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Luego de que el consejero comisionado, Otty Patiño, mencionara un posible cierre de la JEP, usted señaló que eso generaría un perjuicio para el país y las víctimas. El consejero aclaró que no se trata de acabar la Jurisdicción sino ir dándole cierre. ¿Cuáles serían esas implicaciones que supondría un cierre de la JEP respecto a la justicia transicional en Colombia?
No son livianas las declaraciones de Otty Patiño en las que hizo unas aclaraciones respecto a lo que había querido decir sobre el cierre de la JEP. Nosotros recibimos con mucho interés esas aclaraciones porque él es autoridad competente para hablar de esos temas y sus pronunciamientos tienen una relevancia inmensa. Pero lo que hemos dicho es que un cierre prematuro de la Jurisdicción no es una cuestión menor. Es un riesgo enorme de afectar las bases de la JEP y por esas mismas vías también las bases del Acuerdo de Paz y los compromisos del Estado. Compromisos que suscribió el Gobierno con la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en los que se obligaba a no afectar la operación de la Jurisdicción, a no modificar su estructura y a proveer los recursos necesarios.
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El comisionado también habló del debate sobre el cierre y la terminación de las labores de los Tribunales de Justicia y Paz, pues ellos han venido con una serie de prórrogas. En sus declaraciones se conectó ese debate con el de la JEP, en el que no hay ninguna discusión. Primero porque nosotros no hemos sido ni seremos objeto de prórroga alguna más allá de la que está fijada. Segundo porque la duración de la JEP nunca ha estado en debate y está, además, establecida en el Acuerdo de Paz y en la Constitución. Extender el tiempo de la JEP es un debate que se escapa del Gobierno, salvo que fuera una reforma constitucional, algo que, según dijo el consejero, no está entre los propósitos del Ejecutivo.
Nosotros tenemos una condición, en la que, además, coincidimos sin ningún problema con el Gobierno, y es que la condición de la Jurisdicción, así como la de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), es de ser instituciones que tienen un carácter temporal y que está definida por el cumplimiento de sus funciones, como sucedió con la CEV, que tuvo una pequeña prórroga de meses por la pandemia y luego cerró su misión. Nosotros tenemos un tiempo más prolongado para terminar procesos judiciales que tienen una duración específica.
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Se ha conocido que la JEP tomó una determinación que permite interrogar a mínimos responsables que podrían enfrentar un juicio en caso de no aportar verdad. Esa decisión fue demandada ante la Corte Constitucional por el exministro Yesid Reyes, y expertos dicen que se trata de una revisión caso a caso, algo que supondría una extensión en el tiempo. ¿Cómo garantizar que, aun con esta determinación, los tiempos de la JEP puedan cumplirse como están establecidos?
Antes que cualquier actor público, los más preocupados por la temporalidad de la JEP somos nosotros mismos. Es una preocupación concreta, que está vertida en que hemos hecho un proceso de planeación muy complejo en el que hemos podido establecer cómo vamos a lograr que se cumplan los objetivos de la Jurisdicción en esta estricta temporalidad. Tenemos unos plazos que son inmodificables y, para ello, hemos reorganizado la Jurisdicción y el Gobierno nos ha allegado recursos que solicitamos en su momento para cumplir con ello y por eso dispusimos una nueva estructura de muchos despachos: tenemos unos magistrados itinerantes especializados, tenemos elementos de cooperación técnicos y financieros para lograr ese propósito descomunal, pues lo que tenemos que investigar es gigantesco y tenemos un tiempo muy limitado.
Le damos la bienvenida a las preocupaciones del exministro Reyes y a nuestro Nobel de Paz, el expresidente Juan Manuel Santos, quien también habló del tema, sobre la temporalidad de la JEP, y lo que sentimos es que cuando ellos interponen estas demandas están tratando de contribuir a ese problema que afrontamos. Ahora bien, lo que no se puede perder de vista es que este es un tribunal y una de sus funciones fundamentales es la de resolver el problema jurídico de las personas que están bajo nuestra competencia. Es lo que se ha llamado ‘pasar la página jurídica del conflicto armado’, y esa es la función fundamental. Pero esa función está sujeta a un principio superior de la JEP, que es la centralidad de las víctimas. Esta no es una jurisdicción con la centralidad en los comparecientes ni en los perpetradores. Esta es una jurisdicción para proteger derechos de las víctimas, porque ese es el centro del Acuerdo de Paz.
Esa decisión que usted evalúa y que ha sido puesta en conocimiento de la Corte, lo que trata es de hacer una delicada ponderación. Es decir, para las decisiones judiciales no es solo cumplir un derecho, frecuentemente tenemos derechos que se oponen uno al otro o que demandan cosas contradictorias. Entonces, nosotros por un lado tenemos el deber de la celeridad y de solucionar con eficacia el problema de los comparecientes, pero tenemos un principio superior que son los derechos de las víctimas. Esa decisión que usted menciona se trata de abrir la posibilidad de que los comparecientes que tienen información muy delicada más allá de los macrocasos pueda ser entregada a los magistrados para responder la principal demanda que han formulado las víctimas a la JEP: la verdad. Esa herramienta no busca prolongar de manera irresponsable el tiempo de la JEP. Lo que pone en el centro es que nuestra prioridad es la confianza que las víctimas han presentado en la Jurisdicción.
Uno de los argumentos de la demanda señala que en su momento la Corte Constitucional dijo que la JEP se debía centrar en los máximos responsables y crímenes más graves, y que con esta determinación de investigar a partícipes no determinantes (o mínimos responsables) se aísla de esos máximos responsables, lo que desconocería los paramentos de la Corte…
Nosotros escuchamos con mucho respeto las opiniones del exministro Reyes, que es un gran jurista. Pero en este caso nosotros tenemos una opinión propia y muy bien formada sobre ese tema. No es completamente cierto que la JEP se ocupe únicamente de los máximos responsables, nosotros aquí procesamos más de 20.000 personas. Lo que hacemos con los máximos responsables es que son los únicos que investigamos dentro de los macrocasos. Estamos tramitando cerca de 500, pero también a otras 20.000 personas ofreciendo formas de amnistía y de renuncia a la acción penal. El 95% de la gente que viene a la JEP recibe amnistía. ¿Cuál es el desafío de una amnistía en términos del derecho internacional? Nos preguntan por qué se amnistían crímenes graves, pues la respuesta de la JEP ha sido muy clara: a cambio de que se ofrezca verdad. Esas no son condiciones que podamos omitir porque, de lo contrario, sería una amnistía general, de las que están prohibidas en el derecho internacional y sería un asunto completamente inmoral.
Ahí se suman las palabras del expresidente Juan Manuel Santos, quien pidió a la Corte analizar esa demanda y mencionó que el espíritu de la Jurisdicción es “concentrarse en los máximos responsables y no en todos”. ¿Cuál es su lectura de esas declaraciones?
Nos pasa con mucha frecuencia. Y es que las personas que protagonizaron las negociaciones del Acuerdo de Paz en La Habana se sienten como los dueños de la última palabra de los acuerdos y, frecuentemente, se omite el largo proceso que han tenido los acuerdos hasta hoy. Ese pacto fue objeto de un plebiscito que perdió, luego fueron renegociados y revisados por la Corte Constitucional. Nosotros no estamos en La Habana. Lo que está diciendo el expresidente también nos lo han dicho los negociadores de las extintas FARC. Ahora bien, esto, además de ser un debate jurídico, también es un debate ético. Imagínese nosotros decirle a una madre de una víctima de falsos positivos que busca enterrar los restos de su hijo, que fue sacado de su casa, asesinado y le pusieron un uniforme para presentarlo como guerrillero, que es que eso no se lo podemos responder porque la prioridad de la JEP es la celeridad en otros asuntos. Eso no es moral y ese es el balance que todo el tiempo estamos haciendo.
¿Entonces no le ve futuro a esa demanda?
No es que no le vea futuro, porque nosotros respetamos, como nos corresponde, la autoridad de la Corte Constitucional. Y lo que decida es para nosotros una norma que tenemos que cumplir y acogemos su decisión.
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Si bien se sabe que se necesitaría una reforma constitucional para hacerle una cirugía a la JEP para que, por ejemplo, pueda recibir a otros actores del conflicto. ¿Ve viable que el Gobierno y el Congreso se planteen esa posibilidad para que la JEP sea el tribunal de cierre del conflicto como se ha mencionado en diferentes escenarios?
Esa no es una decisión que podamos tomar. Por supuesto que es un tema que nos interesa, pero no nos corresponde tomar esa decisión, eso le corresponde al Gobierno Nacional y al Congreso de la República. Una posibilidad que está sobre la mesa es que otros actores pudieran venir a la JEP. Desde mis antecesores en la presidencia sí hemos advertido esto: la JEP tiene un diseño muy preciso y acotado a las obligaciones que se nos impusieron. Si usted le dice a la Fiscalía que investigue a cualquiera de los grupos armados que hay, la Fiscalía tiene 25.000 funcionarios para ello. Para Justicia y Paz, por ejemplo, para la investigación de los paramilitares, el fiscal general del momento asignó 800 fiscales. Si a nosotros nos dijeran algo similar y tuviéramos que destinar a 800 personas a una investigación, esa es la JEP completa. Si nos dicen que vamos a investigar al ELN eso sería mortal para nosotros. Lo que hemos señalado es que si en algún momento se considera que actores nuevos o antiguos vinieran a la JEP por decisión del constituyente tendría que rediseñarse la Jurisdicción y volver a barajar el tamaño y los plazos para las nuevas competencias que se asignen.
Si el trabajo de la JEP se interrumpe es posible que la CPI reinicie la investigación preliminar que había abierto sobre Colombia y que cerró por el diseño y la confianza en la JEP. ¿Cuál es su lectura sobre ese escenario?
El trabajo con la Corte Internacional que hemos hecho desde la Jurisdicción es muy cuidadoso. Un examen preliminar de la CPI, si lo ponemos en términos coloquiales, es como la matrícula condicional. Lo que dicen es: ese Estado no me convence de que tenga la capacidad ni la voluntad de cumplir sus obligaciones de juzgar los más graves crímenes y tampoco estamos seguros de que lo quieran y lo puedan hacer. Es más, si la CPI encuentra que definitivamente no se pudo, le tocaría entrar a cumplir esa obligación. Por eso, cuando en el gobierno de Iván Duque se cerró el examen preliminar, se levantó la matrícula condicional y le dijeron a Colombia: ‘usted es un miembro respetado y respetable de los Estados que han suscrito el estatuto de Roma y tiene capacidad de hacerlo’. Esto por la existencia de la JEP, que sí dio esa certeza. Hoy en día somos en el Consejo de Seguridad uno de los modelos fundamentales de la comunidad internacional sobre las posibilidades de la justicia transicional en la construcción de la paz. La CPI abrió una oficina en Colombia no solo para la vigilancia sino para que hablemos en términos técnicos sobre lo que hacemos.
¿Esa oficina ha manifestado alguna preocupación tras los aires de un posible cierre de la JEP?
Nosotros tenemos una comunicación permanente, casi cotidiana con ellos, y están en conocimiento de lo que está sucediendo. No hay una reacción todavía, pero nos han manifestado su interés y que están pendientes de cualquier cosa que suceda porque hay un acuerdo con ellos.
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Usted también dijo que el Gobierno no mandó $450.000 millones con los que se comprometió para el desarrollo de las sanciones propias a través de procesos restaurativos y que ese dinero se gastó en otras misiones de la Unidad de Víctimas. Sin embargo, se aclaró que esos recursos aún están en trámite. ¿Qué decir de ese panorama?
Esa aclaración, que viene desde la Unidad de Víctimas, pues nos pone muy contentos. Que maravilla que el trámite no se haya cerrado y que esa plata todavía está en proceso de llegar. Pero quiero advertir varias cosas. Una solicitud de ese tamaño, de esa cantidad de dinero, no se hace a través de una carta. Detrás de esa solicitud hay un documento Conpes que se firmó con el gobierno Duque, una gestión de la JEP que nos llevó a incluir cinco artículos en el Plan Nacional de Desarrollo, dos años de trabajo de equipos técnicos de la JEP con el Ministerio de Hacienda y una solicitud que hizo la JEP para que eso se pusiera en el lugar del Ejecutivo que podía ejecutar las sanciones propias a través de la Unidad de Víctimas. Llevamos tres años trabajando esa plata.
¿Y por qué nos la dieron? En estos tiempos que es de debate público la ejecución del presupuesto, la ejecución del presupuesto de la JEP es del 98% y no hemos tenido un solo reporte de la Contraloría o la Procuraduría. Por eso el Minhacienda accedió a esa asignación que fue estudiada, porque les dijimos que íbamos a hacer y en qué lugares y que para eso necesitábamos $450.000 millones. Esto iba perfecto y se estaba trasladando el dinero a las cuentas de la Unidad de Víctimas. De repente, hace dos meses, no tuvimos mayor noticia sobre los fondos para la JEP. Esos fondos de repente aparecen reorientados. Según los acuerdos de paz y la Constitución, el Ejecutivo tiene que financiar, poner en marcha los proyectos y ofrecer la seguridad. Todo eso lo tienen que ejecutar ellos y eso es lo que nosotros no vemos claro. No vemos clara la plata, pero recibimos felices la noticia de que ese dinero está en proceso.
Confiamos en que los recursos van a llegar a las entidades del Estado que tienen las obligaciones. Nosotros siempre hemos creído que la entidad ideal para hacerlo es la Unidad de Víctimas pero que ahí no puede destinarse a cualquier cosa, sino que tienen que tener la destinación específica para los proyectos con los que se cumplen las sentencias de la Jurisdicción y esa entidad, junto a otras 40, tienen que cumplir esos procesos.
¿Sin esos recursos se dificulta la emisión de sentencias?
Podemos emitir sentencias, pero no se podrían cumplir sin esos recursos, y eso es más grave porque se trata de proyectos restaurativos para contribuir a la reparación de las víctimas.
¿Esto afecta los proyectos piloto del Sistema Restaurativo de la JEP, como los adelantados en Usme, Dabeiba y algunos municipios de Nariño?
Cuando nosotros vimos que el Gobierno tenía tantos problemas y limitaciones para cumplir sus obligaciones con la JEP, sí nos empezamos a angustiar porque empezaron a pasar los años sin proyectos. Por eso asumimos nosotros la responsabilidad de hacer los proyectos piloto, pues no había plata del Gobierno. Nos tocó ir a buscar la plata en la cooperación internacional, con países amigos: Suiza, Inglaterra, Irlanda, Noruega y el fondo multinacional de Naciones Unidas. Nos tocó ir a pedir plata internacional y armar un equipo con el PNUD y la JEP. Todas estas son cosas que tiene que hacer el Gobierno y las hicimos nosotros para hacer estos tres proyectos piloto, absolutamente exitosos por cierto. Esos pilotos se hicieron con US$2 millones y ya terminaron. La comunidad internacional nos dijo que no podía seguir financiando algo debía correr por cuenta del Estado.
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¿Qué mensaje le enviaría a las víctimas que sienten preocupación por las especulaciones que se han dado respecto al cierre de la JEP?
Yo creo que es un mensaje de tranquilidad a las víctimas. Un mensaje de compromiso absoluto de la JEP con la confianza que ellas han depositado en nosotros. ¿Y por qué le hablo de confianza? Aquí las víctimas no solo vinieron como usuarios de la administración de justicia, nosotros nos encontramos con víctimas sumamente escépticas que habían convivido muchos años con problemas de impunidad, con persecución, con falta de verdad, y lo que hemos tratado es de trabajar para ellas. Las víctimas deben tener la certeza de que la gente está dedicada a tratar de contribuir con todos nuestros recursos a que se garanticen sus derechos.
Ahora, también quiero dar un parte de tranquilidad, pues al Gobierno por supuesto que le creemos cuando el consejero comisionado dice que no está hablando de cierre. Pero la JEP está blindada. Está blindada en la Constitución. Ese blindaje es el que nos permitió navegar debates políticos inmensos en el gobierno anterior y es el que también nos pone a salvo en los debates que van apareciendo como este. La Constitución nos protege y gracias a eso no dudamos que vamos a terminar nuestro trabajo en los 15 años con la prórroga de cinco posibles que tendremos en el futuro.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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