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Diego Marín Buitrago, más conocido como Papá Pitufo, es por estos días el nombre que más retumba en las altas esferas del poder. El empresario, que lleva más de 30 años en el mundo del crimen y es señalado de integrar una extensa red ilegal de contrabando en Colombia, es apuntado por algunos miembros del Ejecutivo, como Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), de haber sostenido reuniones con miembros de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022. Es más, denuncias lo relacionan con un apoyo de $500 millones a las cuentas de esa campaña, un hecho que el primer mandatario ha negado tajantemente. El asunto ya abrió capítulos judiciales, pues recursos radicados en la Fiscalía por esa supuesta financiación ya están en indagación.
La primera denuncia por estos hechos que aterrizó en el búnker la radicó la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, luego del congestionado consejo de ministros que fue televisado el pasado 4 de febrero. Durante esa polémica reunión de gabinete, Augusto Rodríguez, de la UNP, señaló que Marín Buitrago sostuvo reuniones con Armando Benedetti, nuevo jefe de despacho de la Presidencia de la República, con el objetivo de entregar recursos a la campaña del ahora presidente Petro. Esa denuncia llegó a la Fiscalía y fue asignada, por reparto, a la seccional Bogotá, pero aún no se ha abierto una investigación formal al respecto, según comentó una alta fuente de la entidad.
El caso escaló en cuestión de días, luego de que se conociera la supuesta financiación, pues se convirtió en un escándalo que destapó reuniones entre el llamado zar del contrabando y miembros de la Policía Nacional y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Esos encuentros fueron revelados por agentes encubiertos, quienes grabaron en repetidas ocasiones a Marín Buitrago confesar que sobornó a varios integrantes de ambas instituciones para permitir que toneladas de mercancía ilegal ingresaran al país por diferentes puertos, principalmente los de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar). Papá Pitufo, según las grabaciones, habría asegurado a varios funcionarios de la Polfa y la Dian con “millonadas” para que sus negocios se mantuvieran en pie.
Es aquí donde aparece otro punto clave en las confesiones de Marín Buitrago que, sin saber, le estaba entregando a miembros de la Policía. El contrabandista le dijo a los agentes encubiertos que estaba buscando “organizar” las seccionales de la Polfa en Cali y Pereira, y para ello, necesitaba una persona de confianza. “Va un muchacho, un teniente coronel que es primo lejano por allá de Z1 (…) la familia es de allá, entonces va para allá”. El zar del contrabando se refiere a una persona que pondrían en Pereira para garantizar la entrada de contrabando. Mientras que la referencia a Z1 se da porque, en jerga policial, así se les llama a oficiales de alto rango. En los audios, Papá Pitufo se refiere al recién renunciado exdirector de la Policía, William René Salamanca.
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En otras grabaciones reveladas por Noticias Caracol, que salpican al excomandante de la Polfa Peter Nocua y a una funcionaria de la Dian, Marín Buitrago reconoce que para poner a un campanero en Pereira se necesitaba la autorización del exdirector Salamanca. Ante la pregunta del agente encubierto si este ya dio luz verde para su llegada, el contrabandista responde con un “Sí”, a secas. El exdirector de la Policía renunció a su cargo el pasado lunes 10 de febrero, pues, al parecer, asumiría un cargo en el exterior. Fuentes de la Fiscalía enteradas del proceso le dijeron a este diario que, hasta el momento, no se ha abierto ninguna investigación en contra del exdirector de la Policía ni tampoco se tiene conocimiento de quién sería el denominado Z1.
A todo este escenario, sobre el cual el presidente Petro se ha pronunciado señalando que no dejó entrar recursos del contrabando a su campaña, se suma otro episodio más: una carta del director de la UNP en la que entrega más detalles sobre la presunta financiación a la campaña de Petro en 2022 por parte de Marín. El funcionario señala en su misiva que Xavier Vendrell, asesor español de Petro durante su carrera a la Presidencia y su amigo personal, se reunió con el zar del contrabando para definir la entrega de los $500 millones en una mansión en Guaymaral. En la carta, el funcionario cercano al primer mandatario también señaló a Néstor Daniel García, cofundador de la Alianza Verde, de haber estado presente en la entrega del dinero e incluso confirmó que el político se habría embolsillado $50 millones.
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El director de la entidad también fue claro en soportar los argumentos del presidente Petro sobre el caso, quien ha dicho que, una vez se enteró del acercamiento de Papá Pitufo a la campaña y su intención de financiarla, ordenó que los recursos fueran devueltos. Para probarlo, el mandatario dio la instrucción de grabar un video en el que Vendrell devolvía la plata. “El video debería ser producto de una cámara escondida para que Papá Pitufo no se enterara de que se estaba construyendo esa evidencia”. Según el director de la UNP, el plan era que “Vendrell debía ser filmado en el momento de empacar en una caja el dinero a retornar, y acompañar con la cámara todo el recorrido hasta la mansión de Guaymaral”. Allí, dice Rodríguez, el asesor español debía ser grabado entrando con el dinero y saliendo sin él.
Además de la carta, Rodríguez también dio a conocer una fotografía en la que aparecen Xavier Vendrell y Armando Benedetti a las afueras de una sala de la Casa de Nariño. El funcionario agregó que ese momento fue captado después del consejo de ministros, lo que, para él, sería una prueba de sus afirmaciones sobre las presuntas reuniones entre ambos en el pasado. El caso de Marín Buitrago deja la puerta abierta en diferentes escenarios, en los cuales su nombre sigue sonando con mayor frecuencia. La Fiscalía también anunció que, por ahora, se adelanta una indagación de los bienes de Pitufo en España, pues vivió en ese país durante años. El contrabandista espera el concepto del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, donde está detenido hace más de un mes, para volver extraditado a Colombia, mientras la justicia indaga qué funcionarios de la Policía participaron de sus negocios criminales.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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