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“Esto es un Panama Pappers a la colombiana”. Fue así como en agosto de 2019 el general (r) Juan Carlos Buitrago, entonces director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), catalogó un operativo en el que fue desmantelada una enorme red de particulares que logró evadir billones de pesos al Estado colombiano. La acción de las autoridades causó tanto revuelo, que el entonces presidente Iván Duque salió en rueda de prensa a dar detalles del operativo que comprometió a miles de empresas que funcionan en Colombia. Sin embargo, la agitada agenda mediática colombiana pronto enterró el caso y desde entonces poco se ha sabido de este expediente que tiene a su testigo estrella amenazada de muerte.
El Espectador conoció detalles del proceso que actualmente avanza fuera de los focos mediáticos. Allí se menciona a grandes empresas que hicieron uso de sus servicios ilegales y a 11 personas que ya fueron llamadas a juicio por su presunta participación en esta red. Se trata de Enrique Martínez Herrera y Javier Martínez Viana, padre e hijo, señalados de liderar una asociación ilícita que, durante cerca de dos décadas, defraudó al Estado por más de $1,6 billones, lo que representa dos veces el presupuesto asignado para 2022 al Ministerio del Deporte. El clan Martínez fue llamado a juicio por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.
El caso de la red Atenea volvió a tomar fuerza recientemente, pues la Fiscalía ocupó, con fines de extinción de dominio, varias de las empresas que se habrían beneficiado de esta red criminal, entre ellas Ferroxi y Hierros El Dorado, dos conocidas compañías dentro del gremio de la construcción en Bogotá. Además, el ente investigador también ocupó 26 bienes inmuebles avaluados en $107.000 millones que fueron adquiridos gracias a las operaciones simuladas de la red de evasión fiscal, que operaba principalmente a siete cuadras de los juzgados de Paloquemao, donde actualmente es procesado el clan Martínez y sus fichas.
Alias “la Patrona”, testigo estrella
La Fiscalía estableció la existencia de diferentes sociedades de papel dedicadas a crear facturas falsas y la adquisición de bienes y servicios a favor de personas y empresas. Operaciones que les permitieron cobrar millones por concepto de la devolución de un IVA a la DIAN de transacciones que nunca existieron y, de esa manera, reduciendo los valores que son tenidos en cuenta para cobrar impuestos. “Las empresas de papel que expedían facturas falsas que fueron creadas no contaban con la infraestructura necesaria ni con el personal para realizar actividades de comercio, es decir, no tenían nada para vender. Por esa actividad, esas empresas cobraban un porcentaje o comisión que oscilaba entre el 1 y 5 % sobre el subtotal de las facturas generadas”, dice la Fiscalía.
El documento de 39 páginas enumera varias de las pruebas que tiene el ente investigador, entre ellas una fundamental para el caso: el testimonio de Olga Lucía Díaz, alias la Patrona. La testigo estrella fue la cabeza de otra red ilegal que operó en el barrio El Restrepo en Bogotá durante una década y generó un desfalco al Estado por más de $2 billones. Cuando El Espectador intentó conocer los pormenores de su proceso judicial, en el que se le alcanzó a imputar cargos, el juez del caso no autorizó el acceso a las audiencias públicas. El funcionario judicial argumentó que el caso contra la Patrona se iba a adelantar bajo reserva, ya que había sido amenazada de muerte, hecho que fue corroborado por varias personas del caso e incluso por el abogado de la DIAN.
Sin embargo, este diario pudo establecer que un juez le aprobó a la Patrona un principio de oportunidad (por dos de los cuatro delitos que le imputaron), en el que se comprometió a declarar en el juicio contra el clan Martínez. La Fiscalía señaló que esta mujer entregó información precisa sobre la estructura ilegal de los Martínez y sus principales beneficiarios. Además, durante la audiencia en la que se avaló esa negociación con Olga Lucía Díaz, la fiscal del caso señaló que esa confesión sirvió para investigar a más personas que fueron parte de esta red ilegal, entre ellas funcionarios de la DIAN que entregaban información privilegiada a los socios del clan Martínez.
Los principales movimientos irregulares
Durante las audiencias del caso de la red Atenea, la Fiscalía sostuvo que la reconocida marca de ropa Kenzo Jeans, la poderosa distribuidora de combustibles Biomax y Tecnitanques, una prestigiosa empresa en el sector de los hidrocarburos en Colombia, usaron las empresas del clan Martínez entre 2012 y 2014. La fiscal del caso, Karen Álvarez, insistió durante las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra el clan Martínez que estas conocidas empresas solo corrigieron sus reportes ante las autoridades, luego de que la DIAN se diera cuenta de que se trataba de facturas con empresas que se dedicaban a simular operaciones comerciales.
Entre los pagos que resalta la Fiscalía aparecen varias firmas que en su mayoría desarrollan su fin comercial, principalmente, en Antioquia y Bogotá. Entre ellas: Industrias Metalúrgicas Saycar (Itagüí, Antioquia), Banco de Sangre de Córdoba SAS (Montería), One System SAS (Medellín), D’Caltex (Santuario, Antioquia), Trading Mark SAS (Guarne, Antioquia), Dotoher SAS (Medellín) y Esensi SAS (Itagüí, Antioquia). Otros de los movimientos de dinero que le parecieron irregulares a la Fiscalía fueron 15 provenientes del extranjero, durante 2019, a dos sociedades de la red Atenea por un total de $5.400 millones.
El expediente explica que esa cifra fue enviada desde tres empresas extranjeras: Importadora y Exportadora Unión & Intercontinental S.A. (Panamá), propiedad de Mario Estéfano Alvarado Aguilar; Logística y Transporte San José LLC (Florida, Estados Unidos y Bogotá), propiedad del empresario Luis Fernando Escallón, y Global Management PCC Limited (Isla de Man, Reino Unido), propiedad de Gecko Corporate Services, firma dedicada a administrar cuentas bancarias en este paraíso fiscal. La Fiscalía todavía está investigando el porqué de este masivo movimiento de dinero.
Las interceptaciones
Parte de los datos claves entregados por alias la Patrona a la Fiscalía incluyó los números de los celulares del clan Martínez. Fue así como el ente investigador interceptó sus comunicaciones y logró establecer la existencia de otros posibles hechos de corrupción en los que presuntamente pagaron sobornos para frenar investigaciones contra las empresas de la red Atenea. Uno de los audios da cuenta del temor que tenían los investigados tras la captura de la Patrona y los posibles riesgos judiciales sobre ellos: “Es una olla bien grande que se destapa (…) la vaina no es don Enrique, es la cola larga que se le rebota (…) eso se cuadra es con un billete”, dice una de las fichas de los Martínez en las interceptaciones.
En otro de los audios se escucha a Javier Martínez Viana, hijo del líder del clan Martínez, hablando con una abogada de la familia, a la cual le preocupa su situación judicial, pues ya que existen personas que trabajaron para ellos que podían declarar en su contra en la Fiscalía. “Hace cuatro años que no trabajo con mi papá, me alejé de eso”, le señala Javier a una abogada de su plena confianza. Sin embargo, hay otros audios que dan cuenta que meses antes de su captura, en febrero de 2022, Javier Martínez habría seguido siendo como intermediario entre las sociedades de papel y las empresas que recibían las facturas falsas.
El abogado de los Martínez le dijo a este diario que las empresas se encuentran registradas en Cámara de Comercio y rechaza cualquier vínculo de sus clientes con hechos ilegales. La defensa de los acusados señaló que “que cada una de las interceptaciones serán objeto de transliteración por parte de nuestro investigador, en audiencia de juicio oral, serán interrogados cada uno de los investigadores de la Fiscalía. Para verificar la autenticidad de los medios de prueba de la Discalía. Y no es cierto que el señor Enrique Martínez Herrera, haya ofrecido sumas de dinero a funcionarios de la DIAN”. Además, el penalista señala que la Fiscalía no ha entregado la totalidad de las pruebas del caso de manera efectiva.
El Espectador se contactó con las oficinas de comunicaciones de Biomax y Kenzo, pero hasta el momento no se han pronunciado al respecto. Por ahora se sabe que el clan Martínez estuvo tras las rejas de manera preventiva hasta marzo de 2023, cuando recobró su libertad por vencimiento de términos. Es decir, que se cumplió el tiempo establecido por la ley para que una persona esté detenida sin que haya iniciado el juicio. La Fiscalía todavía está haciendo el descubrimiento de estas y otras pruebas durante las audiencias preparatorias del juicio, que se espera inicie en las próximas semanas.
Por David Escobar Moreno
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