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Juan Pablo Fonseca lleva cerca de 12 años trabajando como chef profesional. Su labor en la gastronomía se vio truncada cuando, el 1 de mayo de 2021, fue impactado por un proyectil disparado desde un fusil AM-640 de 40 milímetros, por un agente del Esmad. El ataque fue tan violento que sufrió más de 20 fracturas en su rostro y perdió su ojo derecho en medio del estallido social contra el Gobierno de Iván Duque. Él es una de las más de 250 víctimas de lesiones oculares que hay documentadas en Colombia desde 1998 y, a su vez, es representante del Mocao (Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del Esmad), organización que reúne más de 100 víctimas desde 2019.
Esa organización, que nació para visibilizar la fuerza desmedida de la Policía durante las marchas ciudadanas, acaba de desplegar una serie de peticiones a la nueva titular de la Fiscalía General: Luz Adriana Camargo, quien cumple un mes a la cabeza del ente investigador. La petición de Mocao apunta a que se prioricen sus casos, ya que, según sus integrantes, durante la administración de Francisco Barbosa en la Fiscalía no hubo mayores avances. La entrada de la nueva fiscal al búnker, dice Fonseca, “es una oportunidad para dejar atrás los años en que la administración Barbosa no movió un dedo para acelerar los casos de lesiones oculares durante las protestas de 2019 y 2021″.
Hasta el momento, no hay una sola condena individual en firme contra algún miembro de la fuerza pública por accionar armas de disuasión en contra de manifestantes sin los debidos protocolos durante las protestas. Sin embargo, el Ministerio de Defensa y la Policía sí han sido condenados por hechos similares y han tenido que reparar a las víctimas de lesiones oculares. Ese es el caso de Cristian Rodolfo Rodríguez, quien, luego de perder su ojo izquierdo en las protestas de 2019, demandó al Estado en 2021, y obtuvo un resultado a su favor, pues el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá obligó a la cartera de Defensa a reparar a Cristian y su familia con 280 salarios mínimos. Ese fallo, sin embargo, fue apelado por la Policía y se encuentra en estudio ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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“Hemos planteado nuestra posición de que las lesiones oculares no deben ser juzgadas como lesiones personales, sino como actos de tortura y lesa humanidad”, señala Fonseca. Estas son solo algunas de las solicitudes que las víctimas buscan poner sobre el escritorio de la nueva fiscal. Óscar Ramírez, abogado del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, representante de la organización Mocao, afirma que en el pasado se presentaron obstáculos en el abordaje de investigaciones penales “porque muchas veces no se identifica ni se individualiza [a los miembros del Esmad] (…) hubo serias dificultades de negligencia en la debida diligencia y en establecer quién es el debido responsable”.
El abogado dice que, al interior del búnker, no hay grupos interdisciplinarios que permitan hacer análisis balísticos de los elementos que generaron las lesiones y, como no se encuentran proyectiles, “no hay observación de los traumatismos”. “Los primeros actos de investigación son deficientes: la no recolección de cámaras de video, las dificultades de acceder a los nombres de comandantes de escuadra y la no entrega de registros de armas no letales”. Esto, continúa el abogado, representa otro problema para las víctimas: el acceso a una reparación. Una vez llegan al Consejo de Estado para acceder a una reparación económica, dice Ramírez, no hay pruebas contra los miembros de la Policía.
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Revictimizaciones
El Espectador también conoció que de los casos en donde ya hay procesos penales ante los jueces, las víctimas han denunciado que la Fiscalía no los notifica sobre las audiencias y que en algunas ocasiones el ente investigador no se presenta a esas diligencias judiciales. Por ejemplo, el pasado 2 de abril, estaba previsto que la Fiscalía llamara a juicio a un miembro del Esmad que le habría ocasionado una lesión ocular a Leidy Cadena en medio de las protestas de 2021. Ante la ausencia del ente investigador, el juez del caso llamó fuertemente la atención y le pidió al ente de control que argumente su inasistencia, ya que hace varios meses que la audiencia estaba programada. No obstante, el pasado 23 de abril, los uniformados Danilo José Núñez y Álvaro Ramírez Castro fueron acusados por los delitos de lesiones personales y abuso de autoridad por las graves lesiones causadas a Leidy, quien perdió la visión en uno de sus ojos.
De acuerdo con el abogado Ramírez, las denuncias por lesiones oculares aumentaron aproximadamente desde 2019. Pero no solo por los casos presentados en las protestas contra el gobierno de Iván Duque en las principales ciudades, sino también en las zonas rurales, cuando el Esmad intervenía en manifestaciones indígenas y campesinas. Y aunque se comenzó a entablar las denuncias ante la Fiscalía General, dice el abogado, los denunciantes encontraron obstáculos institucionales: “Antes de reconocerlos como víctimas de una acción arbitraria, eran juzgados como posibles criminales por estar en la protesta”.
Para Fonseca, todo este asunto también ha generado serios problemas en el ámbito laboral y educativo de las víctimas, pues muchos de ellos perdieron sus trabajos o no pudieron volver a estudiar porque las incapacidades médicas fueron de más de seis meses y los recursos se invirtieron en cirugías. “No somos considerados como víctimas en ninguna sentencia y tampoco somos reconocidos como discapacitados ante el Estado (…) pero si vamos a buscar trabajo ahí sí nos dicen que somos discapacitados. ¿Entonces qué somos y qué no somos?”, cuestiona el vocero del Mocao, quien también señala que algunas víctimas han encontrado dificultades para acceder a las prótesis oculares.
Fuentes cercanas al ente investigador le dijeron a este diario que la situación de las víctimas de lesiones oculares ya ha llegado al despacho de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien ha puesto en el centro de la discusión la importancia de no solo concentrarse en los victimarios, sino también en satisfacer las necesidades y los derechos de los afectados. Para Ramírez, buscar que se fortalezcan las fiscalías locales, no solo en Bogotá, sino en varias ciudades, con el fin de fortalecer las directrices del búnker en la investigación de graves violaciones de derechos humanos cometidos por la fuerza pública, es una posible solución. “Desde discursos públicos ella ha mencionado la necesidad de construir indicadores de una forma distinta”, concluye el abogado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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