marzo de 2019, lo suspendió del cargo por tres meses. El mismo puesto que ha ocupado desde 2008. En su momento, la alta corte acudió a las investigaciones disciplinarias que atendía la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria. “Estando en ejercicio del mismo (cargo) al parecer el inculpado viene decretando, de manera sistemática y sin fundamento, medidas provisionales en asuntos relacionados con acciones de tutela en el conflicto de la señora Ivonne Acosta Acero con la familia Acosta Bendek”, señaló en su momento la Corte.
El enredo de la Fundación ha sido tan controversial que tiene pagando una pena de cuatro años de prisión al excongresista Eduardo Pulgar, del Partido de la U. Aceptó ante la justicia haber intentado sobornar a un juez para favorecer a su socio y aportante a la campaña, Luis Fernando Acosta Osío, miembro de la facción de Alberto Acosta. El juez Andrés Rodríguez tenía en sus manos un proceso de restablecimiento de derechos que instauró el exrector Carlos Jaller, retirado de la UniMetro en medio del conflicto familiar. Pulgar fue a la casa del juez y le ofreció “200 barras” por ayudar a los Acosta. No contaba con que el juez grabó la conversación, la cual después aportó a la Fiscalía, como buen servidor judicial, para fortalecer la pesquisa contra Pulgar.
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Volviendo con Mola Capera, El Espectador confirmó que la Comisión de Disciplina Judicial adelanta un total de siete investigaciones disciplinarias en su contra. En el peor escenario, podría terminar suspendido por años o expulsado del cargo. En uno de los expedientes, la Procuraduría, en 2021, solicitó seguirle la pista pues, a través de un fallo de tutela, devolvió a sus dueños la EPS Ambuq de Quibdó, la cual estaba intervenida por la Superintendencia de Salud. Mola Capera tuteló los derechos de aquellos empresarios, a pesar de que la EPS carecía de los medios físicos y logísticos para operar. El magistrado, por ahora y desde lo penal, su especialidad, se prepara para ser por primera vez protagonista de un fallo, que resultará a su favor o en su contra.
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