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En los próximos días se espera que la general Olga Patricia Salazar, quien lidera la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía, entregue detalles de un operación clave contra el crimen organizado trasnacional y que incluso captó la atención del presidente Gustavo Petro, quien hizo eco sobre esa acción de la Fuerza Pública. La operación, desarrollada de la mano de la DEA y las autoridades de Guatemala y Grecia, produjo la captura de siete miembros del cartel de Sinaloa, la organización narcotraficante liderada por el Mayo Zambada y los hijos del capo mexicano el Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos desde 2017.
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El Espectador conoció detalles de esa operación que deja en Colombia dos personas capturadas, quienes serán extraditadas a Estados Unidos, pues una corte del Distrito Sur de Nueva York pretende procesarlos por los delitos de tráfico de narcóticos y blanqueo de capitales. Este diario pudo establecer que los dos hombres capturados estaban incursionando en la exportación y venta de fentanilo hacia Estados Unidos. Sin embargo, la Policía no aclaró si se encontró evidencia de un mercado negro de este tipo de opioide sintético o si se hallaron laboratorios clandestinos para su producción y posterior envío a Estados Unidos a través de la frontera con México.
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Se espera que esta y otras preguntas sean resueltas por la general Salazar la próxima semana. Mientras la Policía aclara estos hechos, fuentes del Ejército y de la Armada señalan que no es muy claro si existe un mercado negro de venta de fentanilo o de laboratorios ilegales para su producción. Un alto oficial de la Armada le contó a este diario que sí vienen intercambiando información con las autoridades mexicanas sobre cómo es la producción ilícita y el contrabando del fentanilo. Incluso, dijo que entre algunos oficiales ya circula un documento que dimensiona la grave problemática sanitaria que, según datos de la DEA, cobró la vida 107.000 estadounidenses entre 2021 y 2022 por intoxicación al consumir opioides sintéticos.
La investigación
Las autoridades de Guatemala informaron que de esta red internacional también participaba un viejo conocido de los expedientes judiciales en Centroamerica. Se trata de Humberto Beltrán Cuen, alias Don Chino, un viejo narcotraficante mexicano del Cártel de Sinaloa. Según los reportes, este capo de 70 años de edad también iba a enviar a México aproximadamente 500 rifles automáticos, 500 pistolas y 20 granadas propulsadas por cohete, entre otras armas.
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La denominada operación San Martín también encontró que dos de los enlaces del cartel de Sinaloa en Guatemala, desde 2014 y hasta antes de su captura el pasado fin de semana, trabajaban como proveedores de insumos químicos de fentanilo traídos desde China. La investigación también revela que las fichas de esta mafia mexicana recogía los dineros de varios traficantes de drogas en EE. UU. para convertirlas en criptomonedas y luego de nuevo a efectivo.
Un movimiento similar al que las fichas de Sinaloa en Colombia también realizaron, de acuerdo con la DIJIN. Fuentes oficiales señalan que esta sería una nueva práctica del Cartel Sinaloa en Colombia, pues en el pasado reciente otra de sus fichas han caído por este mismo delito. El más reciente caso es el de Néstor Alonso Tarazona Enciso, señalado de ser el mayor socio del Chapo Guzmán en Colombia. La Fiscalía dice que este supuesto hombre de confianza del cartel de Sinaloa usó, durante más de una década, dos de sus empresas agropecuarias para blanquear dineros del narcotráfico del Cartel de Sinaloa.
La Fiscalía General indicó en junio de 2022 que las empresas de Tarazona, ubicadas en Neiva y Pereira, están reportadas por la OFAC y que sus bienes estarían avaluados en más de $72.000 millones. Además de Tarazona y los dos recientemente capturados, las autoridades colombianas han identificado a más miembros del cartel de Sinaloa durante los últimos meses. En abril de 2022, la Policía capturó en Cali a Brian Bonaciano Olguín, alias Pitt, quien sería la ficha de la familia del Chapo Guzmán para negociar envíos de cocaína con las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.
Documentos reservados del Comando General de las Fuerzas Militares, a los que tuvo acceso este diario luego del hackeo que sufrió a finales del año pasado, señalan que ciudades como Cali, Popayán y Pasto son ciudades usadas por las mafias mexicanas para pactar envíos de cocaína con el crimen organizado colombiano. “Estas ciudades son usadas por las fichas de los carteles mexicanos, ya que quedan cerca a la frontera con Ecuador y permiten no dejar rastros en Colombia”, dice una fuente policial.
“El Panameño”
Otra de las fichas de esta mafia mexicana, pero que anda suelto, es alias el Panameño. Aunque su apodo mafioso alude al vecino país, no es un gentilicio, sino que tiene que ver con su pasado criminal, pues mientras vivió en Medellín era conocido por lavar dinero con mercancía panameña. El Espectador reveló detalles de sus movimientos, los cuales eran monitoreados por miembros de la inteligencia militar en el Eje Cafetero.
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Ahora, según el informe reservado del Ejército, vive en un conocido sector residencial de Armenia, a pocos metros del Batallón n.° 8 Cacique Calarcá del Ejército. Los seguimientos y testigos que aportaron información afirman que su familia tiene varias viviendas en la zona y que ninguna está a nombre suyo. También lograron establecer que uno de sus socios tiene una oficina en un exclusivo hotel de Armenia, donde funciona una constructora, en la cual estarían lavando dinero del narcotráfico.
Otro de sus hombres de confianza, alias “Chorizo”, coordina los envíos de cocaína por el puerto de Buenaventura. De allí llegan a Panamá, donde una conexión del “Panameño” mueve la droga hasta Costa Rica. Por ese movimiento de alijos de cocaína entre Panamá y Costa Rica, dos personas cercanas al “Panameño” fueron capturadas y condenadas en Centroamérica. En junio de 2020, fueron condenados el ciudadano mexicano Antonio León Rojas (miembro del cartel de Sinaloa) y Edward Martínez Ibarra, hombre que, según el reporte de la inteligencia, “es muy amigo del ‘Panameño’”. Conozca la historia completa aquí.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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