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La operación militar desplegada en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), en marzo de 2022; nunca levantó la más mínima sospecha en el interior de las Fuerzas Militares. En una serie de documentos inéditos, con el sello de reservados o secretos, quedó en evidencia parte de las movidas y decisiones de la cúpula militar y los oficiales de la operación en uno de los momentos más críticos para la Fuerza Pública. Mientras organizaciones de derechos humanos y una alianza periodística, de la que formó parte El Espectador, denunciaban el asesinato de civiles y de un líder indígena, en los cuarteles la estrategia fue otra: deslegitimar a toda costa esas denuncias.
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Los documentos secretos del Comando General de las Fuerzas Militares fueron filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya. El Espectador tuvo acceso a los archivos a través de la organización Forbidden Stories, un consorcio de periodistas con sede en Francia que continúa el trabajo de periodistas amenazados o asesinados. Además de que muestran cómo entre los altos estamentos de las Fuerzas Militares siempre defendieron a los uniformados de la cuestionada operación, pese a las denuncias de excesos, los papeles confirman una serie de señalamientos que hizo la comunidad de posibles irregularidades en la operación y revelan detalles desconocidos sobre los objetivos por los que se iba.
Entre los documentos filtrados hay correos, radiogramas, análisis operacionales y cartas que se cruzaron el entonces comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro; el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMCO), Jorge León González; el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, y otros altos oficiales. Todos, de alguna manera, se sumaron a la narrativa de que lo que ocurrió en la vereda Alto Remanso el 28 de marzo estuvo ajustado a lo que los militares llaman “derecho operacional”. Incluso, entre los documentos filtrados hay un oficio en el que se recomienda premiar a los militares que participaron de la operación.
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La operación
La primera noticia sobre la operación la dio el propio exministro de Defensa Diego Molano, cuando a las 4:35 p.m. del 28 de marzo de 2022 escribió en Twitter: “Neutralizamos a nueve criminales y capturamos a cuatro más en Puerto Leguízamo”. Para ese momento, como aseguraba Molano en su trino, la operación continuaba y tres horas más tarde, sobre las 7:58 p.m., militares escoltaron fuera de Alto Remanso a los últimos policías judiciales del CTI de la Fiscalía, quienes habían hecho los levantamientos de los cuerpos y demás evidencias, según la línea de tiempo que el propio general Zapateiro le envió al general González el 19 de abril.
Ese documento de Zapateiro a González es uno de los más extensos en la filtración sobre estos hechos y condensa, en 20 páginas, los pormenores de la operación, según se los informaron los uniformados que participaron en los hechos a sus superiores. Supuestamente, desde septiembre de 2021, el Ejército tenía información de que en esa zona de Puerto Leguízamo operaba una comisión del frente 48 de las disidencias de las Farc, también llamados Comandos de la Frontera, bajo el mando de alias Pasinga. El señalado disidente estaría en el tercer renglón de dirección del grupo armado. Pero ni siquiera ese mando medio estaba en Alto Remanso para el momento de la operación.
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Según el reporte de Zapateiro a González, fueron hombres bajo el mando de Pasinga, concretamente Bruno y Managua, quienes, al parecer, convocaron a un bazar en la vereda “para comercializar pasta base de coca”, según se concluyó en un informe de inteligencia, pues la invitación tenía las iniciales CDF, que corresponderían a Comandos de la Frontera. El informe del excomandante del Ejército incluso asegura: “Este tipo de ‘bazares’ se desarrollan de manera rutinaria y en diferentes veredas del sector, siendo utilizados para la comercialización de la pasta base de coca, constituyéndose en una conducta sistemática y generalizada”.
La comunidad se ha defendido de esa acusación en repetidas ocasiones por ser estigmatizante. Aun así, el informe de Zapateiro la reitera, y explica que, para el 17 de marzo de 2022, se puso en marcha la operación. Aquí es donde el mismo alto oficial comienza a confirmar algunas de las denuncias. Por ejemplo, que el primer disparo lo hizo el Ejército. A primeras horas del 28 de marzo, dice, “la unidad militar reportó que tenía plenamente identificados a integrantes del GAO-r E-48 portando armas largas, por lo que posteriormente el tirador de alta precisión emplea la iniciativa en el uso de la fuerza de manera discriminada”. Es decir, un francotirador disparó primero, dato que antes no era claro.
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Según el documento firmado por Zapateiro, ese disparo desencadenó “una acción armada” por parte de los sujetos supuestamente armados, incluso desde el lado ecuatoriano de la frontera. El entonces comandante del Ejército reconoce nuevamente una denuncia de la comunidad, que ya había aceptado la institución en 2022: que sobre las 8 de la mañana sus hombres movieron los cuerpos de dos sujetos que habían muerto en el lugar, “quienes portaban armas de fuego al parecer tipo fusil AK- 47 y fusil M-16 y uno de ellos portaba chaleco portaproveedores”. Según escribió, los cuerpos “se encontraban en la ribera del río y podían ser arrastrados por la corriente”.
Hacia las 11:45 a.m. llegaron dos funcionarios del CTI, cuando, al parecer, ya no había disparos. “Para el levantamiento de los cuerpos se emplearon cortinas rojas de un prostíbulo”, añadió Zapateiro, confirmando un aspecto que llamaba la atención de los relatos de la comunidad. El informe asegura que “en el momento no se contaba con las bolsas empleadas para el procedimiento”. Al final del día, seis integrantes del CTI habían hecho todos los actos urgentes y, cuando el comandante del Batallón llegó a Alto Remanso, continúa el documento, “la población civil de forma tumultuaria y violenta efectuó exigencias al personal militar, agrediendo física y verbalmente a los presentes”.
El excomandante del Ejército no ahondó en cómo enfrentaron lo que llamó una “asonada” y se limitó a escribir que fueron respetuosos de los derechos humanos. En contraste, aseguró que la comunidad alteró la escena, pues recogieron vainillas de balas que quedaron desperdigadas por todo el lugar, situación que no ha sido probada por ninguna autoridad. Finalmente, Zapateiro se refirió a la polémica por el uso de uniformes distintos, pues la comunidad denunció que los militares llegaron en sudadera negra y no en el uniforme que deberían usar. El general (r) explicó que, en este tipo de operaciones, los equipos de reconocimiento “deben manejar la fachada exactamente como el enemigo para lograr una mayor facilidad y camuflaje”.
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El blindaje jurídico
Al día siguiente de la operación, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia (Opiac) denunció en un comunicado que una de las personas muertas era Pablo Panduro, gobernador del resguardo indígena ubicado en esa zona. Otras organizaciones campesinas del territorio aseguraron que, entre las víctimas mortales, había otros líderes. Desde Puerto Leguízamo a Bogotá, y en otras zonas del país, comenzaron a escucharse cuestionamientos a la acción militar. Sin embargo, dos documentos filtrados en el hackeo al Comando General de las Fuerzas Militares, firmados el 30 de marzo, muestran que para entonces la estrategia estaba decidida: defender la legitimidad de la operación.
El primero lo firmó el superior de los uniformados que desarrollaron la operación: el general Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante del Comando Conjunto N° 3 Suroriente, quien le escribió al general Navarro una carta que lleva por asunto “Solicitud acompañamiento jurídico”. Tras hacer un relato del “combate” registrado en Alto Remanso, el general Rodríguez escribió que “en varios medios de comunicación se viene denunciando (…) que los supuestos disidentes abatidos eran campesinos y un líder indígena”. Y añade: “Es de vital importancia hacer un acompañamiento a las tropas y comandantes que realizaron esta operación con un grupo de abogados militares”.
Rodríguez afirmaba que era necesario ponerles abogados a los uniformados “con el fin de asesorar y blindar jurídicamente la operación realizada”. Y ese mismo día el general Zapateiro recibía en su despacho un documento titulado “Perspectiva jurídico-operacional caso Puerto Leguízamo”. En él, el jefe del Departamento Jurídico de las Fuerzas Militares, el general Óscar Alexánder Tobar, le daba cuenta al comandante del Ejército de las recomendaciones que su oficina había dado para la realización de la operación, certificaba que se habían cumplido, a partir de la información que le dieron las unidades en menos de 48 horas y concluía que todo se trataba de intentos por restarle legitimidad a la Fuerza.
“Hay comentarios que pretenden deslegitimar la operación militar, sin que hasta el momento existan dictámenes o pronunciamientos de la autoridad competente que cuestionen el actuar institucional”, concluyó el general Tobar en su concepto. Por ejemplo, a pesar de las denuncias de la comunidad y de organizaciones de derechos humanos, el general Tobar concluía que se respetó el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que ordena que las acciones armadas solo pueden dirigirse contra personas que tienen una función continua de combate. “Al no encontrarse personal civil en sitio, la unidad militar procedió a la acción”, concluyó Tobar.
Esto contradice testimonios de pobladores, como los publicados por este diario, que daban cuenta de que, al momento de la operación militar, se estaba desarrollando un bazar comunitario y había mujeres, niños y mayores. De otro lado, Tobar también certificó que se cumplieron otros principios, como el de proporcionalidad, que ordena que si hay daños a personas o bienes civiles, sean proporcionales a la ventaja militar que otorgan los resultados de la operación. El documento, sin embargo, no desarrolla qué ventaja militar se obtuvo con la muerte de alias Managua, quien no era si quiera un mando medio, según los organigramas de la Fuerza Pública sobre Comandos de la Frontera.
Además, el general Tobar escribió que ese principio se había cumplido a cabalidad, pues “no se conoce la afectación de personas o bienes civiles”, pese a que para entonces ya había denuncias y alertas de organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales. Y, finalmente, el concepto del jefe jurídico del Comando General fue emitido antes siquiera de que se diera por terminada la operación, pues según le dijo el propio Zapateiro al general González: “La operación militar finalizó el 31 de marzo de 2022 a las 17:00 horas de acuerdo con radiograma de término de operación”. Es decir, la operación culminó oficialmente un día después de que el general Tobar concluyera que no hubo irregularidades.
La postura de que en la operación no hubo lugar al error se mantuvo. El 20 de abril, diez días después del reportaje publicado por este periódico, Cambio y Vorágine, que reconstruía lo ocurrido en la operación militar, el general Navarro le escribió al exministro Molano: quería que la investigación pasara a la Justicia Penal Militar, puesto que, “han surgido diferentes voces para restar legitimidad a (la operación)”, escribió. En concreto, le pedía que enviara una comisión de jueces de instrucción militar —figura que no aplicaba, pues ahora hay fiscales militares— ya que, a juicio de Navarro, el caso debía estar en manos “de jueces que conozcan todas las circunstancias que integran el arte de la guerra”.
La felicitación
El 7 de abril, cuando crecían las denuncias de posibles abusos y de asesinato de civiles por parte de los uniformados, y ya se hablaba en el Congreso de una posible moción de censura al exministro Molano, el general Navarro le escribió al segundo comandante del Ejército. Le pidió soportes de los antecedentes, la información de inteligencia en la que se basaron para desplegarla y las órdenes de operación. En contraste, ese mismo día, el general Rodríguez Sánchez recibió en su despacho en el Comando Conjunto N° 3 Suroriente otra solicitud: que se otorgara un reconocimiento especial a los 22 uniformados que habían participado de la acción armada en Alto Remanso.
La carta la firma el entonces comandante de la Fuerza Naval del Sur, el vicealmirante Harry Ernesto Reyna, quien escribió que “puesto de manifiesto el excelente resultado operacional obtenido el 28 de marzo”, pedía una felicitación por “desempeño en el cargo -orientación a resultados-, capacidad para obtener resultados de calidad -empleando la menor cantidad de tiempos y recursos-”. Tras recordar que en la operación se logró “neutralización” de 11 personas, “presuntamente integrantes” de las disidencias, y se incautaron fusiles, pistolas y dinero en efectivo, el oficial adjuntó una lista de 22 de los uniformados que estuvieron ese día en Alto Remanso.
El 24 de abril, dos días antes de que Molano asistiera al Congreso para la moción de censura de la que terminó salvándose, el general Navarro recibió otro documento clave, que también es parte de la filtración. Se trata de un “análisis de comportamiento” del frente 48 de las disidencias. Allí, el general Rodríguez hizo un recuento de las acciones armadas que habían desplegado desde 2018, cuando este grupo nació como una estructura dedicada al narcotráfico, hasta que en 2021 se unieron a la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, decisión que “tiene como propósito, en primer lugar, ser reconocidos como un grupo revolucionario y no como narcotraficantes”, asevera el documento.
El archivo no menciona ni a Bruno ni a Managua, supuestos objetivos de la operación. El análisis también añade un mapa de calor de la incidencia del grupo, en el que se observa que eran más fuertes en Puerto Asís y Puerto Caicedo, y no en Puerto Leguízamo. A pesar de que las dudas sobre los supuestos abusos en la operación continuaban sin ser despejadas, el informe concluye que lo que estaba sucediendo era, simplemente, una campaña de desprestigio auspiciada por las disidencias, “utilizando las redes sociales para deslegitimizar (sic) la operación militar”, y no un trabajo periodístico, denuncias de organizaciones de derechos humanos y los testimonios de los pobladores que vieron morir a sus líderes.
Esos relatos incluían detalles que al comienzo fueron tachados de inverosímiles por los propios altos mandos, como que los militares llegaron a Alto Remanso utilizando uniformes distintos al camuflado, o que se llevaron los cuerpos de las víctimas envueltos en las cortinas del prostíbulo. No obstante, estos documentos filtrados dan fe de que esos hechos sí ocurrieron, a la vez que muestran los esfuerzos por “blindar” la operación para defenderla a toda costa, en lugar de investigar si hubo irregularidades. A la fecha, ni la Fiscalía ni la Procuraduría han anunciado avances en sus indagaciones. A punto de que se cumpla un año de lo ocurrido, no se sabe a ciencia cierta si hubo o no abusos por parte de la Fuerza Pública.
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