Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La próxima semana, la Sala Plena de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes deberá decidir si acoge la solicitud de dos de los representantes investigadores que investigan la campaña de Gustavo Petro y ordena llamar a indagatoria al presidente por las presuntas irregularidades en su financiación en 2022. Del otro lado, está el posibilidad de respaldar la ponencia que propone cerrar el proceso contra el mandatario.
La primera petición se lee en un salvamento de voto de 46 páginas radicado por los representantes Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, quienes se apartaron de la ponencia presentada por el congresista Alirio Uribe. Mientras los dos investigadores consideran que existen elementos suficientes para profundizar la investigación, Uribe concluyó que no hay mérito para continuar con la actuación y propuso un auto inhibitorio.
En contexto: Comisión de Acusación se divide entre archivar o llamar a indagatoria al presidente Petro
Además de solicitar la vinculación formal del mandatario y su llamado a indagatoria, los representantes pidieron la práctica de nuevas pruebas testimoniales y periciales para establecer el grado de participación que pudo tener el entonces candidato presidencial en las decisiones relacionadas con la financiación de la campaña.
Según el documento, la investigación se fundamenta en los hallazgos trasladados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que remitió a la Comisión el material documental, técnico y contable recopilado durante el proceso administrativo por presuntas irregularidades en las cuentas de la campaña Petro Presidente 2022.
La investigación se sustenta en las actuaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en abril pasado confirmó sanciones contra el equipo de la campaña del presidente Gustavo Petro tras concluir que hubo violaciones a los topes de financiación por más de COP 3.000 millones. Entre los sancionados figuran el gerente de la campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y hoy en licencia, la tesorera Lucy Mogollón y la auditora Lucy Soto. No obstante, los investigadores aclaran que realizaron una valoración autónoma de las pruebas y que su solicitud no constituye una adopción automática de las conclusiones alcanzadas por la autoridad electoral.
“Es de aclarar que esta remisión no implica la adopción automática de las conclusiones del organismo electoral como verdades inamovibles en el proceso penal, sino que exige del Triunvirato Investigador un ejercicio autónomo de valoración probatoria, sustentado en los principios de la sana crítica, la imparcialidad y la búsqueda de la verdad material. Con ese propósito, se adelantará una exposición cronológica y sistemática de los hechos que han dado lugar a la presente actuación”, señaló el salvamento de voto.
Lo que sostiene el documento firmado por los representantes Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza es que Petro sí tenía un rol clave en la administración de su campaña porque, según las normas que rigen las contiendas electorales, el candidato presidencial responderá “solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas”.
En otras palabras, el candidato ostenta la calidad de garante del correcto funcionamiento de las finanzas de su campaña. Por eso, para los investigadores, el hecho de que Petro hubiera depositado su confianza en miembros de su equipo para administrar los dineros “no lo exime de su deber de vigilancia y control”.
Según la ponencia de Arizabaleta y Carrillo, la obligación que tenía el candidato presidencial no era simplemente la de instruir o dar órdenes a su equipo. Por el contrario, sostienen los representantes, debía exigir reportes para verificar irregularidades, intervenir para corregir desviaciones de los parámetros legales y establecer sistemas de información periódica, entre otros. Sin embargo, se lee en el documento, el hoy presidente no ejerció ninguno de esos controles.
“La magnitud de las irregularidades detectadas, que superan los COP 3 mil millones y que involucran mecanismos sofisticados de triangulación financiera, habría debido ser perceptible para cualquier persona que ejerciera de manera diligente el deber de vigilancia sobre las finanzas de la campaña. No se trata de irregularidades técnicas menores o de errores contables de difícil detección. El pago de más de treinta mil testigos electorales mediante giros postales no declarados, la recepción de COP 600 millones de la Unión Sindical Obrera (USO) cuatro días antes de la segunda vuelta y la anulación de facturas de transporte aéreo son operaciones visibles que hacen insostenible la hipótesis de que escaparon al conocimiento del máximo dirigente de la campaña”, dice el documento.
Con estos hechos aclarados, la ponencia continúa con el análisis: pese a que no hay pruebas de que el entonces candidato sabía explícitamente lo que estaba pasando (dolo directo), los representantes sostienen que las irregularidades eran tan grandes y evidentes que era prácticamente imposible que no sospechara que algo andaba mal (dolo eventual).
En la ponencia, los representantes también insisten en que las irregularidades detectadas no pueden analizarse como hechos aislados o errores administrativos independientes. Por el contrario, sostienen que las pruebas recopiladas por el Consejo Nacional Electoral muestran la existencia de una estrategia sistemática de financiación paralela que operó durante las dos vueltas presidenciales de 2022.
Según su reconstrucción, el esquema tuvo cuatro componentes principales: la recepción de recursos provenientes de fuentes prohibidas, la ocultación de gastos reales para evitar el desbordamiento de los topes electorales, la omisión masiva de pagos a testigos electorales y la presentación ante el CNE de informes contables que no reflejaban la realidad financiera de la campaña. Para los investigadores, estos hechos no solo tuvieron un impacto administrativo, sino que configuraron posibles conductas penales relacionadas con la financiación de campañas con fuentes prohibidas, la violación de topes de gasto, la omisión de información del aportante y el fraude procesal.
La ponencia dedica varios apartados a describir las operaciones que, en criterio de los representantes, evidenciarían esa financiación paralela. Entre ellas menciona el cheque de COP 500 millones proveniente de Fecode, organización que por su naturaleza jurídica no podía financiar campañas presidenciales; los COP 600 millones aprobados por la Unión Sindical Obrera (USO) para reforzar la segunda vuelta; la alteración de facturas de transporte aéreo de la empresa SADI S.A.S., que habría reducido artificialmente los gastos reportados ante la autoridad electoral; y los pagos a más de 35.000 testigos electorales a través de operadores de giros postales que no fueron reportados en el sistema “Cuentas Claras”. De acuerdo con el documento, estas operaciones permitieron ocultar más de COP 3.042 millones en gastos que, de haber sido registrados correctamente, habrían implicado una superación de los topes autorizados por el CNE.
A juicio de Arizabaleta y Carrillo, la relevancia penal de estos hallazgos no radica únicamente en el monto involucrado, sino en el carácter coordinado de las operaciones. Por eso sostienen que la explicación según la cual se trató de actuaciones autónomas de terceros, errores contables o decisiones adoptadas por funcionarios de nivel medio resulta insuficiente frente a la evidencia de una operación nacional que involucró miles de pagos, múltiples intermediarios y decisiones financieras adoptadas en momentos cruciales de la campaña. En su criterio, la magnitud de la estructura hace difícil sostener que el máximo dirigente de la organización política desconociera por completo su funcionamiento.
Los representantes también cuestionan uno de los principales argumentos utilizados para archivar el caso: que la administración financiera de la campaña había sido delegada formalmente en gerentes, auditores y tesoreros. Para ellos, la delegación de funciones no extingue automáticamente la responsabilidad penal de quien conserva el control estratégico de una organización. Apoyados en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre criminalidad organizada, parapolítica y estructuras empresariales complejas, sostienen que la responsabilidad de los máximos dirigentes puede surgir aun cuando no ejecuten personalmente cada una de las conductas investigadas.
En ese punto, la ponencia introduce figuras como el dominio del hecho, la coautoría impropia y la posición de garante. Según los investigadores, la pregunta no es si Gustavo Petro firmó personalmente contratos, autorizó pagos o registró informes contables, sino si participó en las decisiones estratégicas que hicieron posible la estructuración y funcionamiento del sistema financiero de la campaña. Bajo esta lógica, la contribución de un candidato presidencial puede manifestarse en la selección de los responsables financieros, la definición de prioridades de gasto, la aprobación de estrategias logísticas y la tolerancia frente a irregularidades de las que tenía o debía tener conocimiento.
Por ello, Arizabaleta y Carrillo concluyen que la investigación no debía cerrarse en esta etapa procesal. En su opinión, las pruebas trasladadas por el Consejo Nacional Electoral constituyen indicios suficientes para profundizar la instrucción y practicar nuevas diligencias orientadas a establecer el grado de participación del entonces candidato presidencial. De hecho, sostienen que el objeto de la investigación debía ser precisamente determinar si Petro, en calidad de máximo dirigente de la campaña, intervino en las decisiones estratégicas que permitieron la financiación paralela o, al menos, si aceptó como posible la ocurrencia de esas irregularidades y continuó adelante con la actividad electoral.
Desde esa perspectiva, los representantes afirman que la hipótesis de una ausencia total de conocimiento resulta prematura. A su juicio, la existencia de aportes provenientes de organizaciones sindicales, la movilización de decenas de miles de testigos electorales mediante mecanismos de pago no reportados y la ocultación de gastos por más de COP 3.000 millones constituyen circunstancias que ameritaban una investigación más profunda antes de descartar cualquier forma de responsabilidad penal del hoy presidente de la República.
Este es el salvamento de voto completo:
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más