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El paso del historiador Rubén Darío Acevedo por la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica (2019-2022), tras décadas de consolidarse como uno de los académicos y profesores sobre el conflicto armado más relevantes del país, no fue precisamente un paraíso. Sus posiciones en contra de las instituciones nacientes del Acuerdo de Paz, que incluía serias críticas a las cifras oficiales sobre ejecuciones extrajudiciales y hasta la negación del conflicto armado, lo llevaron a confrontaciones con las mismas víctimas de la guerra, quienes, en actos simbólicos, retiraron su colaboración documental con el centro que reúne la memoria de Colombia. Sin embargo, los líos de Acevedo no se quedaron ahí y también traspasaron a la esfera judicial, por cuenta de un expediente de la Procuraduría que le reprocha sus capacidades como administrador de entidades públicas y que, ahora, lo tiene en juicio disciplinario.
Antecedentes: A juicio disciplinario Rubén Acevedo, exdirector del Centro de Memoria Histórica
El Espectador conoció el pliego de cargos con el que la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal llamó a juicio a Acevedo, como presunto responsable de violación a los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación pública. El expediente incluye a su entonces directora técnica de Construcción de Memoria, Martha Giovana Pérez. Ambos están contra las cuerdas, en la justicia disciplinaria, tras haber sido denunciados por Omar David Guzmán, quien ahora es el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del propio Centro de Memoria. En síntesis, Rubén Darío Acevedo y Martha Giovana Pérez habrían actuado de manera irregular durante el proceso precontractual y contractual de dos convenios, en 2019, que buscaban preservar la memoria histórica de dos episodios de la guerra relacionados con la fe católica.
El primer convenio, el 369 de 2019, fue firmado exclusivamente a favor de la Universidad Autónoma de Occidente, para la creación de un documental de 25 minutos y un plan de difusión sobre el secuestro masivo de los feligreses de la Iglesia La María, el 30 de mayo de 1999. Un hecho que en su momento conmocionó al país por el rapto de casi 200 personas a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por ese trabajo, el Centro de Memoria le entregó $80 millones a la universidad, dada su experiencia en realización audiovisual. El otro convenio, el 371 de 2019, fue entregado por los investigados directamente a la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, de Cali, con una inversión de $62 millones, para la creación de un documental de máximo 10 minutos y su plan de difusión. La idea fue recrear la vida y obra de monseñor Isaías Duarte Cancino, asesinado en Cali, en 2002, por miembros de la entonces guerrilla de las FARC.
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Los pecados de Acevedo y Pérez, según la Procuraduría, es que habrían violado flagrantemente el decreto 92 de 2017, reglamentario de la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro, como la universidad y la fundación universitaria en mención. Aunque el Consejo de Estado, en 2019, le hizo varios ajustes a la norma, dejó tal cual el artículo cinco, que obliga a las entidades públicas a realizar un proceso competitivo para otorgar este tipo de convenios. Es decir, el Centro de Memoria Histórica debió valorar las propuestas de otros oferentes, en lugar de entregar a dedo los millonarios acuerdos. A la Procuraduría le llamó la atención que sustentaran en el proceso contractual que el Consejo había suspendido semejante regla, cuando sigue intacta en el ordenamiento nacional.
Por ello, el Ministerio Público los llama a juicio de disciplina dado que, como funcionarios públicos, les era prohibido actuar “con desviación o abuso de poder” y “eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el estatuto general de contratación de la administración pública”. A partir de este momento, septiembre de 2024, las partes presentarán sus pruebas antes de llegar a una sentencia de primera instancia. Acevedo está acusado en lo disciplinario como principal administrador del gasto del Centro de Memoria Histórica. Y Pérez como responsable del proceso precontractual, en el que ni siquiera estableció si había otras entidades privadas interesadas en contratar con el Estado y resaltar la memoria de las víctimas de ambos hechos del conflicto. La conducta de ambos fue catalogada a título de dolo, es decir, con plena intención.
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Acevedo explicó en sus alegatos que no estaba obligado a realizar convocatorias públicas en este tipo de procesos, según lo dispuesto en el decreto que reglamenta la Ley de Víctimas de 2011, que le dio vida a la entidad. Y que los contratos se ejecutaron cabalmente y “no ocasionaron ninguna irregularidad”. Por su parte, Pérez reconoció que los estudios previos, de los dos convenios, sí fueron suscritos por ella, pero que en la planeación participaron más de tres abogados. “Ella confió en que habían sido elaborados de conformidad con la ley y los manuales”, se lee en el pliego. Asimismo, que el Centro de Memoria Histórica le cumplió al decreto reglamentario de contratación, por cuanto los acuerdos se firmaron con entidades educativas con precisa experiencia para ambas tareas. Una, por haber cubierto la noticia del secuestro. Y la otra por enseñar en sus clases las ideas de monseñor Duarte, reconocido por su trabajo en la desmovilización de armados.
Aun así, antes de que empiece el juicio, la Procuraduría de entrada les recordó las funciones del cargo que firmaron durante el gobierno de Iván Duque: “Es su deber dirigir, promover e implementar las investigaciones y formación académica en materia de memoria histórica”. Y ello incluye “encauzar la motivación y justificación respecto de la modalidad de selección bajo la cual se debían adelantar los convenios”. Finalmente, al Ministerio Público le llamó la atención que, al ser tratos en los que ambas partes disponen de sus recursos, las universidades aportaran menos del 30% de la plata. Al final, el Centro Nacional de Memoria Histórica entregó $142 millones por dos videos y sus planes de difusión, que incluyeron un sitio web sobre monseñor Duarte. Ahora, Acevedo y Pérez se enfrentan a la posibilidad de quedar inhabilitados para volver a ocupar un puesto público en años.
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