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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) fue creada en 2011 con el fin de lidiar con la difícil tarea de afrontar las cientos de demandas que recibe el Estado colombiano y reducir el impacto patrimonial que puede generar fallos a en contra en distintos escenarios judiciales. Según datos de la propia agencia, la cual encabeza Camilo Gómez, hay 418.000 procesos contra la Nación por pretensiones de $421 billones de pesos, es decir $150 billones más de lo que se gastó en 2019 el Estado.
Sin embargo, el propio director, quien fue postulado por el presidente Iván Duque para dirigir la Fiscalía, dice que los casos que son fallados en contra de Colombia solo logran un 20% de los dineros pretendidos por los demandantes.Los casos que en algunas ocasiones tienen las pretensiones patrimoniales más altas son los pleitos que se tienen a nivel internacional con grandes empresas. Por ejemplo, en este segundo semestre de 2019, la Agencia estuvo trabajando en al menos 12 controversias internacionales. La institución gubernamental calcula que por estos procesos Colombia está demanda por cerca de $18,1 billones.
Algunos de los grandes pleitos que encara Colombia son los siguientes:
Caso Glencore
En agosto pasado, un tribunal internacional con sede en Washington, le ordenó al Estado colombiano reintegrarle a la multinacional el dinero que fue cobrado tras una sanción de la Contraloría. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones le ordenó a Colombia a Glencore USD$19.1. El Tribunal determinó que la sanción del órgano de control «obstaculizó» los intereses de la minera, sin embargo, desestimó las demás pretensiones de la empresa, la cual pedía más de USD$500 de indemnización. La Andje anunció que presentará un solicitud de anulación del laudo arbitral por una supuesta violación al debido proceso.
Caso Telefónica y América Móvil
La gigante empresa española Telefónica Y inició un proceso ante un tribunal de arbitramento del Banco Mundial en contra de Colombia para que le devuelvan $1.6 billones que pagó en julio de 2017 por el fallo de un tribunal de arbitramento convocado por el Ministerio de las TIC. La multinacional europea tuvo que devolver el valor de sus activos que excedían las propias concesiones de frecuencias que recibieron desde 1994. En esa misma condena contra Telefónica, Claro (América Móvil) fue condenada a pagar $3,1 billones. El reclamo de las dos empresas es por más de $1.400 millones y su alegato tendrá el apoyo del expresidente Ernesto Samper.
Gas Natural
En junio de 2018, la multinacional española Gas Natural Fenosa demandó al Estado Colombiano ante los tribunales de arbitraje internacional por la intervención que hizo en su momento el Gobierno nacional a Electricaribe. La empresa europea busca una indemnización por USD$1.626 millones. El pleito, que se desarrolla en La Haya, la empresa española dice que Colombia realizó acciones que llevaron a la quiebra de Electricaribe. Además, dicen que la Nación, por medio de la Superintendencia de Servicios,les expropió la la electrificadora, de la cual toda la región Caribe dependía para recibir electricidad y de la que Gas Natural Fenosa tenía el 85 % de las acciones.
Gas Natural Fenosa explica en la demanda que Electricaribe tuvo aproximadamente 2,6 millones de clientes en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, que el 80 % de ellos pertenecían a los estratos más bajos y que se trataba de una zona del país en la que prestar el servicio de energía eléctrica se dificulta por el clima, la salinidad del aire y fenómenos climáticos como El Niño. Sin embargo, la empresa recalcó desde el comienzo que lo más difícil de enfrentar fue la enorme cantidad de conexiones eléctricas ilegales y la falta de pago de las facturas por parte de sus clientes.
Gran Colombia Gold
En junio de 2017, la firma canadiense demandó al Estado colombiano por USD$700 millones debido a los problemas que han tenido para ejecutar sus proyectos en Antioquia y en Caldas. El primer reclamo está enfocado en la demora de las autoridades competentes Agencia Nacional de Minería (ANM) y las alcaldías de los municipios de Segovia y Marmato para dar solución a las invasiones de supuestos mineros ilegales dentro de los territorios en donde tiene licencia de operación Gran Colombia Gold. El segundo reclamo que interpone la firma en su demanda va dirigido a los problemas de orden público. La compañía denuncia “inacción” de las autoridades para hacer frente a los paros, huelgas y violencia armada que han generado daños a las compañías.
Eco Oro
En junio pasado la multinacional Eco-Oro, empresa que contaba con uno de los títulos principales para extraer minerales en el páramo de Santurbán, renunció a su concesión porque «las medidas adoptadas por el Estado han hecho inviable» su apuesta en el país. Se refieren al proyecto ‘Angostura’, con el que se pretendía extraer el equivalente a 11 millones de onzas de oro a lo largo de 25 años. La renuncia fue anunciada al Ministerio de Minas y Energía a través de una carta en la que explican los motivos por los que desisten de la concesión. La decisión, que estuvo motivada por las pérdidas de Eco-Oro, responde al tira y afloje que ha suscitado durante los últimos años la delimitación del páramo de Santurbán. Esa discusión los llevó a demandar al Estado colombiano por 764 millones de dólares para compensar los daños que han sufrido.
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