Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El 2024 fue un año movido en la Corte Constitucional en relación con las decisiones que tuvieron que ver con las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro. Este año, el alto tribunal revisó las demandas que le llegaron en contra de proyectos de ley y decretos impulsados y expedidos por el Ejecutivo que, se consideró, no cumplían con las leyes. Por ejemplo, los magistrados tumbaron movidas claves de la Casa de Nariño, como el decreto con el que se declaró la Emergencia Económica en La Guajira, el proyecto que creó el Ministerio de la Igualdad y el artículo de la reforma tributaria con el que se buscaba cobrarle millonarios impuestos a empresas mineras. Sin embargo, el tiempo no alcanzó para todo y grandes casos quedaron en el tintero para 2025.
Podría interesarle: El ABC de la decisión del Consejo de Estado sobre los poderes de la Procuraduría
Dentro de los grandes expedientes que tiene por resolver el alto tribunal el año entrante resaltan las demandas en contra de la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024) que sacó adelante el gobierno de Gustavo Petro. Por otra parte, algunos expedientes que quedaron pendientes en contra de puntos vitales de la llamada Ley de Paz Total (Ley 2272 de 2022), como, por ejemplo, los que establecen las facultades para decretar ceses al fuego con grupos armados. Asimismo, quedó pendiente la decisión sobre la demanda que busca tumbar el artículo en la Reforma Tributaria (Ley 2277 de 2022) que volvió permanente el impuesto al patrimonio.
Reforma Pensional
En junio de este año, el gobierno de Gustavo Petro obtuvo su primera gran victoria en el Congreso. Fue aprobada la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), con la que el Ejecutivo busca “establecer e implementar el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez”, en el que, dentro de otras cosas, los fondos públicos (Colpensiones) y privados dejen de competir y se complementen. Además, en los que se establecerían cuatro pilares (contributivo, solidario, semicontributivo y voluntario), que podrían cobijar a los ciudadanos según sus aportes. Sin embargo, como la mayoría de iniciativas de Petro que han pasado por el Legislativo, fue demandada ante la Corte.
Le recomendamos: Miguel Polo Rosero, el primero del recambio que viene en la Corte Constitucional
El pasado agosto, la senadora del Centro Democrático Paloma presentó la primera demanda en contra de la Reforma Pensional. En el documento que Valencia le presentó al alto tribunal, argumentó que la ley debe tumbarse en su totalidad, debido a que, según ella, se eludió el debate del proyecto en la Cámara de Representantes, pues la cámara baja aprobó la iniciativa “al acoger el texto aprobado por el Senado de la República, sin que hubiese deliberación ni explicación”. La congresista de la oposición también resaltó que ni la ponente del proyecto (Martha Alfonso), ni ningún miembro del gobierno socializaron correctamente el proyecto ante los legisladores.
El expediente de la demanda contra la Reforma Pensional quedó en manos del actual vicepresidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien ya tendría lista la ponencia para ponerle punto final al caso. Aunque todavía no se sabe en qué sentido iría la propuesta que Ibáñez le presentará a la Sala Plena el próximo año, sí se sabe que a la Corte llegó un concepto de la Procuraduría, en el cual le piden al alto tribunal “declarar inexequible (contraria a la Constitución) la totalidad de la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024), al considerar que en la plenaria de la Cámara de Representantes se eludió el debate sobre la iniciativa al adoptarse, sin deliberación, el texto previamente aprobado por el Senado”.
Paz total
Desde el inicio de su mandato, el presidente Gustavo Petro presentó la paz total como la columna vertebral de lo que sería su gobierno. Precisamente, para buscar una salida al conflicto con distintos actores armados al mismo tiempo, sacó adelante la Ley 2272 de 2022, más conocida como la ley de Paz total. Dentro de lo que contempla esa norma, con las modificaciones hechas por el gobierno Petro, se incluye que los representantes del Ejecutivo encaminados a buscar salidas al conflicto tendrán que “realizar todos los actos tendientes a entablar y adelantar diálogos, así como negociaciones y lograr acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley”.
Lea también: Paridad de género: la gran ausente en la Corte Suprema de Justicia
Una de las facultades que tendrán los representantes del gobierno con la norma es que los acuerdos de paz que hagan, así sean parciales (como por ejemplo un cese al fuego), “hacen parte del Derecho Internacional Humanitario (DIH), conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, en consecuencia, serán vinculantes para las partes”, según se lee en la ley. Precisamente, ese punto fue el que llevó a que el director de la Fundación para el Estado de Derecho, Andrés Caro Borrero, demandara el parágrafo 6° del artículo ocho, por considerar que para incluir esos acuerdos al DIH tuvo que haberse hecho una modificación a la Constitución y no solo un proyecto de ley ordinario.
Este expediente aterrizó en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo, quien en febrero de 2025, recién regrese de vacancia judicial, dejará la Corte Constitucional por haber cumplido su periodo constitucional de ocho años en el cargo. Su silla pasará a ocuparla Miguel Efraín Polo Rosero, quien fue elegido por el Congreso como su reemplazo y será el nuevo encargado de liderar el debate sobre la demanda contra ese punto de la ley de Paz total. Aun así, al escritorio de Lizarazo llegó un concepto de la Procuraduría en el que le dan el espaldarazo al demandante y piden que el alto tribunal declare inexequible ese apartado de la norma.
El documento, firmado por la saliente procuradora general, Margarita Cabello Blanco, pide a la Corte que se tumbe el apartado de la ley 2272 “por desconocer la distribución de competencias de producción normativa establecida en la Carta Política, al otorgarle la categoría de ‘normas constitucionales’ a los acuerdos y a los protocolos de paz, por medio de una ley, eludiendo el procedimiento de reforma a la Carta Política”. Además, la jefa del Ministerio Público agrega que ese parágrafo “equipara ‘las disposiciones de carácter humanitario contenidas en los acuerdos de paz’ y en los ‘protocolos’ de los ‘diálogos’ a las normas superiores que integran el bloque de constitucionalidad”.
Impuesto al patrimonio
El último de los tres grandes expedientes que atenderá la Corte en relación con iniciativas del gobierno Petro es el que busca que se tumbe el punto de la Reforma Tributaria (Ley 2277 de 2022) que volvió permanente el impuesto al patrimonio para las personas que tenga activos por más de $3.300 millones. La demanda en este caso se dio, porque, supuestamente, la decisión viola el principio de equidad, además de que, según el documento, se convertiría en el primer impuesto permanente desde la Constitución de 1991 y obligaría a las personas a tributar cada año, haciendo que su patrimonio se reduzca con el tiempo. Asimismo, resaltan que se sumaría a otros impuestos que ya existen sobre el patrimonio en el país.
Este caso, que tiene también como ponente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, estuvo ad portas de quedar resuelto en 2024. En agosto de este año, la Sala Plena se reunió para votar la propuesta de Ibáñez, pero terminó en un empate 4-4, porque el magistrado Vladimir Fernández está impedido para votar en el caso. Por esa razón, la Corte tuvo que citar a una conjueza para destrabar la votación. La encargada fue la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Clara Cecilia Dueñas, de quien se esperaba respuesta antes de que iniciara la vacancia judicial de este año. Sin embargo, el tiempo no le dio a la Sala Plena para volver a ubicar el tema en las últimas sesiones del año.
La Procuraduría también emitió su concepto y, como en los otros dos casos, pidió a la Corte que la tumbara. Esta vez, el Ministerio Público señaló que la Ley 2277 de 2022 no cuenta con un mecanismo que le “permita al contribuyente eximirse de pagar o recuperar el impuesto pagado en aquellos momentos en que el rendimiento de su patrimonio es menor al rendimiento que presume la norma o sea negativo”. Además, que “la falta de este mecanismo implica para el contribuyente tener que asumirlo con la totalidad de la rentabilidad que genera el capital ahorrado o, de no tener un rendimiento que le genere un flujo de caja, liquidarlo hasta estar por debajo del umbral que lo obliga a ser sujeto pasivo del impuesto”.
El tridente de expedientes permanecerá inmóvil hasta que la rama judicial regrese de su vacancia a mediados de enero de 2025. El próximo año, estas decisiones pendientes estarán atravesadas por el cambio en la presidencia de la Corte que actualmente tiene el magistrado José Fernando Reyes Cuartas y que, si nada extraordinario ocurre, pasará a ser del magistrado Ibáñez, quien es de tendencia más conservadora. Además, cuatro magistrados, iniciando por el Antonio José Lizarazo, saldrán del alto tribunal en los primeros nueve meses del año y podrían cambiar las cargas entre ideas liberales y conservadoras, que podrían pesar a la hora de definir el destino de iniciativas del gobierno Petro.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
Conoce más