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El Palacio Amarillo es la sede de la Gobernación de Santander, y está ubicado en la capital del departamento: Bucaramanga. Allí se han sentado diferentes personalidades del mundo político para tomar decisiones clave para la región, aunque algunos de ellos han salido por la puerta de atrás. Ese es el escenario para tres miembros de la familia Aguilar, el clan más poderoso de esa zona del país, el cual ha instalado en el Palacio a un padre y dos hijos, todos procesados en razón de ese cargo. El Espectador reveló el pasado lunes 20 de enero el escrito de acusación en contra de uno de ellos: Mauricio Aguilar Hurtado, hijo de Hugo Aguilar, condenado por “parapolítica”, y hermano de Richard Aguilar, quien enfrenta un juicio por corrupción cuando fue gobernador de Santander entre 2012 y 2015. Estos son sus expedientes.
Hugo Aguilar Naranjo
El primero en llegar a la sede de la Gobernación fue Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, excoronel de la Policía y reconocido hasta ese entonces por haber integrado el bloque de búsqueda que terminó con la vida del capo del narcotráfico Pablo Escobar en un tejado en Medellín. Llegó al cargo en 2004 y salió en 2007. Entre sus propuestas se destacaron la recuperación del orden público, el saneamiento de las finanzas públicas y el impulso económico en la región a través del turismo. Todo ese plan de gobierno se vio manchado cuando cuatro años después de terminar su mandato, en 2011, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado, al demostrarse sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante su campaña y gestión como gobernador.
Aguilar Naranjo, que siempre ha insistido en su inocencia, pagó su pena hasta 2015, cuando le fue otorgada la libertad condicional. Para 2019, ese beneficio le fue revocado por pedido de la Procuraduría, la cual también lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 20 años por sus nexos con paramilitares. Ese mismo año, el exgobernador solicitó someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en calidad de agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública. Tras evaluaciones, la JEP programó una Audiencia Única de Aporte a la Verdad para el 14 de noviembre de 2023, donde Aguilar debía proporcionar información detallada sobre sus relaciones con grupos paramilitares y otros implicados.
Durante esa diligencia, Aguilar Naranjo reconoció haber recibido el apoyo de las AUC para la campaña a la gobernación en 2003, la cual ganó al año siguiente. Si bien negó que los aportes de los paramilitares fueran económicos, sí aceptó que el apoyo consistió en garantizar el control territorial y evitar que otros candidatos pudieran hacer campaña en zonas bajo influencia paramilitar. En sus declaraciones, el político y exuniformado argumentó que su interacción con las Autodefensas fue una “condición del contexto de la época”, en la cual estos grupos tenían un fuerte control político y social en varias regiones del país. Afirmó que, aunque sabía del apoyo, no buscó activamente alianzas con los paramilitares, sino que simplemente “aceptó” las condiciones en su momento.
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Además, durante su audiencia de aporte a la verdad en la JEP, Aguilar expresó que su relación con las AUC no fue ideológica ni operativa, sino meramente estratégica para garantizar su elección y evitar conflictos en el territorio. Sin embargo, las víctimas del paramilitarismo en la región y sectores críticos a su gestión, han señalado que estas admisiones son insuficientes, pues no incluyen detalles sobre la financiación y los acuerdos específicos que podrían haber existido. La JEP sigue evaluando si los aportes de Aguilar son veraces, exhaustivos y relevantes, para determinar si puede acceder a beneficios de justicia transicional.
En 2018, la justicia volvió a tocar las puertas de Aguilar Hurtado en otro proceso judicial que terminó con su captura. Según las investigaciones de la Fiscalía, el exgobernador habría incrementado su patrimonio de manera irregular, utilizando presuntas maniobras ilegales para legalizar y ocultar recursos obtenidos, supuestamente, de sus relaciones con estructuras paramilitares. El ente investigador determinó que Aguilar habría ocultado más de $1.800 millones mediante testaferros y empresas fachada. En octubre de 2020, un juez suspendió este proceso y lo remitió a la JEP para determinar su competencia en el caso.
Richard Aguilar Villa
Richard Aguilar Villa, quien comenzó su carrera política a inicios de los 2000 en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que incluso pasó por el consulado de Chile en 2008, comenzó su carrera al Palacio Amarillo en 2011. Ese año, su padre, Hugo Aguilar, buscaba volver al puesto, pero la Procuraduría lo inhabilitó por 20 años por sus nexos con las AUC. Sería Richard Aguilar quien tomaría las riendas de esa campaña, la cual ganó con más del 56% de los votos. Al iniciar su gestión, Aguilar Villa instauró el primer Plan de Desarrollo Departamental para Santander, pero su gestión se vio enmarcada en una serie de irregularidades que lo tienen hoy en juicio por aparentes delitos de corrupción.
Al terminar su mandato, Aguilar fue elegido senador de la República en 2018 por el partido Cambio Radical. En 2021, cuando aún ocupaba un asiento en el Capitolio, la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura por su presunta participación en irregularidades en la adjudicación de contratos durante su mandato como gobernador de Santander, situación que lo obligó a renunciar al Congreso. Se le imputaron cargos por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Las pesquisas indican que Aguilar Villa y funcionarios de la Gobernación de Santander pactaron porcentajes para la adjudicación de contratos. Durante la investigación en contra del exfuncionario y excongresista se encontraron posibles irregularidades en seis contratos, entre ellos uno destinado al reforzamiento estructural del estadio de fútbol Alfonso López (hoy con el nombre de Américo Montanini) y adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los $15.278 millones con una adición reconocida por más de $6.700 millones.
“Con relación a este contrato, el exgobernador Aguilar Villa, la entonces secretaria de Infraestructura, el esposo de ésta última, así como el director de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación, se apropiaron de aproximadamente $9.886 millones”, señaló la Fiscalía a la Corte en su momento. Las otros contratos corruptos de obras en el departamento, y que tuvo bajo la lupa la Fiscalía, son el corredor vial San Gil – Charalá (Santander), contrato suscrito el 24 de septiembre de 2014; construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga – Floridablanca (Santander), suscrito el 30 de septiembre de 2014 y el suministro de raciones alimentarias para estudiantes de colegios oficiales de 82 municipios del departamento, convenio suscrito el 26 de agosto de 2014 del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Mauricio Aguilar Hurtado
Como reveló este diario el pasado lunes 20 de enero, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra del tercer miembro del clan Aguilar en ocupar el Palacio Amarillo. ¿Por qué? Por la firma de una serie de convenios con el Canal TRO (Televisión Regional del Oriente) para la divulgación y posicionamiento de la imagen institucional “Siempre Santander”, una estrategia para dar a conocer los logros de su administración. No obstante, para el ente investigador, estos contratos, que suman más de $8.000 millones, están llenos de anomalías, por lo que el exfuncionario fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros en agosto de 2024.
Entre los hechos ilegales que encontró la Fiscalía, y que quedaron consignados en el escrito de acusación en contra del exgobernador, resalta, en primera medida, la precariedad de los estudios de necesidad y conveniencia de los contratos. De hecho, según las pesquisas del ente de control, la propuesta contractual no se puso sobre la mesa por parte de la Gobernación, como exige la ley, sino que fue presentada por el contratista, en este caso el Canal TRO.
Para la Fiscalía, según estableció en el escrito de acusación, el hecho de que el canal fuera el encargado de presentar el ofrecimiento es un hecho que trastoca “por completo no solo la estructura del proceso contractual, sino dejando en manos del contratista la decisión de hacer una propuesta que señale las necesidades a satisfacer, cuando es sabido que esto corresponde al contratante; es decir, a quien detecta la necesidad y explica, justifica y por consiguiente procede a realizar lo que sea del caso con miras a satisfacerla”.
La propuesta del Canal TRO, determinó la Fiscalía, también estaba plagada de anomalías. Por ejemplo, en la radicación de acusación, la entidad dirigida por Luz Adriana Camargo detalló que la documentación enviada por el contratista “no se conoce, no se aporta o no aparece por ningún lado”. Es decir que, aunque adjuntaron documentos en la oferta, todo era información fantasma. Así mismo, durante el proceso contractual tampoco se realizó un estudio para entender por qué eran necesarios esos convenios para la Gobernación, pues para ese momento ya contaban con 38 contratos que sumaban más de $464 millones para atender temas de comunicaciones para, entre otros propósitos, posicionar la imagen de la Gobernación.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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