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El alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, se sentará en las próximas semanas en el banquillo de los acusados. La Fiscalía lo llamó a juicio el pasado 17 de julio y dice tener decenas de pruebas en su contra por los delitos de concusión y prevaricato por acción. Según el ente investigador, el joven político habría exigido en marzo pasado un soborno superior a los COP 100 millones, que sería el 20 % del valor de una ampliación de licencia de construcción. A cambio, sostiene el fiscal del caso, frenaría y archivaría actuaciones administrativas contra un proyecto inmobiliario ubicado en un exclusivo sector del municipio, que es Monumento Nacional por su infraestructura colonial.
Según la Fiscalía, la víctima de esas supuestas exigencias fue una integrante de la reconocida familia Solarte, dueña de uno de los grupos empresariales con mayor tradición en los sectores de infraestructura, construcción, agropecuario y de alimentos en Colombia. Se trata de la empresaria María Victoria Solarte Daza, quien a su vez es la representante legal de Inversiones San Jacinto S.A.S., dueña del proyecto que hoy tiene al alcalde de Villa de Leyva preso de manera preventiva mientras que el expediente penal avanza. Sin embargo, este no es el único movimiento ante las autoridades que está ligado a la finca de los Solarte y que hoy la tiene en aprietos por los posibles incumplimientos en materia ambiental de la obra.
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El Espectador conoció una denuncia que fue radicada ante la Fiscalía el pasado 17 de julio en la que se invierten los papeles: la empresaria María Victoria Solarte es denunciada por posibles delitos ambientales relacionados con la construcción de la finca en Villa de Leyva. El proyecto urbanístico, llamado Nuestra Señora del Buen Suceso, está construido en ocho hectáreas de tierra, un terreno similar a once canchas de fútbol. Desde mayo de 2022, dos años antes de que se posesionara el alcalde Gamboa Chaparro, los Solarte iniciaron la construcción de la mega hacienda que supera los 5.200 metros cuadrados, con dos lagos artificiales, pesebreras de dos niveles y hasta una capilla.
La denuncia de 17 páginas, presentada ante el ente investigador por un ciudadano cuyo nombre está bajo reserva, está acompañada de fallos judiciales e informes de la Corporación Autónoma de Boyacá y la Secretaría de Planeación de Villa de Leyva. Según esos documentos, hay pruebas de las posibles afectaciones ambientales que la empresaria Solarte y su esposo estarían cometiendo desde 2023 en el municipio. Sin embargo, para el denunciante, esas presuntas afectaciones ambientales transgredieron al plano penal y, por ende, la denunció por los delitos de deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
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La génesis de la disputa
La denuncia conocida por este diario hace un relato cronológico de cómo la empresaria Solarte se habría saltado los requisitos ambientales para edificar la hacienda Nuestra Señora del Buen Suceso. En primer lugar, el documento señala que, mediante una resolución del 24 de mayo de 2022, la Secretaría de Planeación de Villa de Leyva le otorgó a los Solarte una licencia para construir una vivienda unifamiliar de aproximadamente 551 metros cuadrados, pero que dicha autorización no incluía movimientos de tierra, excavaciones, lagunas artificiales ni intervenciones sobre cuerpos hídricos o áreas protegidas. En agosto de 2023, María Victoria Solarte hizo una solicitud para ampliar las obras, incluido un lago artificial.
Durante el estudio de la solicitud para modificar la licencia urbanística, la Secretaría de Planeación concluyó que parte de las obras recaían sobre áreas ambientalmente protegidas, como la cuenca del río Cane, cuyas aguas provienen de uno de los parques nacionales naturales más biodiversos del país: el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, que protege 6.889 hectáreas de páramo y bosque altoandino. Como consecuencia, la administración negó la modificación de la licencia y luego confirmó esa decisión al resolver los recursos presentados por los Solarte. También rechazó la revalidación de la licencia al considerar que persistían los problemas y que las obras no se ajustaban a los lineamientos urbanísticos y ambientales.
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El informe de Corpoboyacá
Pese a esas decisiones, la denuncia sostiene que las obras continuaron ejecutándose en el predio. El documento radicado ante la Fiscalía, entre otros informes, está sustentado en un reporte clave: el de Corporación Autónoma de Boyacá, que hizo un informe en noviembre de 2023 en el que advirtió tres posibles afectaciones ambientales de la obra de los Solarte. La autoridad ambiental encontró que el proyecto captó y desvió aguas mediante un canal en piedra y tuberías que redirigían dos afluentes hacia un lago artificial. La Corporación señaló expresamente que estas obras alteran el flujo natural de las aguas y recordó que este tipo de aprovechamiento requiere concesión o autorización de la autoridad ambiental.
Otro de los hallazgos de la Corporación Autónoma en la hacienda de los Solarte fue que la tierra extraída de ese predio fue depositada sobre la franja paralela a la quebrada El Roble, otra importante fuente hídrica que pasa por allí. A su vez, la autoridad ambiental identificó que las aguas residuales de los baños del proyecto urbanístico eran descargadas directamente a una zanja dentro del predio, sin tratamiento y sin permiso de vertimientos al suelo. Un vecino de la vereda Sabana, donde está ubicada la finca bajo investigación, habló con El Espectador y señaló que en las temporadas de lluvias, el lago artificial se desborda y genera graves problemas de movilidad en la zona.
“Hemos encontrado que instalaron una piscina con cascada que vierte agua con cloro al lago. Es algo que no tiene ningún tipo de presentación. Aquí también hay que preguntarse: ¿qué afectaciones sufren las comunidades campesinas que están aguas abajo de la hacienda? ¿Cómo se afecta la gente del casco urbano durante el fenómeno de El Niño por la desviación del río Cane? En esta zona es imposible transitar cuando el lago se desborda. Pareciera que la señora Solarte hace lo que quiere porque hay evidencia de que su construcción es ilegal. ¿Por qué las autoridades no hacen respetar la ley?”, expresó el ciudadano, quien pidió reserva de su nombre por motivos de seguridad.
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Más procesos contra San Jacinto
Los enredos de la familia Solarte y de su proyecto en la hacienda Nuestra Señora del Buen Suceso tienen precedentes más allá de la denuncia conocida por El Espectador. En abril de 2023, el municipio de Villa de Leyva inició una querella policiva en contra de Inversiones San Jacinto por comportamiento contrario a la integridad urbanística. ¿La razón? Según la administración local, como le explicó a este diario una fuente cercana al proceso y que pidió reservar su nombre, al seguir con la construcción sin licencia, estaban cometiendo infracciones urbanísticas. Quien resolvió esa querella el 11 de abril de 2026 fue el inspector segundo de Convivencia y Paz, William Yesid Molina García.
La decisión de primera instancia señaló lo que ha sostenido la Alcaldía desde el principio: que la obra se estaba adelantando sin tener licencia, lo que va en contra de la ley. En ese sentido, se le ordenó a Inversiones San Jacinto demoler lo construido y pagar una multa cercana a los COP 232 millones. Hoy, esa decisión no está en firme, pues lleva más de tres meses rondando por los escritorios de varios despachos en Boyacá. A quien le correspondía resolver la segunda instancia de la sanción era al alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, pero el 7 de mayo de este año fue capturado. Dos semanas después, el 22 de mayo, la empresa de los Solarte le pidió a la Procuraduría hacer una vigilancia preventiva al caso.
El 16 de junio de este año, el Ministerio Público designó a la Procuraduría 121 Judicial 2 de forma temporal para que se pusiera al frente. Y el 18 de junio, ese funcionario, como agente especial, recusó a Nicolás Méndez Figueroa, el secretario de Gobierno de Villa de Leyva que fue designado como alcalde encargado tras la captura de Gamboa Chaparro y que debía resolver en segunda instancia la sanción contra Inversiones San Jacinto. La recusación se basó en que, al parecer, el funcionario tendría un conflicto de interés en ese proceso. Lo que argumentó el alcalde encargado —quien recientemente denunció ante la Fiscalía que ha recibido amenazas— es que él no está impedido, pues actúa en ejercicio de sus funciones.
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Méndez Figueroa le remitió el caso al personero municipal de Villa de Leyva para que, como indica la ley, resolviera la recusación. Pero no lo hizo así. Según una fuente cercana al proceso, la decisión que tomó el 24 de junio el personero fue remitir el expediente en contra de la empresa de los Solarte y la recusación del alcalde encargado a la Procuraduría Regional de Boyacá, para que sea la que decida quién debe resolver el problema. “La Procuraduría no ha resuelto nada frente a esa decisión del personero (…) El proceso llevaba un mes parqueado ahí y no se ha hecho nada”, señaló la fuente consultada por este diario.
El otro caso en contra de Inversiones San Jacinto está relacionado con un proceso sancionatorio que lleva adelante Corpoboyacá. Desde el 15 de noviembre de 2024, esa autoridad ambiental tiene abierto un expediente contra la empresa de los Solarte y el 24 de abril de 2026 formularon cargos por presuntas violaciones a disposiciones ambientales. Yeimy Liseth Echeverría Reyes, directora de la entidad, ha negado cualquier relación con el caso, tras ser mencionada en algunos audios de presuntos sobornos del alcalde Gamboa Chaparro. “El proceso continúa activo, lo cual acredita el cumplimiento cabal de los deberes legales y el respeto estricto de los principios de legalidad y transparencia”, señaló a este diario.
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La defensa de los Solarte
Tras la denuncia por presuntos delitos ambientales, que camina al tiempo que se adelanta el proceso en contra del alcalde de Villa de Leyva, El Espectador se comunicó con sus abogados para conocer su postura frente al proceso. José Alejandro Herrera Carvajal, representante legal de Inversiones San Jacinto, y Alejandro Cadena Molano, apoderado de la empresa y de su propietaria, María Victoria Daza Solarte, señalaron que el caso por delitos ambientales es “una falsa denuncia”. Cuestionaron, en especial, dos de los puntos que expone el recurso judicial conocido por este medio. El primero tiene que ver con las afectaciones que deja la construcción a la cuenta del río Cane y de la microcuenca 24 del río El Roble.
Según el denunciante, la presencia de esos cuerpos de agua exige la existencia de “rondas de protección hídrica”, que son las franjas de terreno destinadas a proteger los afluentes. En diálogo con este diario expusieron un documento de Corpoboyacá, con fecha del 19 de febrero de 2026, que señala: “Una vez revisada la ubicación de los predios (…) no se evidencia la presencia de cauces naturales permanentes ni intermitentes. (…) no se configura la aplicación de franjas de protección”. En su concepto, el informe dejaría sin piso parte de la denuncia por posibles delitos ambientales. Sin embargo, ese mismo documento advierte que los conceptos emitidos por la Corporación “no sustituyen la competencia de la Alcaldía para otorgar licenciamientos”.
Por otro lado, cuestionaron que la denuncia no se refiera al supuesto silencio administrativo por parte de la Alcaldía de Villa de Leyva que, según él, se habría configurado en septiembre de 2023, por no haber resuelto a tiempo la solicitud de licencia de ampliación para la construcción en la hacienda. “El silencio administrativo es considerado un acto que obtiene el particular ante la no respuesta de la administración. Nosotros estábamos amparados en un acto que suspendieron mucho después y ahí paramos”, dijo el abogado Cadena Molano. Esta discusión jurídica llegó hasta el Tribunal Administrativo de Boyacá, que el 11 de diciembre de 2024 dejó claro que no hubo silencio administrativo por parte de la alcaldía.
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Los abogados de los Solarte también sostienen que la denuncia tendría el objetivo de evitar su reconocimiento como presuntas víctimas en el caso. “En la audiencia de acusación (contra Gamboa Chaparro), la defensa del alcalde dijo que un abogado había interpuesto una denuncia contra nosotros para oponerse a que nos reconocieran como víctimas”, señaló el jurista Cadena. Por su parte, el abogado Herrera Carvajal agregó: “Esto es un intento de posicionar una hipótesis alterna, tendiente a retratar al alcalde como un supuesto defensor de la legalidad, del patrimonio y del medio ambiente. La realidad demostrada es que estas alegaciones de supuestas ilegalidades no eran más que fabricaciones tendientes a constreñir de la señora Solarte Daza la obtención de una dádiva ilegal”.
Por lo pronto, el próximo 14 de agosto iniciarán las audiencias preparatorias de juicio en contra del alcalde Gambo Chaparro. Estas audiencias son claves, ya que determinarán qué pruebas serán tenidas en cuenta durante el juicio para que la Fiscalía intente probar si el alcalde de Villa de Leyva pidió o no millonarios sobornos a cambio de favorecer el millonario proyecto inmobiliario de los Solarte.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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