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El 15 de diciembre de 2023, Vladimir Fernández Andrade cerró oficialmente su oficina en la Casa de Nariño, en donde trabajó un año como secretario jurídico de la Presidencia. Además de dejar su cargo, ese mismo día se despidió de su equipo de trabajo y cruzó los pasillos del edificio para subir al salón donde lo esperaba el presidente Gustavo Petro para posesionarlo como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Así, Fernández terminó su gestión en el Ejecutivo para dedicarse a asuntos judiciales. Sin embargo, los lazos con la Presidencia continuaron y el hoy magistrado regresó a la Casa de Nariño en dos ocasiones en enero de este año, visitas que se han sumado al ruido que generó la llegada de Fernández a lo más alto de la justicia en el ámbito constitucional.
A través de varios derechos de petición, El Espectador pudo establecer que Fernández estuvo en la Casa de Nariño el 22 y el 29 de enero pasado. Así lo confirmó Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), quien ahora saltó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y será reemplazado por Laura Sarabia. Según la respuesta de la dependencia presidencial, el magistrado estuvo dos veces en el Palacio en reuniones con el ahora exdirector del DAPRE y no se reunió con ningún otro funcionario. El propio González explicó en la respuesta al derecho de petición que en, ambas reuniones, el motivo del encuentro fue uno solo: “Tratar temas relacionados con el esquema de seguridad” del citado magistrado.
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Sin dar mayores detalles de qué hacía un magistrado resolviendo asuntos de sus escoltas en la Casa de Nariño, el DAPRE aclaró que “el respetado magistrado no presta asesoría jurídica al señor presidente ni al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, como tampoco a los ministerios del gabinete”. La versión sobre sus visitas la confirmó Fernández en diálogo con El Espectador. Según su versión, fue personalmente a hablar con Carlos Ramón González porque ha tenido “dificultades” para pasar de la seguridad que le brindaban la casa militar y la Presidencia como secretario jurídico al esquema que ahora debe estar en cabeza de la Policía, que es la que se encarga de la seguridad de la Rama Judicial en todo el país.
Al preguntarle si no se trataba de un trámite que se podía hacer con una llamada, el magistrado contestó que no porque “quería entregar todos los papeles y lo quería hacer en persona. Quería hacerlo de una manera formal”. Ambas versiones, la de Fernández y la de González, coinciden en que todo se trató del tema de su esquema de seguridad. Sin embargo, solo la semana pasada, la Sala Plena de la Corte se enteró de las visitas de su magistrado a la Presidencia. Fuentes cercanas al alto tribunal le contaron este diario que en el último encuentro, antes de entrar en materia de expedientes judiciales, la Sala le pidió explicaciones al magistrado. No solo por su presencia en la Casa de Nariño, sino por otra publicación periodística que reveló posibles intereses en un viejo pleito judicial.
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Según abogados cercanos a la Sala Plena, el magistrado dio explicaciones sobre el artículo y se limitó a decir que desde hace mucho tiempo ha sido perseguido por el periodista autor de la nota. En diálogo con este diario, Fernández sostuvo que a sus colegas les explicó que su presencia en el Palacio de Nariño era por su esquema de seguridad y nada más. En todo caso, sus entradas a la Presidencia siguen generando ruido en la Sala Plena por dos principios primordiales de la Constitución Política: la separación de poderes y la independencia judicial. Por esa misma razón, en la Corte quedó una sensación de que hay muchas preguntas por responder, en especial en el otro caso que llevó al magistrado a dar explicaciones.
El interés en un expediente
El 14 de febrero pasado, Jerson Ortiz, periodista de La Silla Vacía, publicó una investigación en la que, con derechos de petición y reportería, evidenció el presunto interés de Fernández en un viejo expediente judicial. Según el artículo, estando ya a la cabeza de la Secretaría Jurídica, el ahora magistrado habría intercedido en una demanda de un consorcio de construcción contra el Invías. Según el proceso, el consorcio pretende que el Estado le pague una indemnización de más de $50.000 millones por supuestas irregularidades en un contrato de 2006 que buscaba la construcción de un tramo de la carretera Medellín-Quibdó. Detrás del recurso, dice el artículo, estaría la firma Estudios y Asesorías Profesionales que, al parecer, tendría una estrecha relación con el jurista.
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Desde hace más de una década, el caso estaba congelado en un anaquel del Tribunal Administrativo del Chocó, hasta que Vladimir Fernández empezó a preguntar por él desde la Presidencia. De acuerdo con la investigación de Jerson Ortiz, en más de una oportunidad el exsecretario jurídico indagó sobre el caso en el Invías y en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). Al parecer, quería saber cuál sería la estrategia con un objetivo: que el caso saliera de lo judicial y las partes pudieran conciliar ante un tribunal de arbitramento. Martha Lucía Zamora, exdirectora de la ANDJE, le dijo a La Silla Vacía que el entonces secretario jurídico fue específico en su interés en el caso y, en más de una ocasión, lo mantuvo al tanto del avance del proceso.
Lo que no se sabía es que la firma que está detrás de los derechos judiciales del expediente, Estudios y Asesorías Profesionales, no solo aparece en la hoja de vida de Vladimir Fernández, como uno de sus lugares de trabajo antes de llegar a la Presidencia, sino que sus dos socias también tienen vínculos con el magistrado. Por un lado, Irma Solangel Torres fue socia de Fernández en varios pleitos en contra del Estado e, incluso, la abogada ha sido la representante de confianza del hoy magistrado en otros procesos personales. Y por el otro, Claudia Liliana Quijano, la otra socia y fundadora de la firma, también compartió procesos con Fernández y, en septiembre de 2022, apareció en la Casa de Nariño como asesora del despacho del exsecretario jurídico.
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En cuestión de meses, el proceso entre el consorcio y el Invías por el que estuvo preguntando el magistrado pasó de acumular polvo durante casi 10 años a moverse a favor de las abogadas cercanas a Fernández: el expediente aterrizó en un tribunal de arbitramento, tal como ellas lo habían pedido. Lo que sostiene la publicación periodística es que el jurista ha estado detrás de ese proceso, pues, en realidad, Estudios y Asesorías Profesionales sigue siendo de su propiedad y habría aprovechado su puesto de poder e influencia en la Secretaría Jurídica de la Presidencia para mover los hilos del pleito que podría salir a favor de las abogadas. Fernández nunca le habló de su posible conflicto de interés a los funcionarios del Invías con los que habló del caso ni a la exdirectora de la ANDJE.
Aunque fuentes de la Corte insistieron en que Vladimir Fernández sostuvo en la Sala Plena que todo es una persecución del periodista, en diálogo con El Espectador dio otra versión. En primera medida, el magistrado aclaró que sí indagó con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por casos relacionados con el Chocó, pero que lo hizo de una manera general sobre procesos administrativos en ese departamento y que ese interés respondía a que funcionarios del Ministerio de Transporte habían estado en la zona y “me pidieron que les prestara atención a esas situaciones”. Sobre su relación con la firma Estudios y Asesorías Profesionales, el magistrado añadió que solo prestó “asesorías como abogado externo, como lo hice con muchas otras en el ejercicio de mi profesión”.
Y agregó: “No tengo ninguna relación con ese proceso en particular. Respeto completamente la actividad periodística. Yo estoy contando lo que sé y la realidad. No tengo ninguna vinculación con ese asunto de manera particular ni tengo ningún interés al respecto”. Al preguntarle sobre las pruebas que pudiera tener para sostener su versión de los hechos, el magistrado reiteró: “No tengo ninguna relación. No presenté la demanda. No tengo nada que ver. No es solo mi palabra, pues así consta en todas las actuaciones judiciales o administrativas”. Después del 29 de enero, y según el DAPRE, Fernández no regresó a la Casa de Nariño, aunque aún no se resuelven las “dificultades” con su esquema de seguridad. No obstante, Claudia Liliana Quijano todavía trabaja en la Secretaría Jurídica.
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